Los débiles controles internos de las fuerzas de seguridad, la tolerancia a los abusos y los discursos de guerra estimulan a los grupos de exterminio y las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, afirma en una entrevista con Efe el “ombudsman” o procurador para los derechos humanos, David Morales.
El Salvador vive una espiral de violencia que ha causado 3.050 muertes entre enero y junio de este año, el período más trágico de la última década que se atribuye al accionar de las pandillas y a la guerra contra ellas que sostienen los uniformados.
“Claramente hemos identificado un patrón de violencia, que popularmente en El Salvador se ha denominado como violencia de extermino (...) con fines de limpieza social”, aseguró Morales.
El defensor apuntó que las modalidades en las que esta “limpieza social” se ejerce son dos: grupos de exterminio y ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que dirige Morales, investiga 161 homicidios atribuidos a grupos de exterminio y 119 que pueden ser ejecuciones ocurridos entre 2013 y 2016.
El “modus operandi” de estas bandas comparte “características comunes”, como el uso de ropas similares a las de los miembros de los cuerpos de seguridad y de armas largas, explicó Morales.
Además, “las víctimas suelen ser presuntos pandilleros o personas jóvenes”.
El ombudsman aseguró que de momento “no hay casos judicializados en los que se haya podido demostrar que desde instituciones del Estado se está promoviendo” a estas organizaciones, pero “es una hipótesis que no se debe descartar”.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, apuntó que se dan cuando la Policía y el Ejército protagonizan tiroteos o “presuntos enfrentamientos” con “delincuentes armados”; de ahí, agrega, “surgen indicios” de que estaban “sometidos o neutralizados” al momento de ser asesinados.
Morales emitió dos resoluciones, no vinculantes, en abril pasado sobre sendos operativos policiales en los que “existen los elementos suficientes de investigación” para hablar de al menos siete ejecuciones extrajudiciales y sospechar de otras cinco.
El caso que más captó la atención pública se registró en la localidad de San José Villanueva, donde murieron seis hombres y una mujer en marzo de 2015, todos pandilleros, según la Policía.
Por aquellos hechos seis miembros de un grupo policial de elite cumplen prisión preventiva y otros tres están prófugos.
Otro caso mencionado por el procurador son las investigaciones que establecieron los asesinatos extrajudiciales de cinco pandilleros en agosto de 2015 en la localidad de Panchimalco (sur).
En ambos casos, la PDDH no tuvo la colaboración plena de las autoridades militares, policiales y fiscales para realizar sus diligencias.
“Penosamente, no es una modalidad de violencia nueva en El Salvador, son casos de difícil investigación porque requieren de acceso a información oficial” y “no siempre tenemos colaboración de las autoridades”, lamentó Morales.
En El Salvador, continuó, hay “una impunidad muy generalizada”, estimulada por “debilidad institucional” para investigar los procedimientos de los cuerpos se seguridad, lo que ha conllevado a una “cultura de tolerancia”.
“La investigación y el procesamiento de funcionarios que han violentado los derechos humanos es la más efectiva de las medidas de no repetición”, que no equivale a la “persecución de policías a secas”, aseguró.
Advirtió que los discursos políticos que colocan a la seguridad pública “en términos de un conflicto armado (...) pueden estimular violencia ilegal por parte de agentes del Estado”.
A juicio de Morales, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén “está expresando un reconocimiento mayor” a la “necesidad” de fortalecer los controles internos de los cuerpos de seguridad, pero se necesitan “acciones más concretas”.
En lo que va de año, al menos 11 miembros de la Policía han sido arrestados por supuestamente pertenecer a grupos de exterminio o de sicarios pandilleros.
La PDDH también ha investigado 4 casos de posible desaparición forzada atribuidos a los cuerpos de seguridad, hecho que no se registraba desde el fin de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).