El inédito lustro de bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del Partido Popular ha sumido al sistema judicial en una situación de interinidad sin precedentes. A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cinco años con el mandato caducado, se suma el efecto que esta situación tiene sobre la actividad de los tribunales. Y, entre esas consecuencias, está la acumulación de altos cargos judiciales que siguen desempeñando sus mandatos fuera del período ordinario de cinco años que marca la ley, lo que impide que otros jueces opten a esos puestos. Según los cálculos de elDiario.es, al menos 44 cargos de relevancia siguen ejerciendo con el mandato caducado, mientras otras 46 plazas están vacantes u ocupadas por suplentes.
La judicial es una carrera a la que se accede a través de una de las oposiciones más duras de la Administración. Una vez adquirida la condición de juez, muchos ascensos están reglados y se alcanzan por puro escalafón. Pero la llegada a las cúpulas —las diferentes salas del Supremo o las presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales, entre otras— depende de los vocales del CGPJ. Esos mismos cuya renovación el Partido Popular lleva cinco años impidiendo.
Precisamente para tratar de forzar esa renovación, el PSOE y Unidas Podemos promovieron una ley que desde marzo de 2021 impide al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial cuando, como ahora, está en funciones. Con esa reforma, los partidos de la coalición pretendían presionar al PP para llegar a un acuerdo ante la situación generada por la imposibilidad de cubrir plazas. Pero los conservadores se han seguido resistiendo. Y está por ver si el asunto se desencallará en 2024 tras su última petición: la supervisión de las negociaciones por parte de un mediador internacional.
El veto legal a los nombramientos fue avalado recientemente por el Tribunal Constitucional, que determinó que el órgano de gobierno de los jueces cuando tiene su mandato caducado tiene que desarrollar sus funciones con “límites estrictos” para evitar comprometer la “capacidad de decisión” de su futura composición con decisiones que tienen “un alto grado de discrecionalidad y un bajo contenido de mera gestión administrativa”. Hasta que se aprobó ese cambio un órgano ampliamente caducado había adjudicado hasta 74 plazas en los principales tribunales, 21 de ellas en el Tribunal Supremo, donde los jueces pueden permanecer hasta su jubilación a los 72 años.
Una situación de “respiración asistida”
Desde entonces, el bloqueo ha dejado en una precaria situación en el Supremo, donde ya hay 24 plazas vacantes como consecuencia de la jubilación, renuncia o fallecimiento de sus titulares. Esos puestos no se pueden cubrir hasta que no se renueve el CGPJ. Además, dos presidentes de Sala —los de la Tercera y la Cuarta— están en funciones. Su actual presidente, Francisco Marín, calificó la situación de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Él mismo es un presidente en funciones por ser el más antiguo de los cinco presidentes de sala del Alto Tribunal desde la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2021.
Pero no es la única consecuencia. La afectación también llega a los tribunales superiores autonómicos y las audiencias provinciales. En estas instancias judiciales, el bloqueo no suele desembocar en puestos vacíos, pero sí en cargos de la máxima responsabilidad en la justicia autonómica o provincial que se siguen ejerciendo con el mandato ampliamente caducado y en puestos ocupados de forma interina por otros jueces a través de planes de sustitución o comisiones de servicio.
Hay hasta siete presidentes de tribunales superiores de justicia que siguen en sus puestos con el mandato vencido. Son los de Andalucía, la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, La Rioja y Murcia. Seis de ellos cumplieron sus mandatos en 2021, algunos incluso antes de que se aprobara el veto legal. Pero los procesos selectivos ni siquiera se llegaron a convocar.
A este grupo se sumará el próximo febrero el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que también verá su mandato caducado y todo apunta a que seguirá ejerciendo ese puesto en funciones. En el caso de Madrid se dará la circunstancia que durante los primeros meses de 2024 los principales cargos judiciales de la región estarán en funciones: el citado presidente del TSJ y los de sus salas y el presidente de la Audiencia Provincial, cuyo mandato caduca este mismo lunes 8 de enero.
Además, en los TSJ hay otros 19 magistrados que se mantienen presidiendo diferentes salas jurisdiccionales una vez cumplido el mandato de cinco años para el que fueron designados. Y otras cinco presidencias de sala y cinco puestos de designación autonómica están sin cubrir u ocupados por magistrados suplentes o en comisión de servicios. Asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia han criticado el “uso abusivo” del sistema de comisiones de servicio y refuerzos por parte del CGPJ, previa propuesta de las Salas de Gobierno, para la provisión de órganos judiciales.
Las “medidas paliativas” adoptadas
La situación no es muy diferente en las audiencias provinciales. Un total de 16 presidentes de estas instancias judiciales ejercen sus cargos en funciones. Son los de las audiencias de Álava-Araba, Alicante, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas, Málaga, Murcia, Palencia y Zaragoza. Además, en otras 11 provincias —Baleares, Castellón, Girona, Huesca, La Rioja, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Teruel y Zamora— sus presidentes han renunciado o se han jubilado, por lo que se han tenido que buscar fórmulas para suplirlos.
Por ejemplo, las presidencias de las audiencias provinciales de Teruel y Huesca están cubiertas “por sustitución” a través del plan anual de sustitución voluntaria y, cuando se rebasa el plazo, en comisión de servicios, según información facilitada al CGPJ. En Baleares, el puesto lo ejerce el magistrado más antiguo en el escalafón, mientras que en Girona se ha solicitado una comisión de servicios con relevación de funciones. Son “medidas paliativas” ante el prolongado bloqueo a un órgano inmerso en su sexto año de mandato caducado.