¿Cuentan los parlamentarios toda la verdad y nada más que la verdad sobre lo que poseen en sus declaraciones de bienes y rentas publicadas en las páginas webs del Congreso y del Senado? Sólo ellos lo saben porque ninguna de las dos Cámaras se dedica a verificar los datos que aportan en los formularios.
“Es imposible comprobar a 350 diputados y 265 senadores. Confiamos en que digan la verdad”, aseguran miembros de las Mesas. Tanto el presidente del Congreso, Jesús Posada, como el del Senado, Pío García Escudero, recuerdan que se trata “de declaraciones juradas”.
La obligación de hacer públicas sus actividades, bienes y rentas entró en vigor al inicio de esta legislatura, en virtud de la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Antes de que se estableciera esta obligación –que los parlamentarios deben cumplimentar de nuevo al final de la legislatura–, las declaraciones se depositaban en el Registro de Intereses y eran secretas. Acceder a ellas era misión imposible. Únicamente estaban a disposición de las autoridades judiciales si se abría una investigación que concerniera a alguno de ellos.
Sean juradas o no, como recalcan los presidentes de ambas Cámaras, lo cierto es que no todas sus señorías cumplen a rajatabla la obligación de cumplimentar o actualizar los datos que se les requiere en los formularios oficiales. Presentar la declaración la presentan todos, pero en muchos casos incompleta, sin especificar, por ejemplo, los metros cuadrados de sus viviendas, lo que les costó o si poseen vehículos, casilla que bastantes diputados y senadores dejan en blanco.
Uno de los casos que más llama la atención es el del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya declaración como diputado por Madrid, firmada en diciembre de 2011, no está actualizada. En ella hace referencia a lo que ingresó en 2010 del PP en concepto de “dietas y gastos de representación”: 98.225,90 euros. Bien es verdad que también detalla los dividendos que ha recibido por acciones en bolsa, los intereses de sus cuentas bancarias o lo que ha ingresado como rendimiento de operaciones de capitalización, así como los inmuebles que posee en Pontevedra, Madrid y Canarias. Rajoy deja en blanco la casilla de “vehículos, embarcaciones y aeronaves”, se supone que porque todos sus coches son “oficiales”.
En los Parlamentos autonómicos, a los que también afecta ese “ejercicio de transparencia”, se han dado casos curiosos de políticos que pecan por defecto. Como muestra, un botón. El presidente de Murcia y líder del PP en aquella región, Ramón Luis Valcárcel, firmó su declaración de bienes asegurando que poseía en su cuenta corriente 122 euros, pese a cobrar más de 83.000 euros anuales por el cargo. Nadie le creyó, pero él insistió en que era “cierto”.
Claro que también hay a quien se le olvidan “detalles insignificantes”, como que tienen una cuenta millonaria en Suiza, tal y como le ha ocurrido al dirigente del PP madrileño Francisco Granados. Su caso, desvelado por el diario El Mundo, causó tanto escándalo que acabó con la renuncia de Granados a su acta de senador y a su escaño en la Asamblea de Madrid.
Precisamente este episodio ha sido el detonante para que el Grupo Socialista en el Senado haya elevado un escrito a la Mesa de la Cámara alta pidiendo que se estudien medidas para verificar las declaraciones de bienes, rentas y actividades de sus señorías “cuando éstas son puestas en cuestión”, ya sea por un medio de comunicación o por los ciudadanos, en general. Además, los socialistas piden que se arbitren “procedimientos sancionadores cuando se acredite que lo declarado por el senador es falso”. De igual modo, creen que la Cámara debe salir en defensa del honor del parlamentario si se demuestra que la denuncia no tiene consistencia.
En el Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado, basándose en los artículos 17 y 48 del reglamento, tiene atribuciones desde 1990 para investigar “hechos, actuaciones o comportamientos en los que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de su actividad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición”.
El presidente de este órgano es el diputado del PP, Aurelio Romero, con el que eldiario.es intentó hablar. La respuesta del gabinete de prensa fue que no podía aportar nada porque dicha Comisión no tenía competencias para dictaminar sobre temas que “competen a la Mesa”, lo que no es exacto.
De hecho, en su escrito, los socialistas del Senado recuerdan que, en febrero de aquel año, el pleno del Congreso adoptó un acuerdo por el que en dicha Comisión se podían abordar cuestiones que afectaran “a la honorabilidad de los parlamentarios”, como pueden ser ahora denuncias de mentir u omitir datos en sus declaraciones. En la Cámara alta existe una Comisión de Incompatibilidades pero carece de competencias para investigar esos supuestos.
La iniciativa ha sido acogida con recelo por los miembros del PP y de CiU de la Mesa del Senado porque ven en ella “oportunismo” y creen, además, que hace “un flaco favor” a la ya de por sí depauperada imagen de los políticos. No obstante, han trasladado el asunto a la Comisión para la reforma del reglamento –aún sin fecha para reunirse– para que la estudie, según explica a eldiario.es el secretario general del Grupo Socialista, José Miguel Camacho, que lamenta el “vacío legal” existente.
Tampoco ha entusiasmado en el Congreso. “Yo creo que estamos haciendo un gran ejercicio de transparencia”, asegura Javier Barrero, vicepresidente segundo de la Mesa en representación del PSOE, sin querer entrar en mayores honduras.
Otros diputados consultados, que prefieren no ser citados, consideran que este debate no va a ninguna parte y que es participar de “un juego tan demagógico” como la propuesta de UPyD de obligar a sus señorías a fichar o a que la Cámara lleve un control de sus asistencias. “Para comprobar las declaraciones que alguien considere dudosas, tendríamos que tener un equipo policial. Sería dar por supuesto que todos somos sospechosos de algo”, se indigna una veterana diputada del PP.