Mociones sobre la monarquía, la situación política en Venezuela, el terrorismo o la educación concertada. Numerosos ayuntamientos han decidido entrar de lleno en la campaña electoral con debates que exceden sus competencias cuando solo faltan seis meses para unas elecciones trascendentales que decidirán el nuevo mapa municipal y autonómico en España.
En ocasiones son las propias direcciones de los partidos las que impulsan campañas en el ámbito local para polarizar el voto con asuntos muy sensibles para sus votantes a los que el ayuntamiento no puede dar respuesta. En otras, son directamente los alcaldes y concejales los que tratan de huir de las cuestiones locales para refugiarse en asuntos ideológicos que enganchan mejor con sus electores.
La abolición de la monarquía, el terrorismo, el debate entre enseñanza pública y concertada, Venezuela o la exhibición de símbolos nacionalistas (banderas, pancartas, lazos, etc.) son algunos de los asuntos que se han abordado en los salones de plenos de distintos ayuntamientos durante las últimas semanas.
El pasado viernes 26 de octubre, en una declaración institucional de carácter simbólico y siguiendo la estela del Parlament, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau (Barcelona en Comú), pidió la abolición de la monarquía y reprobó el posicionamiento del rey Felipe VI en el conflicto catalán a raíz de su justificación que hizo de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1-O.
El texto, que fue promovido por la CUP y firmado por PDeCAT y ERC, además del Gobierno y dos concejales no adscritos, puso de manifiesto el compromiso del consistorio con los valores republicanos y la abolición de “una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”. También supuso un rechazao a las amenazas de una nueva aplicación del artículo 155, la ilegalización de algunos partidos catalanes y pidió una reforma del sistema judicial español.
Los grupos municipales de PSC, Ciudadanos y PP se desmarcaron de todas estas declaraciones: “No tenemos capacidad para exigir la libertad de nadie que esté en la cárcel”, dijo entonces Carina Mejías, del grupo municipal de C's.
Exhibición de símbolos
Banderas, pancartas y lazos, entre otros símbolos, han sido causantes de episodios de conflicto en los consistorios españoles, especialmente en Catalunya y de forma acentuada desde el inicio del proceso soberanista. El independentismo ha teñido Catalunya de amarillo en los últimos meses para protestar contra los encarcelamientos de varios de sus líderes políticos tras el 1-O.
La colocación de lazos y demás reivindicaciones en contra de los “presos políticos” se ha visto entre algunos partidos y ciudadanos como “una ocupación inaceptable del espacio público”, mientras que para otros es simple “libertad de expresión”.
En julio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) avaló la retirada de una estelada colocada por el Ayuntamiento de Sant Cugat en una de sus plazas, al concluir que supone una “privatización” y “ocupación permanente” del espacio público “con un elemento que representa una opción partidista”, que por lo tanto, vulnera la neutralidad. Un fallo que, algunos partidos como Ciudadanos, utilizaron para impulsar una campaña de retirar lazos y pancartas de la vía pública, aduciendo que el TSJCat sentenció que no podían colocarse. No obstante, los juzgados no consideran ilegal colocar lazos amarillos en espacios públicos, ni tampoco quitarlos.
También ese han vivido episodios similares en Pamplona, donde se condenó al Ayuntamiento por colocar la bandera vasca en el chupinazo de San Fermín 2017, o en Zaragoza en 2016, después de que el alcalde Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) colgase la bandera republicana en el edificio del consistorio.
Modificación del himno autonómico
En febrero de este año, los actos conmemorativos del Día de Andalucía en Cádiz fueron objeto de controversia. Desde el ayuntamiento, gobernado por José María González Santos 'Kichi' (Por Cádiz Sí Se Puede), se decidió omitir la palabra “España” en las interpretaciones del himno andaluz realizadas en el balcón del Consistorio y en el Centro Flamenco de La Merced, para incluir en su lugar “los pueblos”. Una versión utilizada habitualmente en los actos de algunos partidos como Izquierda Unida y Podemos.
El PP y Venezuela
En Madrid, el Partido Popular ha llevado a los plenos temas que trascienden de los asuntos locales, como el terrorismo de ETA. Llegó a proponer que se colgase en el Ayuntamiento una pancarta en honor a Miguel Ángel Blanco y presentó una denuncia contra la entonces delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Celia Mayer. El argumento de los populares era que había cometido “colaboración en enaltecimiento del terrorismo y desprotección de menores” después de que dos titiriteros terminaran en prisión tras representar la obra treatral La Bruja y Don Cristóbal. Catalunya - con una propuesta de declaración municipal en contra “del desafío independentista” a la Constitución ante la “equidistancia” del equipo de Manuela Carmena- y Venezuela también han sido algunos de sus temas preferidos.
En junio de 2017, tuvo lugar una recepción de la alcaldesa de Madrid y de los portavoces de los grupos municipales con los padres del opositor Leopoldo López, en la que se incluyó una declaración pública exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela. Un acto que fue planteado por el PP y aprobado en el pleno municipal, a pesar de la abstención de Ahora Madrid y PSOE. La portavoz y coordinadora de la Junta de Gobierno, Rita Maestre, le recordó a la oposición que era la tercera vez que el equipo de Gobierno pedía la liberación de López y de los demás presos políticos: “El pleno se ha posicionado ya a favor dos veces”, dijo.
En otros ayuntamientos, como en el de Pozuelo de Alarcón, con PP y Ciudadanos a favor, se pidió en marzo de 2017 a las autoridades de Venezuela la inmediata liberación del opositor Leopoldo López, la de Antonio Ledezma y la de otros presos políticos.
En Granada, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, el pasado mes de marzo se aprobó en el ayuntamiento una moción llevada a pleno por el Partido Popular en la que instaba al Gobierno local (PSOE) a “colaborar con Venezuela”, solicitar la liberación de “presos políticos” y la organización de un acto público para reivindicar libertad y democracia. Fernando Egea, concejal del PP, declaró que “ante la falta de libertad y democracia” y “la existencia de presos políticos” desde su grupo municipal consideran necesario “abrir las puertas a que estas proposiciones proliferen en otros ayuntamientos e instituciones españolas”.
Educación concertada
También desde el Partido Popular madrileño, tras el anuncio el pasado julio de cambios en la Ley de Educación (LOMCE), ha comenzado una movilización para defender la enseñanza concertada y preparar mociones en todos los ayuntamientos de la región. Piden al Gobierno central que “respete la educación concertada y la libre elección de los centros por parte de los padres que ampara la Constitución, la legislación vigente en España y los Derechos Humanos”, según palabras de Enrique Ossorio, portavoz del PP en el Parlamento madrileño.
Para el politólogo Lluís Orriols, es más fácil que los líderes políticos sean capaces de de trasladar los vínculos programáticos propios de la arena nacional al terreno local en las grandes urbes como Madrid y Barcelona: “Son entidades grandes con más poder enclítico y utilizan estos elementos como una fórmula de atajo para ganar complicidad a nivel nacional. Los ciudadanos de municipios más pequeños buscan vínculos programáticos a la orden del terreno”, alega.
Independientemente de la ideología, el aprovechamiento de estos vínculos es común a todos los partidos. Según Orriols, la cuestión reside en “el tipo de implicación del partido”, si se trata de partidos de implantación estatal con presencia en el municipio o de plataformas con un carácter más municipalista.
“Los individuos prestan menos atención a las administraciones, les dan menos relevancia, están más enfocados en la política nacional. Por lo que los candidatos buscan activar constantemente los vínculos con sus electores y utilizan los temas que resultan más familiares. Quieren captar su complicidad en cualquier ámbito, sea o no el estrictamente propio”, sentencia sobre el contagio intencionado de los temas de ámbito nacional a los gobiernos y campañas regionales y municipales.