El juez llama a declarar como imputada a la portavoz del PP en Asturias por un caso de prevaricación urbanística

El juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha llamado a declarar como imputada en un caso de prevaricación urbanística a Teresa Mallada, la actual portavoz del PP en la Junta General del Principado, que fue la gran apuesta del líder nacional de los populares, Pablo Casado, en las elecciones autonómicas de 2019.

El magistrado Ignacio Vidau, expresidente del TSJA, dictó el miércoles una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, por la que llama a declarar como investigada a Mallada el próximo día 29 a las 10.00 horas, en Oviedo.

Mallada, expresidenta de Hunosa que fue concejal de la localidad asturiana de Aller entre 2008 y 2010, forma parte de los investigados –antigua imputación– por el TSJA por autorizar cuando era edil de la localidad la compra de unos terrenos para construir un geriátrico supuestamente de forma irregular.

La investigación es una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro.

La imputación de Mallada, así como la del resto de concejales de Aller entre 2008 y 2010, se debe a una denuncia presentada en septiembre por Podemos, que aseguró que “el pleno del Ayuntamiento de Aller autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico con todos los informes municipales en contra”.

En el auto en el que se declaró a Mallada como imputada, dictado por la jueza Begoña Fernández en marzo del año pasado, la magistrada justificaba la investigación a Mallada y al resto de los ediles por una supuesta “prevaricación administrativa” en base a “su proceder en sus respectivos cargos en el ayuntamiento de Aller, en cuanto a la adquisición de terrenos al ayuntamiento de Mieres, su posterior cesión gratuita al Montepío de la minería para la construcción del geriátrico de Felechosa subvencionado con fondos estatales y acometimiento de las acciones y omisiones que facultaron el desarrollo urbanístico que permitió la construcción de tal inmueble”.

Los estatutos del PP no obligan a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados. Las normas internas se limitan a establecer que cuando “se tenga conocimiento” de que alguno de sus dirigentes “ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial”, el Comité de Derechos y Garantías del partido “procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.

“La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial”, añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.