La jueza decreta prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado enviar a prisión sin fianza a Oriol Junqueras y a otros siete consellers que han comparecido este jueves, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. A Santi Vila lo salva de la cárcel si paga una fianza de 50.000 euros. A todos les acusa de desarrollar de manera “meditada y perfectamente preparada y organizada” los pasos para lograr la independencia de Catalunya.
La jueza decreta prisión porque entiende que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Además, señala que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”. Recuerda que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”, en referencia a Carles Puigdemont y los otros cuatro consellers que se encuentran en Bélgica.
La jueza añade también a los argumentos para justificar la cárcel que los acusados se enfrentan a penas elevadas, que podrían llegar a los 50 años de prisión: 25 por rebelión, 15 por sedición, y ocho por malversación, que pueden llegar hasta los 10 por falseamiento de contabilidad. Insiste por tanto la instructora de la causa en que por el momento los hechos constituyen un delito de rebelión, como recogía la querella inicial de la Fiscalía General del Estado, con el componente de violencia en las calles y la amenaza del uso de los Mossos.
En el auto de prisión, Lamela escribe que el documento EnfoCats, elaborado por Josep María Jové -número dos de Junqueras-, que considera una suerte de hoja de ruta para la independencia, “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Govern”. Para dar cada uno de esos pasos, los consellers se valieron de sus cargos públicos.
“Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”, añade.
“Flanquearon toda clase de barreras”
El documento, elaborado tras las elecciones de 2015, “diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio”. Para ello, el plan contemplaba “la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado Español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia”.
Según el auto, la acción de los investigados fue “meditada y perfectamente preparada y organizada”, mediante el incumplimiento sucesivo de las resoluciones del Tribunal Constitucional. “Flanquearon toda clase de barreras que pudieran desviarles de su finalidad”, añade. La jueza repasa los hechos de la querella presentada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para concluir que los investigados impulsaron “movilizaciones tumultuarias” para apoyar su plan independentista.
“Para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, éstos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”, desarrolla Lamela.
De hecho, la jueza se centra en el papel de algunos exconsellers. Bassa, dice, alentó la participación en la huelga del 2 de octubre, tras el referéndum, asegurando que el Govern se sumaba y que no se descontaría el sueldo a los trabajadores que no acudiesen a trabajar. También señala que Forn, cuando fue preguntado sobre posibles enfrentamientos entre Mossos y Policía, los supeditó a que se aceptase la nueva realidad política: “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías”.
Otros tenían conexiones con las dos organizaciones que dieron apoyo al proceso desde las calles: Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Forn pertenece a las dos, Ponsatí a la primera, mientras que Turull, Romeva y Bassa están vinculados a Òmnium.
Los Mossos llegaron a “espiar” a la Guardia Civil
La jueza también es dura con la actuación de los Mossos, dependientes de Forn, durante la celebración del referéndum. “En la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los Mossos d'Esquadra, fue pasiva manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil”, señala. Tanto Guardia Civil, como Policía Nacional y Mossos tenían orden judicial de impedir la votación.
La jueza señala que durante el día de la votación, los agentes de la policía autonómica llegaron “a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraba en el lugar”. “Incluso llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares”, continúa Lamela.
La jueza ha tomado la decisión de enviarles a prisión provisional después de escuchar a los 9 querellados que han acudido a la citación. Los primeros consellers en sentarse delante de la jueza han sido Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn. Se han negado a contestar a la Fiscalía y apenas han estado cinco minutos dentro de la sala de declaraciones.
Vila, sin riesgo de reiteración delictiva
Santi Vila, el quinto en declarar, ha acudido solo y con su propio abogado y sí ha contestado a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira. Tras ellos, ha sido el turno de Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carles Mundó.
La jueza, que impone a Vila una fianza de 50.000 euros que el exconseller ya está tratando de reunir, le dedica un auto con prácticamente el mismo relato y argumentos que a sus antiguos compañeros de Govern. “El investigado viene operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyadas por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarle en su posible huida de la justicia”, argumenta Lamela.
Sin embargo, la jueza cree que en su caso no hay riesgo de reiteración delictiva, porque “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.
