La defensa de F.J.M., acusado del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que murieron una niña de 8 años y su padre, ha anunciado que va a solicitar la nulidad de la prueba de ADN que constituye la principal prueba en contra de su cliente, al situarlo en la escena del crimen.
El ADN de este hombre fue hallado en tres toallas que había en la vivienda en la que ocurrieron los hechos después de ser analizadas en el Instituto Nacional de Toxicología.
Las razones esgrimidas por la defensa, ejercida por el letrado Francisco Baena Bocanegra, para pedir la nulidad de esta prueba están relacionadas con la cadena de custodia, ya que esta parte entiende que “podría haberse roto”.
A este asunto se ha referido, en declaraciones a los periodistas, Gustavo Arduán, abogado que ejerce la acusación particular en representación de los padres y abuelos de los fallecidos, indicando que se trata de “una buena noticia”.
Y ello, ha señalado, porque después de la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puede que la defensa “haya visto disminuidas sus posibilidades ante la contundencia de las pruebas que hay, no pone de manifiesto más que su desesperación”.
Asimismo, considera que la petición obedece a una estrategia pues, tal y como ha recordado, la defensa parte de la base de la transferencia para justificar la presencia del ADN en las toallas: “Antes daban por bueno ese ADN y ahora no le cuadran las cosas tras la declaración de los agentes de la UCO y dan marcha atrás”.
Arduán ha señalado que, en todo caso, esta petición la deberían de haber planteado antes y ha remarcado que “por el momento, según dice su propio perito la obtención del ADN fue impoluta y perfecto, tanto del comportamiento de la Guardia Civil como del Instituto de Toxicología”.