La defensa de Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte entre 1999 y 2009, ha intentado rebatir este miércoles los argumentos de la Fiscalía, que considera que la confesión que el exregidor realizó en este juicio por la corrupción de la trama Gürtel en el municipio madrileño que se celebra en la Audiencia Nacional no es veraz y mantiene para él su petición inicial de cuarenta años de cárcel. González Panero admitió las mordidas de empresa de la trama y afirmó que el PP le ordenó desviar una parte a campañas electorales.
Durante una hora larga de intervención en el trámite de informe, su letrado, Gustavo Galán, ha tratado de poner en valor el testimonio de su cliente. Ha afirmado, por ejemplo, que González Panero reconoció que hubo campañas del Partido Popular en Boadilla que “se hicieron de manera irregular” y que no debería haberse permitido que empresas de la trama organizaran ese tipo de actos. O que mantuvo hasta 2005 una “colaboración delictiva” con Francisco Correa, líder de la Gürtel, y que el “trato de favor” que se le dispensó fue a cambio de comisiones.
La semana pasada, la fiscal Concepción Nicolás calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exalcalde, que afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. El exalcalde aseguró también haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. Pero la representante del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar, añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó.
También la Abogacía del Estado recalcó que el exalcalde “no ha devuelto las cantidades percibidas” de la trama. “Las disfrutó en el momento de consumación de ese delito y a día de hoy”, dijo este martes la representante de los servicios jurídicos del Estado, que defendió que González Panero debe ser condenado por un delito de cohecho pasivo y, de forma adicional, pon un delito contra la Hacienda Pública.
“Evitar responsabilidades”
Esta son la tesis que ha intentado rebatir la defensa del exalcade, que ha insistido en que en ningún caso su cliente trató de “evitar responsabilidades” y sí aportó información nueva y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, ha situado el inicio de la colaboración de González Panero con la Justicia no unos días antes de que se iniciara este juicio, cuando presentó su escrito de confesión, si no en en enero de 2020, cuando contrató a Galán y cambió su línea de actuación.
Así, también ha recordado que otros acusados a los que si se habría aplicado la atenuante muy cualificada de confesión como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, o el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Tomás Martín Morales presentaron sus escritos “en fechas posteriores” al González Panero.
Galán ha afirmado, en este sentido, que el exalcalde aportó en su interrogatorio “una serie de datos novedosos” sobre algunas de las principales adjudicaciones enjuiciadas. Entre ellas, la de un contrato de basuras y limpieza a la empresa Sufi a cambio de una supuesta comisión de más de 250.000 euros y para lo que él mismo confirmó haber dado “instrucciones” al jefe de servicios técnicos.
El letrado también se ha referido a las adjudicaciones a Constructora Hispánica, que pertenecía a Alfonso García Pozuelo, quien ya confesó su participación en la trama durante el juicio de la Primera Época de Gürtel. Galán ha recordado que su cliente reconoció que se le adjudicaron tres proyectos en 2003 a través del “favorecimiento” que él ejerció y que se destinaron 30.050 euros a la campaña del Partido Popular de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2003 y de las generales de 2004. “Hay un reconocimiento expreso de las comisiones y del cohecho”, ha insistido el abogado para poner en valor la declaración de su defendido.
Respecto a la reparación del daño, Galán ha insistido en la “imposibilidad” de que el expedidor disponga de “un patrimonio que no le queda”, pues los fondos embargados ascienden a “más de un millón de euros”. También ha pedido al tribunal que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas por la demora en el proceso. Así, ha recordado que González Panero fue imputado en febrero de 2009, por lo que habrán más pasado “más de 13 años” hasta que se dicte sentencia por este caso durante 2022.