El BOE recoge hoy el informe sobre cómo se están aplicando los presupuestos y hasta qué punto se están cumpliendo las previsiones, la ejecución a 31 de julio. Los desvíos más destacados corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con 18.000 millones gastados de más; la deuda pública, con 4.000 millones extra; y, como es habitual, Defensa, que ya ha gastado 1.958 millones de euros por encima de la previsión.
Este engorde en el ministerio que dirige Morenés es un clásico que se repite año tras año. Lo gastado siempre supera con creces (el engorde no baja de los mil millones) lo que se presenta en las previsiones presupuestarias. Esta año, a 31 de julio, el desvío ya es superior a los registrados en 2013 y 2014, cuando rondó los 1.800 millones en ambos casos.
Así, aunque para este año el presupuesto marcaba unas previsiones de 5.768 millones de euros, a estas alturas de año y sin sumar lo que pase de aquí al 31 de diciembre, el gasto ya alcanza los 7.726 millones. Buena parte del engorde se debe al también tradicional crédito extraordinario destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEA’s) que se aprueba cada año vía Real Decreto Ley.
Como explica el propio Ministerio de Defensa en la respuesta a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, estos programas, destinados a la modernización del Ejército, se financian con cargo al presupuesto de I+D del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Una vez la maquinaria y las armas están listas para su uso, el Ministerio de Defensa las paga y los proveedores devuelven los anticipos a Industria.
Pese a que se trata de un gasto predecible (aunque la cifra final no se ajuste al 100%), puesto que ya se ha valorado y financiado antes por otro ministerio, el pago de los PEA’s no está incluido en los presupuestos iniciales y, año tras año, se aprueban créditos extraordinarios millonarios para asumirlo. “La insuficiente dotación presupuestaria obliga a proporcionar financiación adicional para cubrir los compromisos financieros que se derivan de los compromisos contractuales ajustados”, argumentan desde Defensa. El resto, 1.112 millones, no se aprueba vía Real Decreto Ley ni pasa por Las Cortes.
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