Las defensas del caso PGOU de Valladolid arremeten contra el juez: “Nos falta la mitad del sumario”
Las defensas se quejan de que no tienen el sumario completo, de las dilaciones indebidas y de que los presuntos delitos han prescrito. El caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid arranca esta mañana y los abogados de quienes se sientan en el banquillo se quejan de una instrucción más que cuestionable. En la fase de las cuestiones previas varios letrados han avanzado que todas las defensas pedirán la nulidad de las actuaciones. Después de una instrucción que ha durado 10 años los abogados aseguran que ni siquiera tienen en su poder todo el sumario. Aseguran que les falta la mitad y que es imposible ejercer el derecho de defensa en esas condiciones.
El caso, que arrancó en 2008, trata de dilucidar quién manipuló la principal herramienta de planeamiento urbanístico de los municipios, el PGOU que se modificó en 2003 y que regía durante cuatro años. Lo votado en el Pleno se alteró intencionadamente y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, dando lugar a normativa que nada tenía que ver con lo aprobado. De esa manipulación se beneficiaron constructores y promotores que están entre los 13 acusados.
Para los letrados que intervinieron este martes, la instrucción del caso ha sido “caótica” y uno de ellos recomendó al tribunal que se ponga “un casco de minero” para encontrar documentación que no tienen las defensas y que está sin clasificar y sin ningún tipo de orden lógico. De esa falta de documentación tuvieron conocimiento cuando se dictó la apertura de juicio oral y vieron en los escritos de acusación referencias a documentos que no habían sido proveídos.
Los abogados la reclamaron hasta en cuatro ocasiones sin éxito. Una de las piezas más importantes que les falta es el propio Plan General, que tiene una extensión de 12.000 folios y 1.800 planos y en la que aparecen, documento a documento, todos los pasos que se dieron para su modificación. “Se nos ha conminado a hacer un escrito de calificación cuando falta por trasladar la mitad de la causa es un auténtico desafuero, una vulneración de nuestro derecho de defensa”, expuso uno de los abogados.
“Se ordenó que se certificase el traslado de la documentación que faltaba por el letrado de la Administración de Justicia y no se ha hecho. Hay un volcado con archivos indexados de forma anárquica. Eso no es una causa señoría”, añadió.
Parte de la documentación, lamentan, les llegó un año más tarde, como un informe policial sobre el que se basó un interrogatorio a algunos imputados y que los abogados conocieron con doce meses de retraso. La lentitud en la instrucción, que para los letrados incurre en dilaciones indebidas, suponen una amenaza: la de la prescripción de los delitos que se pretende juzgar. Pero es que además según algunas defensas, sus representados declararon en primer lugar como testigos, sin abogado por tanto y con la obligación de decir verdad, y meses o años después en algún caso, los testigos acabaron imputados “sin más hechos relevantes que esa declaración”.
A uno de ellos, se le cita como testigo por prevaricación y posteriormente se le imputa falsedad documental sin haberse podido defender de un delito que desconocía que se le atribuyese. Los letrados de las personas que se sientan en el banquillo se refirieron también al auto de imputación del juez, en el que no hizo mención a actuaciones individualizadas ni se fundamentaban las imputaciones.
“Esto no es forma presentable en Derecho de instruir una causa, es un absoluto caos, no hay índices, no hay hilo argumental no hay forma de seguirla, se ha instruido de forma espasmódica, yo pocas veces he visto una cosa como esta. La causa está incompleta y el letrado de la Administración de Justicia se metería en un problema si certificase que lo está. Es un caso notable y palmario de indefensión. El articulo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva) se ha vulnerado en todos sus párrafos, no hay apartado que no haya sido vulnerado”, lamentó el abogado de uno de los promotores. En su caso, los terrenos de su cliente que se beneficiaron de la alteración del PGOU aparecían tanto en la denuncia inicial del PSOE como en el informe policial. A pesar de ello, declaró como testigo y no se le imputó durante la instrucción. Fue al cerrarse esta, tras 13 recursos y un posterior recurso de apelación, cuando la acusación popular planteó una nueva diligencia, la declaración de su cliente como imputado. Esta se produjo, pero en unos términos dudosos: le leyeron su declaración anterior como testigo para preguntarle si se ratificaba, como así fue. Y todo ello por una diligencia que acepta la Audiencia Provincial y no el juez instructor. Otro caso similar es el de un promotor ahora imputado al que se tardó un año y cinco meses en notificar su nueva circunstancia. “El tribunal tendrá que tener dotes arqueológicas para buscar en arcanos y legajos, porque esto es un absoluto caos, un tetris”, manifestó el abogado. El letrado añadió también que la Fiscalía tuvo intención de que ese “caos” se solucionase, pidiendo al juez en varios escritos, que diese traslado de toda la documentación.
El juicio continuará mañana con más cuestiones previas que expondrá el resto de abogados, si bien todos han hecho causa común por vulneración de derechos fundamentales basada en la falta de documentación y en la prescripción.
