El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado este viernes, durante la presentación del informe de 2021 de la institución, que la invasión de Ucrania “es ya una crisis humanitaria” que debe conllevar a todas las instituciones a “atender su repercusión en los derechos humanos y a trabajar por facilitar el refugio y la ayuda”.
Además de recordar que el organismo es “la institución nacional de los derechos humanos”, Gabilondo ha asegurado que situaciones como la de Ucrania evidencian “hasta qué punto” la humanidad vive “en espacios de enrome fragilidad e incertidumbre”. “De nuevo, la guerra. Esta vez, en las puertas de Europa, con numerosas víctimas y desplazados, refugiados en ocasiones”, ha lamentado.
Aunque no formaba parte del informe, a Gabilondo se le ha preguntado en rueda de prensa por la comisión de expertos que le encomendó el Congreso de los Diputados la semana pasada para investigar los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica. El defensor ha asegurado que el objetivo de dicha comisión será “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades”, la “reparación de las víctimas” y la “planificación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención de abusos sexuales”.
A su juicio, en esa comisión deberá haber presencia de las asociaciones de víctimas, psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, un abogado del Estado, altos funcionarios, expertos en derecho canónico, criminólogos y representantes de la Iglesia católica.
Retos en materia sanitaria
El Defensor tramitó el año pasado 29.401 expedientes y atendió telefónicamente a 32.974 ciudadanos. Gabilondo ha asegurado que muchas de ellas han tenido que ver con la pandemia y, en concreto, ha remarcado que ha habido “quejas” en “materia sanitaria”. “La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente”, ha señalado.
Entre ellos, ha mencionado las “restricciones en la asistencia sanitaria presencial en los centros de salud”, el “aumento de las listas de espera”, la “restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales en el acceso a residencias de mayores” o la limitación de visitas en las cárceles. En 2021, ha añadido Gabilondo, “se han producido verdaderas situaciones de emergencia social”, con el consiguiente “incremento de la demanda de asistencia de recusos sociales”.
En el informe, el Defensor hace especial hincapié en “la dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores” que, “apesar de la respuesta de los profesionales” ratifica “la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas”.
Otro de los aspectos relevantes del informe tiene que ver con las carencias de las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda. “Se requiere más cooperación y coordinación entre administraciones y organismos”, ha señalado Gabilondo, que ha denunciado que “el parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandas que reúnen los requisitos”. “Las listas de espera para acceder a una vivienda se prolongan en el tiempo y ofrecen pocas alternativas”, ha lamentado.
Vivienda e inmigración
En su opinión, “los procedimientos de adjudicación de viviendas han de ser más ágiles y transparentes” y, además, ha resaltado que “la convocatoria de ayudas económicas destinadas al pago del alquiler vinculadas al Plan Estatal de Vivienda se resuelve con meses de retraso respecto al plazo establecido”, así como que “no hay una cuantía suficiente y los requisitos no siempre son fáciles de cumplir”.
También ha hecho mención Gabilondo a las quejas recibidas en materia de inmigración y asilo. Con todo, ha pedido “realizar un refuerzo de los servicios públicos” que atienden a “los sistemas generales de acogida humanitaria de personas que entran irregularmente en España”, los que “se ocupan de los casos susceptibles de protección internacional” y “la estancia de España de menores extranjeros no acompañados”.