El Defensor del Pueblo reclama “una administración más eficaz” para atender los problemas de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo, la institución dirigida por Ángel Gabilondo, tramitó en 2024 un total de 34.629 expedientes, sobre todo con problemas de los ciudadanos relacionados con la Vivienda, la Sanidad, la administración de Justicia, el funcionamiento de la Seguridad Social o la Función Pública. Gabilondo ha reclamado en la presentación del informe una administración “más ágil y eficaz” que pueda dar respuesta a estas quejas. De esos casi 35.000 expedientes tramitados solo 2.501 dieron lugar a resoluciones de las diferentes administraciones.

El informe, que esta tarde se presentará también en el Senado, divide sus diferentes actuaciones por capítulos como lo referente al funcionamiento de la Seguridad Social. El informe señala que ha recibido multitud de quejas de ciudadanos “obligados a reintegrar” prestaciones sociales que han cobrado de forma indebida por errores de la propia administración, que “abocan a una situación insostenible a muchos afectados”. El informe también señala que se han recibido quejas sobre la dificultad de tramitar multitud de prestaciones y las dificultades que para algunos colectivos tiene el sistema de cita previa.

En el apartado de problemas con el funcionamiento de la administración se incluyen también problemas en la valoración de la discapacidad, siendo “muy alto” el número de quejas recibidas, la demora en resolver las solicitudes relacionadas con las ayudas a la Dependencia.

El informe dedica uno de sus apartados a la Sanidad, donde señala que se han recibido muchas quejas por el funcionamiento de los centros de atención primaria, con problemas para la cobertura de las vacantes de los médicos y provocan que haya pacientes sin médico asignado, señala el informe. Las quejas también versan sobre las dificultades para llamar por teléfono a estos centros y las trabas que imponen los nuevos sistemas telemáticos de cita.

También en lo referente a Sanidad, el Defensor del Pueblo pide una estrategia nacional de cribado sobre cáncer de mama que establezca unos criterios comunes de aplicación, así como ampliar las edades de mujeres a las que se les realice pruebas de detención temprana. El informe también señala la necesidad, trasladada por los ciudadanos, de que no hay recursos suficientes para atender a la salud mental de jóvenes y adolescentes.

Sobre vivienda, el informe pide “aumentar significativamente el número de viviendas públicas destinadas al alquiler, hasta aproximarse a la media europea”, con medidas específicas de protección para que no sean vendidas. Además reclama más agilidad en la adjudicación de esas viviendas y señala fallos de funcionamiento en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid y en el registro de solicitantes de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. También incide el informe en el retraso en conceder el bono joven de alquiler y en general en la demora de las ayudas autonómicas, con especiales críticas a Asturias, Andalucía y Madrid. En el capítulo de desahucios, el informe señala que sus actuaciones se han elevado de 60 a 104 y que las familias tienen poca información sobre “recursos y servicios de su localidad a los que pueden acudir”.

En lo referente a Educación, Gabilondo señala en su informe que ha recibido multitud de quejas por los procesos de admisión en Infantil y Secundaria, falta de centros por el aumento de la población (especialmente en Andalucía, Murcia y Madrid) o falta de profesorado. También se alerta de las quejas por acoso escolar, y denuncia la falta de protocolos que actúen de manera preventiva o que no se apliquen medidas “reeducativas”a los acosadores.

La violencia económica contra las mujeres

La institución que dirige Gabilondo recuerda en su informe que ha hecho diversas recomendaciones al Ministerio del Interior para la protección de las víctimas de violencia de género, en especial sobre violencia vicaria, y señala que se acumulan las quejas porque no se ejecutan las sentencias en este ámbito, como las referidas a los impagos de la pensión alimenticia.

El informe pone de hecho la lupa en la violencia económica, ahora reconocida en el nuevo Pacto de Estado y en la violencia sufrida por la mujeres mayores. “Una violencia socializada y normalizada”, dice el informe, hacia víctimas que cuando denuncian se encuentran con “servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad”, por lo que recoge varias recomendaciones en este sentido par agilizar los procesos de concesión de ayudas.

El informe alerta también sobre la gran cantidad de quejas recibidas por la usurpación de identidad para cometer fraudes, que derivan en procedimientos judiciales que atascan los tribunales y que en la mayoría de las ocasiones acaban en nada por la imposibilidad de localizar a los autores del fraude. La institución pide más información a los ciudadanos sobre la gestión de sus datos personales.

En el apartado de migraciones, Gabilondo alerta en su informe del alto número de personas desaparecidas en sus intentos de llegar a España y reclama protocolos comunes en todos los territorios para la gestión de los cadáveres, así como peticiones para que se mejoren los sistemas de acceso a la protección internacional de los migrantes que llegan.

Los problemas de empleo público

El informe dedica un extenso apartado a los problemas en Función Pública, como las altas tasas de temporalidad, las deficiencias en las ofertas públicas de empleo o los problemas por “el lento desarrollo de los procesos selectivos”. El documento señala también dificultades en los procesos de promoción interna y concursos de traslados o en las valoraciones de méritos cuando se opta a las plazas. “Parece que en determinadas administraciones y sectores de actividad el impacto de los planes de estabilización puede no haber sido suficiente”, concluye.

El informe incluye más apartados, como los retrasos en aplicar las Zonas de Bajas Emisiones en multitud de municipios, las quejas por el funcionamiento de Cercanías (especialmente en Madrid y Barcelona), la regulación de los préstamos rápidos y microcréditos o los problemas de convivencia derivados de las viviendas turísticas.