El Consejo Fiscal encara un mandato complicado para la fiscal general Dolores Delgado. La asociación a la que perteneció, la Unión Progresista de Fiscales, se ha desplomado en unas elecciones en las que la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha conquistado la mayoría absoluta. La Asociación Profesional e Independiente, extremadamente crítica con su gestión, ha conseguido un sillón en el Consejo por primera vez en su historia. Se acaba una etapa que los más próximos a Delgado interpretaban como un cambio positivo y que otros, sin embargo, han dibujado como un intento del sector progresista de la carrera de tomar la Fiscalía al asalto.
Dolores Delgado, en la actualidad recuperándose de una intervención quirúrgica, se queda al frente de un Consejo Fiscal manifiestamente hostil tras un primer mandato convulso desde el primer día. Desde el mismo lunes 13 de enero en que se supo que Delgado, hasta entonces ministra de Justicia, iba a ser fiscal general, la Asociación de Fiscales dejó clara su postura en un comunicado que mostraba su “malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad transmitida al colocar en la cúspide de la carrera fiscal a una persona que ha sido ministra de Justicia hasta hace pocas horas”.
En ese momento, la oposición de esta asociación tenía un contrapeso dentro del propio Consejo Fiscal. La Unión Progresista de Fiscales de Delgado tenía solo un vocal menos que ellos y eso les daba mucha más fuerza que en otros mandatos para defender sus posturas. Las críticas no se hicieron esperar y la AF tardó un año y medio en pedir la dimisión de Delgado por una política de nombramientos que consideraba “arbitraria” y que no tardó en llevar a los tribunales.
Un sistema de elección que no había sido cuestionado hasta el momento pasó a ser, a ojos de la AF que preside Cristina Dexeus, una vía para controlar puestos clave de la Fiscalía y ponerlos en manos de la UPF. En diciembre de 2020, por ejemplo, los cinco fiscales de esta asociación se abstuvieron cuando propuso a Juan Ignacio Campos como teniente fiscal del Tribunal Supremo, el único que se había presentado al puesto. La razón, dijeron, no era el candidato en sí, sino el hecho de que algunos medios hubieran publicado que era el favorito para el puesto.
La discrepancia en algunos nombramientos terminó rápidamente en la vía judicial, unos recursos que han dado recientemente sus frutos. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores después de estimar las alegaciones de otro candidato y de la Asociación de Fiscales. Una resolución celebrada por la asociación mayoritaria, acogida con escepticismo por otra parte de la carrera fiscal que destaca la idoneidad de Esteban para el puesto y que obliga a Delgado a repetir el proceso.
No es el único nombramiento recurrido y no ha sido, ni de lejos, el más criticado. Las acusaciones de la AF no se han limitado a los nombramientos en sí: afirman que el objetivo de Delgado ha sido crear una junta de fiscales de sala, la plana mayor de la Fiscalía, favorable y copada por miembros de la asociación progresista. Hace un año, en otro comunicado, afirmaba que el objetivo de la fiscal general era “procurarse una Junta de Fiscales de Sala que no le depare sobresaltos”. Recientemente, por ejemplo, más de la mitad de integrantes de esa junta de fiscales de sala se ha dirigido por carta a Delgado para que frene una iniciativa legislativa del PSOE en el Congreso.
La versión no es la misma desde el otro lado de la mesa del Consejo Fiscal. Muchos se sorprenden de que la Asociación de Fiscales haya pasado con tanta hostilidad al ataque contra los nombramientos de Dolores Delgado en puestos discrecionales después de no haber cuestionado el sistema cuando los puestos eran copados por integrantes de su asociación. La asociación progresista expresó su malestar en un comunicado el pasado mes de marzo y reprochó a la AF que, por ejemplo, defendiese ante el Supremo que su candidato para fiscal de sala de menores tenía más experiencia que Eduardo Esteban pero luego también le apoyase para presentarse a plazas como la unidad de apoyo o extranjería, donde tenía “una notable menor experiencia”.
El desgaste, en cualquier caso, ha sido público para Delgado, que ahora tendrá que lidiar con un Consejo Fiscal con mayoría aplastante de la Asociación de Fiscales. Poco proclive, por tanto, a apoyar sus nombramientos. La opinión del Consejo Fiscal no es vinculante para proponer un nombramiento, pero la norma de 1983 que regula su funcionamiento especifica que debe “ser oído respecto del nombramiento de los diversos cargos”. La polémica está servida, por tanto, si Delgado propone un candidato o candidata que no cuenta con el apoyo de la AF. La gestión de Delgado de la salida de Ignacio Stampa de Anticorrupción –uno de los fiscales del caso Tándem– también le ha costado una petición de dimisión de la asociación mayoritaria y conservadora.
El factor Viada
El nuevo Consejo Fiscal tendrá una composición inédita. Al clásico equilibrio de fuerzas entre la AF y la UPF se suma una tercera asociación que por primera vez en su historia consigue un sillón en el Consejo Fiscal: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y su presidente Salvador Viada. Fiscal desde hace más de 37 años, Viada ejerce en el Ministerio Público del Tribunal Supremo y en los últimos tiempos ha adquirido un perfil muy marcado a la hora de criticar el sistema de nombramientos del que ahora pasará a formar parte y el reparto de nombramientos entre las dos asociaciones dominantes.
El nuevo Consejo Fiscal tiene un calendario apretado por delante. El organismo tiene pendiente, por ejemplo, emitir su informe sobre la Ley Trans después de que ya lo haya hecho el Consejo General del Poder Judicial con su texto crítico aprobado en las últimas semanas. También tiene pendiente gestionar la anulación del nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. Con la mitad de apoyos de la mitad de vocales de su antigua asociación, Dolores Delgado tendrá que hacer frente a una mayoría del Consejo Fiscal que está dispuesta a denunciar sus nombramientos si es necesario.