Denigrar a España para desgastar a Sánchez

Si en España algún medio de comunicación contabilizase las mentiras que esparce Pablo Casado en la esfera pública, como hizo el Washington Post con Donald Trump, el total de sus afirmaciones falsas o engañosas quizá superaría las 30.000 que vertió el ex presidente de los EE.UU. durante su paso por la Casa Blanca. El imperio de la política vuelve a ser, para la derecha, el imperio de la mendacidad y el todo vale. Incluso, denigrar a España para desgastar a Pedro Sánchez. Nada nuevo. ¿Recuerdan? “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Ocho palabras con las que el popular Cristóbal Montoro trató de presionar en mayo de 2010 a Coalición Canaria para que votara en contra del paquete de recortes impulsado por el último Gobierno de Zapatero, a sabiendas de que la economía española sería intervenida si no se aprobaban las medidas que, finalmente, salieron adelante por un solo voto gracias a la abstención de CiU y de CC.

Once años después de aquella demostración patriótica de la derecha, el PP vuelve por sus fueros. El año empezó con unas declaraciones manipuladas del ministro de Consumo sobre la carne que sale de las macrogranjas y continúa con una ofensiva, dentro y fuera de España, para sembrar dudas sobre la gestión de los fondos europeos, un proyecto de país -que no de Gobierno- con el que España se juega la recuperación económica, la modernización del sistema productivo y el futuro de miles de empresas. El ejercicio de cinismo de los populares alcanza lo esperpéntico cuando acusan a Alberto Garzón de erosionar los intereses de España en el exterior por dibujar la realidad de las macrogranjas mientras que a Casado le presentan como un estadista y un patriota cuando viaja a Europa a desacreditar, sin un solo dato, el uso de las ayudas para la recuperación económica.

El líder de los populares, más pendiente de desgastar al Gobierno que de la transformación económica del país, ya habla de “escándalos”, amenaza con ir a la justicia y hasta intenta equiparar el reparto de las ayudas europeas con el caso de los ERE de Andalucía. Y eso que cada partida distribuida hasta el momento, no sólo ha pasado por los filtros de fiscalización y sistemas antifraude establecidos por la Comisión Europea, sino que además nunca motivó una sola crítica de las Autonomías en las conferencias sectoriales donde fueron aprobadas. 

De hecho, Andalucía, Catalunya, Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Galicia han sido, por este orden, las Comunidades más beneficiadas por el reparto y entre las que sólo hay una gobernada por los socialistas. Pese a ello, la derecha ha emprendido una campaña político-mediática para denunciar una supuesta arbitrariedad del Gobierno en la distribución de los más de 11.200 millones transferidos a las autonomías hasta el momento.

Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, abrió la veda al anunciar un recurso ante el Supremo que cuestionaba el destino de una partida de 9 millones de euros -el 0,08% de los fondos- a varios gobiernos autonómicos del PSOE en subvenciones directas para programas piloto de inserción laboral de los jóvenes. Siguieron la estela otros barones del PP y días después Casado ya calificó el sistema de clientelar y hasta amenazó con ir a Bruselas a denunciar presuntas irregularidades.

Las Comunidades Autónomas serán las que gestionen un 46% de los 24.198 millones presupuestados en el Plan de recuperación y el 59% de los 19.036 recibidos de la Comisión Europea en 2021. El Gobierno de España ha asignado concretamente a Madrid 1.213 millones de euros, lo que supone el 12% de todos los fondos asignados a las Comunidades. “Una cifra sin precedentes y una oportunidad de inversión que la administración regional debería aprovechar en lugar de poner palos en las ruedas de la ejecución del Plan de Recuperación y tratar de desacreditar a España ante las instituciones de la Unión Europea”, aseguran fuentes gubernamentales. Economía recuerda, de hecho, que Madrid todavía no ha abierto las convocatorias de algunos de los grandes proyectos cuyos fondos ya le han sido transferidos, como es el caso del programa de rehabilitación energética para edificios o el de rehabilitación residencial y vivienda social dotado con 161 millones para 2021. 

El Gobierno ha dicho esta semana que en sus conversaciones con la Comisión Europea no ha encontrado preocupación alguna por las acusaciones del PP, cuyos eurodiputados no desaprovechan una sola sesión de la Eurocámara para sembrar dudas sobre el plan de recuperación que, como es sabido, fue valorado como un sobresaliente por las instituciones europeas. De hecho, España fue el primer país en recibir los fondos, cuyo desembolso está condicionado a los resultados, por lo que “la cruzada de los populares, además de una vergüenza, es una deslealtad de proporciones siderales, que no tiene parangón en ningún otro país de la UE”, lamenta una ministra del Gobierno.

Desde La Moncloa añaden que las ayudas están sometidas a controles y auditorías establecidos en el propio mecanismo de recuperación que comparten todos los países y que cuenta con una fiscalización en tiempo real a través de un sistema antifraude que evalúa incluso posibles conflictos de intereses. Y más allá de lo que entienden como una “campaña de difamación” para desgastar al Gobierno, los socialistas alertan, eso sí, contra el peligro de trivializar la mentira y contra un debate público que insiste en dibujar a España como un país dividido y de posiciones irreconciliables, incluso en materias, como las de los fondos europeos, que debieran ser de Estado y concitar el apoyo de todo el arco parlamentario.

“Lo que está en juego -subrayan en el complejo presidencial- no es la supervivencia del Gobierno, sino la de nuestro tejido productivo, pero en su intento por escapar de sus líos internos y esconder la debilidad de su liderazgo, Casado vuelve a demostrar que no está a la altura de lo que necesita España y tampoco una derecha que aspira a ser alternativa de Gobierno”. Hay socialistas que igualan “el uso sistemático de la mentira” en la estrategia de oposición de Casado con la desplegada por Trump en EE.UU. para un hipotético regreso a la Casa Blanca y con la que ha logrado que, un año después de la invasión al Capitolio, un 70% de los republicanos mantenga que Biden llegó a la presidencia mediante un fraude electoral. De ahí que alerten contra los riesgos de relativizar el embuste y la necesidad de restablecer el imperio de la verdad para defender la democracia.

Así las cosas, el Gobierno se ha propuesto huir de la batalla del relato diario que trata de imponer el PP semana tras semana y que Sánchez evite la confrontación con intervenciones que reivindiquen los principios básicos de la socialdemocracia que fueron sepultados en la anterior crisis económica y “hoy han demostrado su vigencia ante la demostrada necesidad de mantener un estado fuerte y protector” frente a la crisis socioeconómica provocada por la pandemia.

La estrategia monclovita se ha propuesto que el presidente pise más la calle, tome contacto con la realidad social y económica y su narrativa ponga en valor medidas de protección social desplegadas durante la crisis. En adelante, pues, veremos a Sánchez en actos que tengan como protagonistas a jóvenes, pensionistas o empresas que sobrevivieron a la pandemia como consecuencia de la aprobación de los ERTE que dieron cobertura a más de 3,5 millones de trabajadores.  

El objetivo es que el PSOE se mantenga, como aparece desde septiembre en los sondeos, como primera fuerza en el marcador electoral y combatir el relato de una derecha que se subió a la ola de la incontestable victoria de Ayuso en las autonómicas madrileñas para hablar de “cambio de ciclo”, pese a que tres meses antes con las mismas siglas obtuvo el peor resultado de su historia en Catalunya y a punto estuvo de convertirse en una fuerza política extraparlamentaria. Todo desde un registro institucional y presidencialista de Sánchez y pese a que los socialistas tienen por delante en 2022 dos citas electorales en Castilla y León y Andalucía de las que, a priori, no saldrán bien parados.