La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció hoy que “órganos de seguridad del Gobierno” de Nicaragua utilizan perfiles falsos en redes sociales para capturar a jóvenes que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
“Hemos confirmado que los órganos de seguridad del Gobierno están creando perfiles falsos para atraer a jóvenes que participaron en las protestas y capturarlos”, informó el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, a periodistas.
La CPDH puso como ejemplo el caso de Richard Avilés, de 28 años, quien desapareció el 4 de octubre, cuando asistió a una fiesta donde se encontraría con una mujer que conoció en Facebook, y luego apareció en la cárcel de “El Chipote”, de la Policía Nacional.
Cuevas llamó a los jóvenes que se han manifestado contra Ortega a no aceptar a personas desconocidas en las redes sociales, para evitar ser presas de “la trampa que los lleva a ser secuestrados, pues a esto no le podemos llamar arresto”.
Avilés fue calificado como “preso político” por la CPDH, al igual que otros 459 que tienen registrados los organismos humanitarios en Nicaragua, capturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
El Gobierno sostiene que ha capturado a más de 200 nicaragüenses, a quienes acusa de “golpistas” y “terroristas”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también han registrado entre 322 y 512 muertos como producto de la crisis, mientras el Gobierno reconoce 199.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega niega los señalamientos y sostiene que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras las muertes registradas durante las manifestaciones.