La derecha tiene al alcance uno de sus grandes objetivos: perpetuar su control del Poder Judicial. El bloqueo al que el PP ha sometido al órgano de gobierno de los jueces durante casi cinco años llega a su momento definitivo: si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno tras las elecciones del 23 de julio implementará una reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ que perpetuará una mayoría conservadora. Pero, además, podrá devolver de forma exprés al actual Consejo sus facultades para hacer nombramientos en la cúpula judicial, según informan fuentes del órgano a elDiario.es. Entre las 81 vacantes que no se han podido cubrir por la situación de interinidad y que ahora serían elegidas por una institución caduca y con una mayoría de vocales designados por el PP hay una veintena de plazas en el Supremo, donde son vitalicias.
Feijóo marcó el pasado lunes un decálogo de medidas inmediatas que pondrá en marcha si gobierna tras las elecciones del 23 de julio: “En los 100 primeros días remitiré a la Cámara una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para garantizar la independencia del Consejo, y para garantizar la independencia de jueces, magistrados y fiscales”. Esa futura norma tiene dos ideas fuerza: reformular el sistema de elección de los vocales vigente desde 1985 para dejar la mayoría en manos de los jueces y al margen de la soberanía popular, y devolver al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos con el mandato caducado.
Ambos planteamientos los ha defendido el PP en los últimos años con asiduidad. Feijóo los incluyó, por separado, tanto en su plan para la Justicia, que presentó en el verano de 2022, como en su Plan de Calidad Institucional, de enero de este mismo año. Y esa opción de plantearlo por separado ahora se mantiene, según fuentes del PP consultadas por elDiario.es. “Ambos temas son prioritarios”, apuntan desde Génova, donde reconocen que están pensadas como dos reformas “diferenciadas”.
¿Y por qué es importante? Porque el PP puede jugar a dos velocidades y garantizarse no solo el control del futuro CGPJ, sino también sobre la veintena de magistrados del Supremo cuyo nombramiento está pendiente. Una reforma amplia y profunda de la LOPJ a través de un proyecto de ley del Gobierno implica una serie de requisitos formales que retrasarían su aprobación varios meses. Pero una modificación leve para devolver al órgano de gobierno de los jueces la plenitud de sus funciones se puede hacer directamente a propuesta de los grupos parlamentarios y con un procedimiento exprés.
Así, mientras se reforma el sistema de elección y se pone en marcha, el caduco y menguado Consejo actual recuperaría su capacidad de nombrar jueces. Es un plan que tiene defensores en el actual CGPJ. El vocal José María Macías, hombre fuerte de la derecha en el órgano, escribió un reciente artículo en ‘La Razón’ en el que instaba al Gobierno que saliera de las urnas el 23J a, “primero” y “de manera inmediata”, devolver al CGPJ las competencias para hacer nombramientos, y “después” a cambiar el método de elección para “adaptar el gobierno judicial a los estándares europeos”.
En realidad, la Comisión Europea ha pedido de forma reiterada que primero se renueve el CGPJ e “inmediatamente después” se emprenda una reforma, tal y como viene recomendando el informe sobre el Estado de Derecho desde el año 2020.
Miembros del órgano consultados por elDiario.es ven una “acción coordinada” entre el PP y un grupo de vocales del núcleo duro del sector conservador con el objetivo de “alargar el bloqueo e intentar que un órgano diezmado y con una composición desproporcionada” configure parte de la cúpula judicial. “Detrás de la propuesta de Feijóo hay trampa. El cambio en el método de elección es un señuelo para, entre tanto, recuperar los nombramientos”, dice un vocal elegido en su día a propuesta del PSOE.
De ocurrir finalmente, el CGPJ recuperaría su capacidad para designar jueces en un escenario de amplísima mayoría conservadora en el pleno del órgano. Si no hay más salidas a partir de julio —cuando se jubila el actual presidente—, el órgano quedará conformado por diez vocales conservadores y seis progresistas (cinco designados a petición del PSOE y uno del PNV). El presidente, quien tiene voto de calidad en caso de empate, también será conservador.
Los nombramientos deben concitar el respaldo de, al menos, 10 de los 16 miembros del pleno, por lo que los vocales elegidos hace casi una década a propuesta del PP ni siquiera tendrían que ponerse de acuerdo con los miembros del otro grupo para sacarlos adelante.
Magistrados vitalicios en el Supremo
Especialmente sensibles son los nombramientos del Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Además, están pendientes de adjudicación otros 61 puestos en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, que sí tienen una vigencia de cinco años.
Son designaciones que no se han podido realizar porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esa reforma fue impulsada por los socios del Gobierno de coalición y respaldada por la mayoría parlamentaria con el objetivo de forzar la renovación. El cambio fue recurrido por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. Durante los últimos meses, desde la derecha judicial y política se ha criticado la demora del tribunal de garantías a la hora de resolver esos recursos, que fueron admitidos a trámite en septiembre de 2021.
Con la renovación del Constitucional y el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, los vocales elegidos a propuesta del PP han perdido toda esperanza de que esa reforma pueda ser anulada. Pero todo puede cambiar si el PP llega a La Moncloa y en el CGPJ se da por hecho que al menos parte del actual bloque conservador presionará en ese sentido.
Las fuentes consultadas atribuyen un papel principal en estos movimientos al citado Macías y a los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Esta última aterrizó en el CGPJ gracias a la recomendación del juez Fernando de Rosa, que fue consejero del Govern con Francisco Camps. Durante la última legislatura ha sido senador, y ahora es el número 4 de la lista del PP por Valencia que lidera Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional y su principal estratega en materia judicial.
Es el mismo grupo de vocales que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista. Y que en los últimos meses se ha consolidado como una extensión del PP en el CGPJ. “Son los mismos que pretendían estirar los nombramientos del Constitucional hasta el cambio de legislatura. Ahora están preparando una segunda fase. Su sintonía con la cúpula del PP es total”, dicen desde el bloque progresista.
Voces de este núcleo duro niegan el vínculo directo con el PP, aunque reconocen que es “un tema de higiene constitucional” acabar con la situación de un órgano que ha sido “mutilado en sus competencias”. “Lo más sano sería que no nos diera tiempo a hacer ningún nombramiento”, dice un miembro de este grupo. En cualquier caso, es un asunto que genera división dentro del propio bloque de vocales elegidos a propuesta del PP. Las fuentes consultadas hablan de un sector conservador “más tibio” que en los últimos meses ha dado muestras de su apuesta por mantener una imagen más institucional y que, ante este escenario, plantea dudas sobre la “imagen” que se proyectaría al recuperar los nombramientos cuando el órgano tiene su mandato ampliamente caducado.
En el minoritario sector progresista las posiciones tampoco son unánimes. La visión general es que la renovación debe ser inmediata, pero hay diferencias al valorar la posibilidad de que el órgano pueda hacer nombramientos en estas circunstancias. Hay consejeros que hablan incluso de “golpe de Estado judicial”. Otros, sin embargo, critican el uso partidista de las instituciones y afirman sentirse “manoseados por unos y otros”. “La sensación es que nos manipulan para su interés. Los vocales no tenemos otra que hacer lo que dice la ley, como hicimos cuando se reformó para renovar el Constitucional”, dice otra vocal elegida en su día a propuesta del PSOE.
La ley del Poder Judicial exige “la presencia de diez vocales y el presidente” para que el pleno pueda ser constituido de manera válida. Así que ante ese hipotético escenario, la única vía para dejar inservible el órgano por ausencia de quórum para tomar decisiones sería la dimisión de al menos seis vocales. Pero es una posibilidad que, a día de hoy, parece descartada. Los progresistas ya rechazaron una renuncia colectiva hace tres meses y, aunque la medida pudiera “escandalizar” a alguno de los conservadores más moderados —en palabras de un vocal—, nadie cree que se pudieran producir salidas masivas.
La mayoría del CGPJ en manos de los jueces
Más allá de este movimiento, lo que el PP ya ha dejado claro que hará es cambiar el sistema de elección de los vocales para que los jueces elijan a sus pares. El propio Feijóo les avanzó a esta reforma a los fiscales de la asociación conservadora con los que cenó en Madrid el pasado abril, según contó El País.
Es un cambio legal al que los conservadores renunciaron en su última negociación con el Gobierno para renovar el CGPJ, que Feijóo rompió ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. Lo acordado entonces era que se dejaba en manos del órgano renovado la elaboración de un informe –no vinculante– sobre esa reforma.
Y suponía, por tanto, que el PP estaba dispuesto a abordar la renovación bajo el modelo actual. El partido viró el pasado diciembre, cuando recuperó la exigencia de que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. En el sistema actual, que el PP mantuvo durante sus dos mayorías absolutas, son elegidos por una mayoría de tres quintos del Parlamento sobre una lista cerrada determinada por los propios jueces a través de las asociaciones profesionales.
El modelo que propone el PP es de elección directa, mediante “una única lista abierta” y con una circunscripción electoral para todo el territorio nacional. Es un formato similar al que rige para elegir a los miembros de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales autonómicos que se celebran cada cinco años. Con este modelo, en las últimas elecciones, los miembros de las asociaciones conservadoras coparon la mayoría de puestos y se laminó la presencia de miembros de la asociación progresista y de no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial.
La única experiencia de elección corporativa de los vocales del CGPJ se produjo en 1980. La APM era en ese momento la única constituida en el ámbito judicial y se hizo con los 12 puestos, aunque incluyó en su lista algún nombre progresista como el del juez del Supremo Adolfo Carretero. La elección parlamentaria de parte de los vocales del CGPJ se instauró en 1985, cuando el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta. En esa decisión pesó la composición conservadora de la carrera judicial y la voluntad de los socialistas de que la mayoría parlamentaria tuviera cierto reflejo en la estructura judicial.
Alianza Popular —germen del actual PP— llevó la norma al Constitucional. El tribunal de garantías la avaló, aunque advirtió del riesgo de politización partidista. La actual fórmula mixta de elección de los vocales judiciales está vigente desde 2001, en virtud de un pacto suscrito entre el PP, que gobernaba entonces con mayoría absoluta, y el PSOE. Como sus predecesores, Feijóo ha prometido cambiar el sistema. Y parece que esta vez va en serio.