Alberto Núñez Feijóo sabe que el PP ha perdido la batalla parlamentaria sobre la ley de amnistía (aprobada el jueves en el Congreso por 177 votos a favor y 172 en contra). Sabe que el desgaste que Pedro Sánchez ha acusado por el olvido empieza a estar amortizado. Y sabe que, a pesar de los discursos inflamados de la derecha y la extrema derecha, en la calle el debate está superado. Pero sabe también que la Justicia juega de su parte. De ahí que ahora fíe a jueces y tribunales lo que su partido no ha conseguido frenar ni en las Cortes ni en la calle. Y así lo ha explicitado, sin ambages, al dejar abierta la puerta a que la ley no se aplique: “Jurídicamente, será cuestión de los tribunales derrotar a la amnistía”.
No hablaba a humo de paja porque casi en el mismo momento en que pronunciaba el pasado jueves estas palabras desde la tribuna del Congreso empezaba la fiesta en el ámbito judicial. Los fiscales del Tribunal Supremo entregaron al Fiscal General del Estado un informe, que nadie les había pedido, sobre el olvido penal para expresar su oposición a aplicar la ley en los delitos de malversación y a levantar la orden de detención contra Puigdemont. Un documento de más de 100 páginas en el que fuentes judiciales han visto más argumentos políticos que jurídicos en un papel que les debería ser ajeno .
Y aquí una muestra de ese texto: “Lo cierto es que la cuestión de la amnistía no formó parte del debate electoral, de modo que la ciudadanía ni fue informada ni fue consultada sobre la misma. No resulta extraño, por ello, que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y que su utilización como moneda de cambio haya generado un clima de crispación y de confrontación en su seno. Es más, alguna formación política concurrió a los comicios con programas y mensajes electorales en los que, o bien se oponía expresa o tácitamente a la aprobación de cualquier norma que otorgara la amnistía a los participantes en los hechos que se incluyen y negaba abiertamente su constitucionalidad, o bien omitía toda referencia en aquéllos a conceder esta vertiente del derecho de gracia a aquellas personas. En particular, debe reseñarse el brusco e inesperado cambio de opinión en el planteamiento político de una formación cuya candidatura obtuvo un número importante –pero no mayoritario– de votos y de escaños en las dos cámaras legislativas, que pasó de mostrarse totalmente contraria a la aprobación de cualquier norma que concediera una amnistía a las personas implicadas en los hechos delictivos relacionados con el procés, antes de la jornada electoral del 23 de julio, a sostener justamente lo contrario en fechas inmediatamente posteriores”.
Pero hay más: “Tal cambio de posición [del PSOE], justificado como necesario por el resultado electoral producido (en palabras de algún dirigente político [Pedro Sánchez], con ello se pretendía hacer de la necesidad virtud), no puede ser obviado para valorar jurídicamente no solo si cualquier norma que apruebe una amnistía es conforme o no a la Constitución, sino también y descendiendo al detalle del caso concreto, si la norma puede resultar o no constitucional, en tanto responde a un interés general o nacional que es necesario proteger para superar una coyuntura política excepcional, o bien obedece exclusivamente a razones de pura conveniencia política para formar una mayoría parlamentaria de gobierno”.
Es decir, los fiscales afirman que se pueden usar las declaraciones de Pedro Sánchez para deducir la legalidad o ilegalidad de una norma. Más claro: juzgar la legalidad o ilegalidad de un acto en base a las posiciones políticas de quien lo impulsa o por las simpatías que despierta en los fiscales.
El valor jurídico de una visión política
A lo largo de todo su informe, los fiscales persisten en dar valor jurídico a una visión política e insisten en la inconstitucionalidad de la norma porque no fue una promesa electoral, porque existe un amplio rechazo social o porque ha sido pactada con partidos que tienen militantes que pueden beneficiarse de ella.
A tenor de los diferentes partidos que han apoyado la norma, ninguno de los anteriores argumentos “tiene el menor valor jurídico”, esto además de que “resulta preocupante saber que existen fiscales del Tribunal Supremo capaces de condicionar el reconocimiento de derechos y libertades de acuerdo a sus prejuicios políticos”. Y los escasos argumentos jurídicos que arguye el informe carecen de una posición mínimamente coherente en tanto en cuanto se afirma que la norma es inconstitucional, pero aprueba que se aplique a los condenados o procesados por los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Más allá, la pregunta que sobrevuela estos días en la esfera pública es si se puede o no derrotar/suspender la aplicación de la ley, tal y como ha sugerido Feijóo. La respuesta es sí porque aquellos jueces que consideren que la norma puede entrar en conflicto con la Constitución o con el derecho europeo podrán en el plazo máximo de dos meses plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en este último escenario se paraliza la aplicación de la ley en ese caso concreto. Se da por descontado que en la causa del procés y en la de Puigdemont, el Supremo acudirá al TJUE, lo que demorará la aplicación mínimo año y medio entre los ocho más o menos meses que tardará la admisión a trámite y otros tantos en resolver la cuestión. Pese a todo, en el Gobierno confían en que el Supremo aplique la norma “por temor a ser corregido por el Constitucional y por el TJUE”. Cuestión distinta es el tiempo que se tarda en llegar a esa pantalla.
“El que pueda hacer, que haga...”
Y es que la ley entra ahora en un terreno desconocido y ajeno a la política porque son los jueces quienes tienen la última palabra y la oportunidad de dar al traste con una norma que ha elevado como nunca el tono del debate político y judicial. Tanto que por primera vez en democracia jueces y magistrados, no sólo han dado rienda suelta ante los micrófonos de radios y televisiones a las descalificaciones, sino que se han manifestado en la puerta de los tribunales antes de que fuera redactada y en lo que en el ámbito político de la izquierda, se entendió como el cumplimiento estricto de la consigna dictada por José María Aznar contra la ley en noviembre de 2023: “El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”.
El que menos ha podido hacer porque carece de la mayoría necesaria ha sido Feijóo que, parapetado tras las togas y los recursos ante el TC anunciados por las Comunidades Autónomas, ha decidido ahora tomarse con calma la potestad para llevar al Constitucional el texto antes de tres meses. Confía en que los primeros movimientos de jueces y fiscales le iluminen y también que pasen las elecciones del 9J, ya que en esta materia no se ven apremiados por la competencia feroz con Vox, que carece de los diputados necesarios (el mínimo son 50) para presentar recursos ante el TC.
La Moncloa, por su parte, da por finiquitado un debate que considera que ha sido validado por los 12 millones de españoles a los que representan los partidos que han apoyado la ley, además de por los catalanes en las autonómicas del pasado mayo. Los socialistas dan por cumplidos los objetivos para la normalización en Catalunya y aguardan, con aparente tranquilidad, al resultado de las europeas y a que se resuelva la incógnita sobre la configuración del nuevo Govern para saber si la legislatura sigue su curso y es posible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Todo vuelve, por tanto, a estar en pausa hasta que pase un 9J con el que el PP esperaba dar una estocada definitiva a Sánchez que, de momento, no vislumbran las encuestas. Toca esperar.
P.D. Las declaraciones de Toni Comín con las que el viernes condicionó el apoyo de Junts a Pedro Sánchez en Madrid a que facilite la investidura de Puigdemont no han perturbado la aparente tranquilidad con la que la Moncloa afronta las próximas semanas. “Ni forma parte de la dirección ni es lo que transmiten los interlocutores del expresident”, afirman. Lo que sí cayó como una bomba fue el anuncio del castellano-manchego Emiliano García Page de que ha iniciado los pasos necesarios ante el Consejo Consultivo de su región para recurrir la amnistía ante el TC, como harán los barones del PP. Y esto es algo que en Ferraz unos prefieren ignorar y otros, no pasarlo por alto.