“El PP llegará hasta el final en las reclamaciones pertinentes para que se haga justicia”. La dirección del Partido Popular, y también la de Vox, están decididos a convertir el error de uno de los diputados populares, que permitió este jueves convalidar por ese único voto el decreto de la reforma laboral, en un nuevo frente judicial contra el Gobierno.
Ambas formaciones tratarán así de frenar en el Constitucional una de las normas más importantes de la legislatura, que el Ejecutivo pactó con sindicatos y patronal pero que no contó con el apoyo de sus socios habituales. Esta circunstancia forzó al Gobierno a buscar otros votos, que finalmente no hubieran sido suficientes por el incumplimiento de lo acordado por parte de UPN, cuyos diputados, pese a que la dirección del partido había decidido apoyar la reforma, votaron 'no'.
La norma finalmente se salvó gracias a Alberto Casero, diputado del PP por la provincia de Cáceres, que apoyó por error la convalidación de la reforma laboral, la primera modificación del marco laboral que recupera derechos de los trabajadores. Lo hizo al emitir su voto telemático porque se encontraba enfermo.
Las ajustadísimas cuentas que manejaba el Gobierno –tras el anuncio del 'sí' de UPN, a última hora del miércoles, había 176 'síes' frente a 173 'noes'– hubieran hecho que con el cambio de parecer de los parlamentarios foralistas, que finalmente votaron 'no', en contra de lo ordenado por la dirección de su partido, la reforma laboral hubiera quedado derogada con 174 votos a favor y 175 en contra. Pero ese voto a favor de Casero dio un vuelco al resultado y finalmente hubo 175 votos a favor y 174 en contra.
El sistema de doble verificación
Esta situación provocó ya entrada la noche un embrollo parlamentario del que no se recuerdan precedentes. Desde el PP sostienen que el error fue del sistema de votación. Que Casero, en realidad, votó 'no', pero que el sistema le registró como un 'sí'. Y que el diputado, parlamentario por Cáceres y “en situación de enfermedad”, según reconocía la propia portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, llegó a viajar a Madrid para, presencialmente, intentar que fuese anulado su voto telemático, y que no se le dejó entrar en el hemiciclo.
Según el PP, el diputado pidió a la Mesa anular su voto, pero fuentes oficiales de la Cámara Baja niegan que se produjera petición alguna por parte de Casero. Lo que argumentan fuentes de la Mesa es que varios diputados del PP, entre ellos Gamarra y García Egea, se acercan a los miembros de la Mesa y les piden que Casero, que ha accedido al hemiciclo, pueda votar presencialmente: tanto el secretario general del Congreso como Batet les dice que ese no es el procedimiento y que la votación tiene que celebrarse y que Casero no puede votar presencialmente si ya lo ha hecho de forma telemática.
Las fuentes oficiales de la Cámara Baja consultadas por este diario descartan además que pudiera producirse un error técnico como el descrito por el PP porque existe un sistema de doble verificación de los votos telemáticos.
Los diputados que deciden votar de forma telemática deben rellenar un primer formulario en el que realizan las votaciones. Después, visualizan una pantalla en la que se detallan sus votos y los parlamentarios deben confirmar de nuevo, antes de obtener un certificado en el que se refleja, de forma definitiva, el sentido del voto emitido. Existe, por tanto, una doble verificación. Los servicios jurídicos del Congreso recuerdan además que, una vez emitido el voto telemático, este no se puede suspender para votar de forma presencial, ni se puede cambiar. Así ha sucedido en otros episodios recientes como cuando el diputado socialista José Luis Ábalos se equivocó en la votación telemática sobre los candidatos al Tribunal Constitucional hace unas semanas. Tampoco se le permitió modificar el voto.
Pese a estas garantías que evidencian que el de Casero fue un error humano, el PP habló de “cacicada” y “pucherazo”, tratando de deslegitimar la votación de la reforma laboral. “Meritxell Batet está secuestrando nuestra democracia”, tuiteó la cuenta oficial de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP. Esas acusaciones ya se habían producido en el propio hemiciclo, nada más terminar la votación.
El resultado había sido tan estrecho que, en un primer momento, la presidenta del Congreso llegó a comunicar que el decreto había sido derogado, con el consiguiente alborozo en las filas de PP y Vox y las caras de funeral en los bancos del Gobierno. Segundos después Batet corregía: los servicios de la cámara le habían informado de que había sido convalidado por 175 votos a favor y 174 en contra.
Recursos ante el Tribunal Constitucional
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió entonces la palabra para denunciar que, “con carácter previo a la votación”, se había puesto “de manifiesto a la Mesa un error informático”, en alusión a la votación del diputado Casero. La presidenta Batet le respondía que “precisamente porque la Mesa” era “conocedora” de lo ocurrido se trataba de “una cuestión técnica de la Mesa”, no le daba la palabra en el Pleno, lo que generó un enorme enfado en las filas populares con gritos hacia Batet del secretario general del partido, Teodoro García Egea.
Posteriormente el propio García Egea mantuvo una reunión con la presidenta del Congreso de la que al cierre de esta edición no se informó por parte de ninguna de las partes. Pero el PP sigue sin reconocer el resultado de la votación de la reforma laboral y tratará anularla por todas las vías, incluida la del Tribunal Constitucional. Ese camino ya lo había anunciado Vox, según explicó en rueda de prensa a última hora de la tarde su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona.
“Recurriremos a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento. Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones”, aseguró a última hora el presidente del PP, Pablo Casado. Ya al borde de la medianoche, el Grupo Popular remitió un escrito a Batet “para que convoque urgentemente a la Mesa del Congreso para tratar su decisión de impedir la votación presencial de un diputado tras alertar de un fallo en el voto telemático”.
La polémica ensombrece la aprobación de la reforma laboral, una de las normas más importantes de la legislatura, que ha generado gran inquietud al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y que agrieta algunas relaciones con sus socios de investidura. Se consiguió salvar 'in extremis' por el voto del diputado del PP y con el apoyo de Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís y varias formaciones minoritarias. Salió sin la mayoría de los aliados de la investidura, aunque el Ejecutivo y esas fuerzas se conjuran para seguir aliados lo que queda de legislatura.
El miércoles, apenas unas horas antes de la votación, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con UPN para que sus dos diputados votaran 'sí', lo que permitía, aunque por la mínima, la aprobación de la reforma. Pero los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero rompieron la disciplina de grupo dictada por la dirección de su partido y cambiaron su 'sí' por un 'no'. De momento la dirección del partido les ha exigido que entreguen sus actas de diputados. No hay noticia de que tengan intención de hacerlo y a última hora los diputados seguían apelando a un problema de conciencia, tras contar desde por la mañana a todos los medios que acatarían la disciplina de voto del partido pese a estar en desacuerdo.
La compleja aritmética parlamentaria
A favor votaron PSOE (con 120 parlamentarios), Unidas Podemos (que tiene 34, ya que aún no ha sustituido el escaño de Alberto Rodríguez tras su suspensión), los nueve de Ciudadanos, cuatro del PDeCat, dos de Más País, uno de Compromís y los de Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, todas ellas formaciones que cuentan también cada una con un único parlamentario en el Congreso.
A pesar de que la aprobación de su medida estrella no salió adelante con los votos que había planeado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba a última hora del jueves que estaba satisfecha con el resultado. “Ocho millones de personas se merecen tener un trabajo decente”, había solemnizado horas antes, en el discurso en el que defendió la reforma laboral
“Las grandes vigas maestras de la reforma de 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido, sencillamente, tumbadas, han sido tiradas abajo”, expresó Díaz. Aunque la reforma no toca aspectos como el despido, como pedían ERC o EH Bildu, supondrá una mejora de los derechos de los trabajadores al aumentar los salarios gracias al refuerzo de la negociación sectorial frente a la de empresa, recuperan poder en la negociación colectiva para evitar que decaigan mejoras pactadas en el pasado, se incorpora un paquete de medidas para reducir el altísimo empleo temporal en España y apuesta por los ERTE en el futuro de manera permanente, que evite los despidos habituales y masivos en épocas de crisis.
Llamadas a reconstruir el bloque de la investidura
Las críticas más duras que recibió el texto del Gobierno llegaban de los que hasta ahora han sido socios del Ejecutivo, especialmente del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que pese al voto negativo sobre la reforma laboral insistía en que esa posición no significa que vaya a romper relaciones con el Ejecutivo. Entre contundentes críticas, también hubo un compromiso por tratar de reconducir el “bloque de la investidura” por parte de EH Bildu y el PNV.
El tono fue completamente distinto por parte de los partidos que sí decidieron respaldar la convalidación de la reforma laboral. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se felicitaba porque la reforma laboral “no solo consolida elementos de la normativa aprobada por el PP en 2012” sino que “la mejora”.
Por parte del PP, que intervino en el turno en contra, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, arremetió contra el Gobierno por aprobar la reforma laboral a través de un real decreto-ley, obviando que este fue, precisamente, el mecanismo utilizado por Mariano Rajoy en 2012 para aprobar su reforma. “Nos rebelamos”, ha dicho Gamarra en la tribuna del Congreso. “¿Le parece bien que el rodillo de un Gobierno sea quien modifique con un real decreto ley el Estatuto de los Trabajadores?”, concluía.
En 2012, Rajoy contaba con mayoría absoluta. Aprobó un real decreto-ley para acometer una profunda reforma del mercado laboral sin reunir siquiera a los agentes sociales, mucho menos negoció con sindicatos y patronal para sumarlos a un acuerdo. El decreto-ley fue convalidado en el Congreso con el único apoyo de Convergència i Unió y no se tramitó como proposición de ley. Diez años después, el texto que deroga parte de esa reforma cuenta con el apoyo de sindicatos y empresarios, y ha sido convalidado en el Congreso con el apoyo de once partidos diferentes.
Celebración de sindicatos y patronal
Los sindicatos mayoritarios insistieron a lo largo de este jueves en su campaña para reclamar el voto a favor de la reforma en en Congreso. Ambos líderes, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), asistieron al debate parlamentario desde la tribuna de invitados. Y una vez aprobada la norma, por un solo voto, los dos líderes sindicales agradecieron a los partidos que votaron a favor.
La patronal, protagonista de muchas críticas de grupos que votaron en contra del decreto (como PNV, EH Bildu y ERC), mantuvo en cambio un perfil bajo, sin declaraciones públicas hasta la aprobación del decreto. Fuentes de CEOE apuntan a este medio que los empresarios valoran la luz verde al decreto porque “da estabilidad al país”. Aunque más discretos que los sindicatos, los empresarios han insistido en las últimas jornadas en la necesidad de que el Congreso convalidara la reforma pactada en el diálogo social para dar “estabilidad al país”.