La derecha judicial arrasa en los puestos de responsabilidad que los jueces eligen por votación

El dominio de las asociaciones judiciales que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha es total en los puestos de responsabilidad que los jueces de carrera eligen de forma directa mediante votación. Así lo vuelven a poner de manifiesto las elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos celebradas esta semana. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hizo con el 52% de los asientos, mientras la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial, que se definen como “independientes”, accedieron al 25% y al 11%, respectivamente. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia consiguió apenas el 3,3% de los puestos en liza. 

Estos comicios se rigen por un sistema mayoritario puro en el que resultan elegidos los aspirantes más votados y en el que cada elector puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. Es un modelo similar al que el Partido Popular defiende implantar para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos actuales consejeros tienen encomendada la tarea de realizar un informe sobre el modelo de elección de los miembros del órgano que debería estar redactado el próximo febrero. 

La elección directa por los propios miembros de la judicatura y sin intervención del Parlamento de los 12 miembros procedentes de la carrera judicial también es defendida por tres de las cuatro asociaciones judiciales. La APM apoya la designación directa por los jueces “sin restricciones”, mientras la Francisco de Vitoria y Foro Judicial incluyen matices a la elección corporativa para incluir a las “minorías” y solo Juezas y Jueces para la Democracia secunda el actual modelo. 

Las salas de gobierno cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. No obstante, son relevantes órganos internos, pues aprueban las normas de reparto de los asuntos, proponen jueces suplentes o tienen facultades disciplinarias. Su número de integrantes es variable porque depende del tamaño del tribunal autonómico en relación al número de provincias. Están constituidas por miembros natos y electos, que son los que se han renovado esta semana. Y que se eligen a través de un modelo de elección directa y listas abiertas, en el que se votan personas, no candidaturas cerradas. 

De hecho, en una misma candidatura puede haber miembros de varias asociaciones y no asociados. No obstante, los jueces no asociados están totalmente infrarrepresentados en estos órganos de representación. La carrera judicial está formada por 5.416 jueces y magistrados. De ellos, el 58% forma parte de alguna de las asociaciones profesionales reconocidas por el CGPJ. El otro 42% no está asociado. Pese a ello, las asociaciones volvieron a hacerse con un elevadísimo porcentaje de los puestos: 110 de 121, el 90%. Por contra, sólo resultaron elegidos 11 jueces no asociados, apenas un 9% de las plazas.

Dominio total de la APM

Por asociaciones, el dominio de la conservadora APM sigue siendo total. Esta asociación, con 1.412 miembros, representa al 26% de la carrera. Sin embargo, gracias al voto directo de jueces y magistrados consigue tener hasta 63 miembros electos en las salas de gobierno, más de la mitad del total. Le sigue la Francisco de Vitoria, que se autodefine como “independiente”, y segunda en número de afiliados con el 17% de la carrera. Accedió al 25% de los puestos, un total de 30.

Foro Judicial Independiente, tercera en afiliación con el 6%, consiguió 13 sillones en las salas de gobierno, el 11% de los que se repartían. La peor parada es la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Representa al 8% de la carrera con sus 436 afiliados y solo tiene cuatro miembros electos en las salas de gobierno.  Así, según estas cifras, la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial acaparan el 88% de los puestos electos en estos órganos aunque representan al 50% de la carrera. 

Este sistema mayoritario puro ha recibido críticas de las asociaciones que no son la mayoritaria por limitar las opciones de las listas que no son la más votada a pesar de que sí tengan cierto apoyo. Y, en consecuencia, por no reflejar el pluralismo existente en el cuerpo electoral. En 1999 las tres asociaciones judiciales minoritarias no concurrieron a los comicios en protesta por un sistema electoral que, denunciaron, “no permite la representación de las minorías”, según relató El País.

El estudio en detalle de los resultados evidencia el predominio de los representantes de la asociación conservadora y esa infrarrepresentación de las minoritarias y, sobre todo, de los jueces no asociados. Así, la APM logró hacerse con el 100% de los puestos en juego en la Audiencia Nacional y hasta cinco tribunales autonómicos: Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Además, obtuvo la mayoría absoluta en el Tribunal Supremo y los tribunales de Asturias, Baleares y el País Vasco. 

Las candidaturas de la Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, obtuvieron el 100% de los puestos electos en las salas de gobierno de los tribunales de Canarias, Cantabria y Murcia y la mayoría absoluta en Catalunya y Extremadura. Foro Judicial Independiente, por su parte, logró el 100% de la representación en el tribunal superior de Aragón, la mayoría en el de Navarra y también tiene representación en Catalunya, Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Juezas y Jueces para la Democracia solo tiene cuatro representantes: dos en el tribunal autonómico de Asturias, uno en el de La Rioja y otro en el del País Vasco. 

Las elecciones a las salas de gobierno y las de la Comisión de Ética Judicial —un organismo independiente del CGPJ, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial— son las únicas donde los jueces ejercen su derecho al voto de forma directa. Para las salas de gobierno la votación se puede realizar únicamente de forma presencial o por correo, mientras que para la Comisión de Ética Judicial sí está previsto el voto telemático.