La derecha intentó montar una teoría de la conspiración contra el Gobierno por autorizar las manifestaciones del 8M en 2020. No lo consiguió. Los meses sucesivos se agolparon una enorme cantidad de querellas contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia. Y el Tribunal Supremo dijo que no había responsabilidad penal en la actuación política. Pero ni PP, ni Ciudadanos ni Vox se dan por vencidos y tratan de extender de nuevo la sospecha de que el Gobierno ocultó datos sobre la expansión del virus en los primeros compases de la pandemia. La campaña comenzó el jueves, el mismo día que el país se levantó con los mejores datos históricos de paro para un mes de noviembre.
Ese nuevo intento de señalar al Ejecutivo se ha montado sobre una frase de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una entrevista en Radiocable: “El 15 de febrero, como la pandemia azotaba a Italia convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que España es Italia, y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. El 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera, y se me acusó de ser una alarmista”. No es la primera vez que Díaz recuerda que su Ministerio elaboró esa guía, pero en esta ocasión la derecha ha salido en tromba.
El líder del PP ha sido el más contundente. Pablo Casado ha acusado al Gobierno de “ocultar” la importancia de los contagios para garantizar la celebración de la manifestación del 8 de marzo. Ha añadido también que la Fiscalía “ha paralizado” las querellas por parte de sanitarios y asociaciones de pacientes, aunque estas llegaron al Supremo y el tribunal se pronunció sobre ellas. Su partido ha registrado también la petición de una comisión de investigación en el Congreso y Casado ha advertido de que, si no prospera, acudirán a la Fiscalía para que investigue a quienes “retrasaron las medidas” y provocaron muertes y contagios.
Su número dos, Teodoro García Egea, ha dicho también que se trata de “un caso de negligencia política”, si Díaz “tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió con los miembros del Gobierno o con el resto de la sociedad”. Vox ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le ha exigido que explique por qué ocultó lo que sabía de la expansión del coronavirus en febrero de 2020.
Díaz defendió este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que España ha sido ejemplar “en la gestión de la pandemia y de la vacunación”. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, añadió que lo que hizo el Gobierno fue “dar una respuesta, siempre bajo los criterios de la ciencia los expertos y las autoridades sanitarias”.
Los tres partidos de la derecha se alinean en la tesis de que Yolanda Díaz tenía una información sobre la COVID-19 que no compartió. Pero la hemeroteca entierra esa teoría: la guía se publicó, se debatió sobre su contenido y fue criticada por empresarios y por el propio PP.
Una guía pública y criticada
El 4 de marzo de 2020 había 200 contagios de coronavirus confirmados en España. La pandemia aún se veía como algo más internacional que nacional, pero la gravedad ya no estaba a cientos de miles de kilómetros, en China, sino que llegaban noticias preocupantes desde Italia. En este contexto, el Ministerio de Trabajo publicó una guía para empresas y trabajadores sobre cómo podían evitar los contagios en los entornos laborales.
Aunque el documento se remitía a legislación ya vigente, generó una gran polémica y fue tachada de “alarmista” tanto por los empresarios como desde el PP, e incluso generó malestar a nivel interno en el Ejecutivo en un momento en el que las valoraciones sobre la pandemia las centralizada el Ministerio de Sanidad que lideraba Salvador Illa.
El documento de Trabajo no estaba oculto. Se difundió a los periodistas y aún hoy se puede, de hecho, consultar en la página web del Ministerio. Su difusión pública fue precisamente el foco de la polémica, ya que algunos políticos y empresarios consideraron que podía “alertar” a la población en un momento en el que en España no habían saltado aún las alarmas.
Las críticas al texto se centraban sobre todo en la mención a la posibilidad de parar actividades en caso de riesgo real de contagio e incluso de que los trabajadores abandonaran sus puestos si consideraban que su salud corría peligro. El documento recordaba también a las empresas la opción de implantar medidas organizativas como el teletrabajo para evitar los contactos y la expansión del virus.
Tras su difusión, el Ministerio de Trabajo recibió multitud de críticas, también internas. La Moncloa mandó un día después un comunicado a los medios que arrancaba con un “las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad”, que se leyó como una desautorización a la ministra Díaz.
El mismo día 4, las dos patronales más importantes (CEOE y Cepyme) también enviaron un comunicado conjunto en el que tachaban de “gran error” dar difusión a una guía “que genera alerta y confusión al no corresponder con la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad”, apuntaban. Incluso los sindicatos mayoritarios criticaron ese miércoles a Trabajo, en su caso por no participar en la elaboración de dicho documento.
El PP también la criticó. En una comisión parlamentaria, el 5 de marzo, el diputado del PP Tomás Cabezón dijo que la guía había generado “incertidumbre” y pidió al ministro José Luis Escrivá que mandara un mensaje “tranquilizador” a los empresarios. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, tachó de “alarmista” la guía.
Díaz ha recordado en muchas ocasiones (no solo en la reciente entrevista en Radiocable) esos ataques a una guía que se quedó corta, porque solo unos días después se ordenó a la población que se quedara confinada en casa. Pero eso se ha apreciado pasado el tiempo. Ese mismo 4 de marzo por la noche, elDiario.es publicó una entrevista con la ministra de Trabajo, en la que reconocía “preocupación”, pero también hacía una llamada a la prudencia.
“Estamos preocupados”, respondía sobre si el coronavirus podía tener efecto en el empleo. “Tenemos ya la guía para actuar. Hay que pedir prudencia, estamos en un momento de transición. Todo el Gobierno, con el presidente a la cabeza, estamos actuando de manera rápida. Quiero destacar el gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Es extraordinario, está siendo emulado en otros muchos países. Quiero ser prudente. Estamos analizando el impacto económico. Estamos mirando los datos a diario para saber si puede haber problemas de envergadura”.
La conspiración del 8M que quedó en nada
La derecha ha intentado ya en varias ocasiones que los tribunales actúen contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. El caso más claro fue con la querella por permitir la manifestación del 8 de marzo. PP, Ciudadanos y Vox señalaron esa concentración como el origen del estallido de contagios –en contra de lo que señalan los datos– y acusaron a los responsables políticos de minimizar la pandemia para permitir que se celebrara. “La hecatombe se veía venir. Lo sabían”, dijo Pablo Casado.
Una jueza de Madrid inició una investigación apoyada en un informe de la Guardia Civil lleno de conclusiones sesgadas, errores, documentos recortados y bulos. Una de las teorías de los agentes es que el Gobierno había avalado esa marcha mientras prohibió otras durante esos días: los testigos desmintieron en sede judicial las conclusiones de ese informe, que habían saltado inmediatamente a los titulares de prensa de algunos medios.
En medio de la campaña política y mediática, la jueza tuvo que archivar el caso. En su auto, argumentó que la Delegación del Gobierno no tenía información sanitaria “cierta, técnica y fundada”. Esa fue la primera iniciativa contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia, pero después sobrevino un aluvión de querellas.
En diciembre de 2020, el Supremo se pronunció sobre todas ellas al tener como elemento común que señalaban a miembros del Gobierno, aforados ante ese tribunal. Los jueces dijeron entonces que no se podía castigar con la ley decisiones que en un principio se consideraban acertadas, pero que luego resultaban “ineficaces o contraproducentes”. Eso no convertía “al responsable político en responsable penal, y añadieron que la calificación jurídica de unos hechos no puede depender de la indignación colectiva” por la “tragedia” derivada de la pandemia, ni por el “legítimo desacuerdo” con decisiones del Gobierno.
El Supremo dijo entonces que, si en algún momento había datos objetivos para actuar contra miembros del Gobierno, la investigación debía iniciarse en un juzgado ordinario y elevarse al alto tribunal en caso de indicios de delito. A día de hoy, un año después, no hay ningún responsable político imputado.
Los jueces sí que advirtieron entonces que pudo cometerse delito en una de las actuaciones de la pandemia: los protocolos que impidieron el traslado de ancianos desde las residencias a los hospitales, y ordenó investigarlos.
En Madrid, donde el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso dio esa orden, las investigaciones de los juzgados han ido contra los trabajadores, pero no contra los responsables políticos. Solo entre marzo y mayo de 2020 fallecieron 7.690 internos en las residencias de Madrid.