Elevar los problemas domésticos a la UE. Esa ha sido la tónica de la derecha española durante todo el mandato de Pedro Sánchez. Y la ofensiva se ha multiplicado en las últimas semanas ante el pacto del PSOE con Junts que contempla una amnistía. El asunto no pilla de nuevas a la Comisión Europea y tampoco a la Eurocámara, donde el principal referente del procés, Carles Puigdemont, tiene un asiento desde el año 2019 que ha sido objeto de polémica desde el principio por la batalla político-judicial de la que han sido testigos todos los eurodiputados. Y ahí han querido llevar la nueva polémica PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, tras haber inundado el correo electrónico del comisario de Justicia, Didier Reynders, que les hizo caso a medias.
El PP tenía como gran hito de la semana el debate en Estrasburgo sobre el Estado de derecho en España. La jefa de la delegación, Dolors Montserrat, compareció junto al portavoz, Manfred Weber, en la habitual rueda de prensa de los martes. Un gesto bastante inusual. Pero es que el propio Weber llegó a decir que ese punto era el más importante del orden del día en el que se ha abordado también la situación en Gaza con el alto representante, Josep Borrell, o legislaciones sobre la mesa, como la de reducción del uso de pesticidas, que el Parlamento Europeo ha tumbado.
Pero la efusividad de la derecha española –también la extrema, que contó con la presencia de Santiago Abascal en la ciudad francesa– se chocó con la realidad, más allá de un puñado de representantes de Forza Italia que se hicieron una foto antes del Pleno con unos carteles en los que se leía “España se vende por siete votos”. Menos de un centenar de eurodiputados –de los que la mayoría eran españoles– siguió el debate en la Eurocámara. Ante un hemiciclo prácticamente vacío, Montserrat clamó contra la “condena de Europa” que, a su juicio, supone la amnistía. Weber, que hace unos meses tenía todas sus expectativas en la victoria de Alberto Núñez Feijóo para que el Partido Popular Europeo pudiera aumentar su presencia en el Consejo, también auguró que “más tarde o más temprano” será presidente mientras que Sánchez pasará a “la historia como aquel que violó el Estado de derecho”.
Los eurodiputados de Vox directamente dijeron que en España ha habido un “golpe de Estado”, lo que provocó un ligero apercibimiento de la presidencia de la Eurocámara. “Cuidado con la terminología a la que recurren”, expresó tras la intervención de Herman Tersch.
“No frivolicen con este tema porque ya sabemos cómo acaba, y usen su influencia. Tienen hoy la oportunidad de seguir defendiendo el Estado de derecho junto a nosotros como en Hungría o Polonia”, expresó el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez dirigiéndose específicamente a la bancada socialdemócrata, que estaba nutrida, fundamentalmente, de representantes del PSOE. Y es que en los últimos días habían fantaseado con la posibilidad de que representantes de otras nacionalidades se desmarcaran. Vázquez envió incluso cartas a los jefes de las delegaciones del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) para denunciar la “impunidad” que supone la amnistía.
Cierre de filas en ambos 'bandos'
Pero ningún eurodiputado del 'bando' socialista se desmarcó (como tampoco lo hizo ninguno de los grupos de la derecha). El número dos del S&D, el portugués Pedro Marques, lanzó un recado a Esteban González Pons: “Ha dicho que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si está en el lado de los constitucionalistas o de los enemigos de la Constitución. ¿Qué respeto por la independencia de la justicia es esto?”. El alemán René Repasi reconoció que el asunto es “complicado” y no se puede “juzgar desde fuera”. “La Comisión Europea debería quedar fuera. La ley de amnistía no tiene nada que ver con el derecho comunitario”, atizó.
Y es que el comisario de Justicia, Didier Reynders, sí volvió a decir que están analizando la proposición de ley, aunque están a la espera de su tramitación definitiva. Tras soliviantar al Gobierno con una carta en la que pedía explicaciones sobre “el alcance” de la medida en plenas negociaciones del PSOE con Junts, y antes de que el texto estuviera siquiera registrado en el Congreso, el dirigente liberal aguarda una reunión la próxima semana con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Apreciamos la voluntad de las autoridades españoles de articular un diálogo con la Comisión sobre las reformas en el futuro”, señaló.
Reynders recordó que el conflicto en Catalunya “es una cuestión interna que tendrá que dirimirse según su orden constitucional” y, sobre la ley de amnistía, que la Comisión Europea “realizará un estudio con detenimiento, de forma independiente y objetiva” una vez esté concluida.
A partir de ahí, cada uno hace su interpretación. En Moncloa se aferran a que el comisario ha dejado negro sobre blanco que la resolución del conflicto corresponde a las autoridades españolas y también recuerdan que la ley de amnistía se someterá al control del Tribunal Constitucional y la ley será ejecutada por los jueces, tal y como recordó en el debate la secretaria de Estado para los Asuntos Exteriores, Ana Moreno.
El PP, sin embargo, pone el énfasis en que Reynders va a hacer un análisis de la ley y, sobre todo, en el recado que ha dejado respecto a la posible inclusión en la normativa de las referencias al 'lawfare' que sí figuran en el acuerdo con Junts y que eran los elementos que causaban preocupación en Bruselas, además de la posibilidad de que se perdonen delitos que afectan a las finanzas europeas, pero han quedado específicamente en las excepciones del texto. “Como guardiana de los tratados, nosotros tenemos que examinar la compatibilidad con el derecho comunitario, es el Estado de derecho lo que nos une y de manera independiente y objetiva la Comisión llevará a cabo este análisis, sobre este proyecto de ley pero también lo hará con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria y todos los textos que se han llevado a cabo en el marco de la formación del Gobierno en España. Son textos de los que de momento no disponemos y nosotros concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado por el Parlamento”, resumió el comisario.
Fuentes del PP admiten que hay poco que la Comisión Europea pueda hacer por ahora, aunque están poniendo todos sus esfuerzos en que el mensaje llegue al gobierno que preside la alemana Ursula von der Leyen. De ahí que su intención sea movilizar el tema donde puede: en la calle y en el Parlamento fundamentalmente. La otra cara de la estrategia la anticipó el vicesecretario del PP Esteban González Pons al volver a airear el fantasma de que Bruselas puede cortar los fondos a España, a pesar de que no hay ninguna señal en esa dirección.
Lo que sí ha reiterado Reynders es la necesidad de que España cumpla con las recomendaciones del informe del Estado de derecho que emitió en julio y que tenía como asunto urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP lleva bloqueando cinco años.