Las derechas se aferran a unos recursos de dudoso recorrido judicial como última vía para anular los indultos

Partido Popular, Vox y Ciudadanos lanzaron hace ya más de un mes una ofensiva contra los indultos a los presos del procés con la que pretendían hacer caer al Gobierno progresista. La mayoría de las encuestas publicadas apuntaban entonces a un rechazo generalizado de la sociedad española a esos perdones y, ante ese panorama, las tres derechas pretendían obtener rédito político de esos sentimientos en contra de la medida de gracia tratando de desgastar al máximo posible a la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Se plantearon distintas iniciativas –que fueron de la fallida recogida de firmas del PP a la protesta de Colón del pasado día 13 en la que hubo una menor asistencia de la esperada a pesar de haber sido secundada por las tres derechas–, pero todas ellas fracasaron. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó los nueve indultos a los dirigentes independentistas. Unos perdones que en los últimos días han sido avalados por la mayoría del Congreso de los Diputados –que la semana pasada rechazó una moción del PP contra los indultos y este martes una segunda iniciativa–, organizaciones sindicales, sociales y empresariales catalanas y estatales, e incluso por los máximos responsables de la Iglesia Católica en Catalunya.

En este escenario, la única vía que contemplan ahora las tres derechas para anular esos indultos pasa por presentar sus anunciados recursos ante los tribunales que, sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo –el tribunal sentenciador de los presos indultados–, tendrían un dudoso recorrido judicial.

El actual presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Carlos Lesmes, dejó escrito en un auto de 2013 que los diputados y senadores que representan a partidos no estaban legitimados para pedir al Supremo que revocara un indulto del Gobierno. A diferencia de las causas penales, la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la que se pueden recurrir los actos del Gobierno como el perdón a los presos del procés, es muy restrictiva a la hora de permitir la personación de los partidos políticos. Lo más habitual es que el indulto lo recurra la víctima del delito.

El PP se enreda mezclando el 1-O con los CDR

A pesar de ello, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró a primera hora del martes que él sí cree posible que su partido recurra ante el Supremo. En una entrevista en Onda Cero, el máximo jefe de los populares anunció que va a solicitar “la legitimación” para presentar su recurso al entender que el PP es “parte afectada” después de que un juez, a raíz de un informe de la Guardia Civil, haya tomado declaración a unos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) –grupos de activistas independentistas– que, según Casado, “reconocieron que estaban investigando a personas del Partido Popular”, como él mismo, para “atentar”.

“Creo que en este caso podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía 'seguir apretando', y son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Gandalf, podemos decir que somos parte perjudicada”, aseguraba en la citada entrevista el líder del PP.

La interpretación de Casado choca con el hecho de que habla de dos causas distintas: la de los líderes del procés se juzgó en el Supremo y el PP ni siquiera ejerció la acusación popular, que estuvo en manos de Vox, mientras que el caso de los CDR sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y no hay hay fecha para el juicio. Los populares tampoco están personados en la causa de los CDR a día de hoy, aunque lo están estudiando según aseguró este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Además, en el informe citado por Casado, la Guardia Civil se limita a atribuir a uno de los CDR investigados búsquedas en internet sobre el líder del PP y otros políticos contrarios a la independencia, como Manuel Valls. Apunta el Instituto Armado como posibilidad que las búsquedas “tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas”, pero no se encontró en los domicilios de los CDR investigados plan o documento alguno que fuera más allá de las citadas búsquedas de los personajes en internet. Todos los investigados en la causa siguen en libertad después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el carácter terrorista del grupo mantenido por el juez instructor y la Guardia Civil.

Vox denunciará a todos los ministros

Como parte personada en la causa juzgada en el Supremo, Vox también ha anunciado que recurrirá los indultos por la vía de lo contencioso administrativo. Y, este martes, la extrema derecha anunció además su decisión de llevar ante los tribunales a cada uno de los ministros del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. “Frente a un Gobierno arrodillado ante el golpismo, el separatismo y la barbarie, sólo queda Vox”, escribió en Twitter el partido que lidera Santiago Abascal. Según explicó en rueda de prensa la diputada Macarena Olona, los miembros del Ejecutivo han incurrido, según ella, en una “evidente corrupción política e institucional” y su comportamiento podría considerarse una muestra de “prevaricación”. Vox también quiere que se celebre una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez como la que presentó en el pasado y que fracasó tras no lograr más apoyos que los del propio partido de Santiago Abascal. Pero el PP, fuerza necesaria para que prosperara la iniciativa, dejaba este martes claro que no le interesa participar en una moción que, como la de octubre, está abocada a ser tumbada por la mayoría parlamentaria de la izquierda y los nacionalistas.

Desde Ciudadanos, su presidenta, Inés Arrimadas, confirmaba asimismo este martes desde el Parlament de Catalunya la presentación de otro recurso ante el Supremo al considerar que los indultos “incumplen el informe preceptivo del Supremo, la promesa de Sánchez y el sentido común”. A su juicio, la medida solo tiene “utilidad para Sánchez y la legión de enchufados que tiene en las instituciones, así como para la legión de enchufados que tiene el independentismo y sus chiringuitos regados con fondos públicos”.

Ante las dudas que se han suscitado sobre si se pueden recurrir esos decretos, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal –que es abogado del Estado–, explicó que la jurisprudencia indica que “se han ampliado muchísimo los motivos por los que se pueden recurrir”, como es el hecho de que el Gobierno haya tomado esa decisión en contra del criterio de la sala sentenciadora y de la Fiscalía. Esta circunstancia, según explicó Bal, ha propiciado que muchos recursos hayan sido estimados por la Sala Tercera del Supremo, que ha acabado revocando algunos de los indultos concedidos. Otra de las causas que esgrimen desde Ciudadanos es que los dirigentes independentistas “no solo no se han arrepentido de lo hecho, sino que han vuelto a advertir que lo volverán a hacer”.

PP, Vox y Ciudadanos tendrán que presentar sus recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pues al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros, este es el órgano al que corresponde el control jurisdiccional. En todo caso, al ser el indulto un “acto político”, el Alto Tribunal no puede hacer una revisión jurisdiccional de la decisión de indultar, sino que se tiene que limitar a comprobar si la tramitación —los llamados “elementos reglados”— se ha hecho de forma correcta. Los hipotéticos recursos no frenarían además la ejecución de los indultos, según explicaron esta semana fuentes del Supremo.

El recorrido en el Supremo y el Constitucional

Con todo, la única vía que tendrían los recurrentes para evitar la excarcelación de los presos sería solicitarlo a través de unas medidas cautelarísimas –que este martes, tras la aprobación de los indultos, no se presentaron PP, Vox, ni Ciudadanos– que obligarían a la Sala a resolver en 48 horas y sin escuchar a la otra parte —en este caso, la Administración— si paraliza o no su ejecución hasta su decisión sobre el fondo del recurso. Las fuentes jurídicas consultadas ven muy improbable esa paralización teniendo en cuenta que se trata de una medida de libertad y que incluso el Supremo ha puesto en duda en el pasado la legitimidad de los partidos políticos para recurrir esta medida de gracia. 

Tras el trámite del Supremo, también estaría abierta la vía del Constitucional. En principio, podrían presentar recurso de amparo alegando una posible vulneración de la tutela judicial efectiva tanto los partidos políticos, en caso de que la Sala Tercera rechazara su pretensión de anular los indultos; como el Gobierno o las organizaciones que han solicitado la medida de gracia, si estos fueron cancelados. No obstante, fuentes del tribunal de garantías sostuvieron también esta semana que se trata de un futurible y que habría que ver primero con detalle qué hace el Supremo y también quién presenta los recursos. Para la interposición del recurso de amparo es preciso haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en esta, tan pronto como sea posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.