Partido Popular, Vox y Ciudadanos creen haber visto una oportunidad para hacer caer al Gobierno de coalición y a su presidente, Pedro Sánchez, en la pretensión del Ejecutivo de conceder los indultos a los presos independentistas. Tras conocer este miércoles el rechazo del Tribunal Supremo a conceder esas prerrogativas, en un duro informe que se suma a los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las tres derechas han iniciado una guerra sin cuartel para tumbar a la izquierda, que se enmarca en la batalla por un mismo electorado conservador. La contienda entre Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas comenzó hace tres años y, pese a ella, sus partidos conservan intactos los pactos en Andalucía y en varios ayuntamientos.
La estrategia para utilizar los indultos contra el Gobierno la desplegarán durante lo que queda de legislatura, a pesar de que Sánchez se encuentra en la mitad de su mandato y a que ya ha dejado claro que no tiene previsto adelantar las generales, previstas por Moncloa para finales de 2023 o incluso principios de 2024. El Ejecutivo habló incluso de un reinicio de la legislatura tras las elecciones madrileñas en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso, frente a la debacle de los socios del Gobierno central: PSOE y Unidas Podemos.
El primer paso de las tres formaciones conservadoras será recurrir los indultos ante el Supremo si finalmente son acordados por el Consejo de Ministros, tal y como aventuran las declaraciones del propio Sánchez de las últimas horas y de otros miembros del Gobierno, como José Luis Ábalos que recalcan que pese al rechazo del Alto Tribunal la decisión final corresponde al Ejecutivo. El presidente ha abogado por hacer prevalecer la “concordia” frente a la “revancha” o la “venganza”, unas afirmaciones que para PP, Vox y Ciudadanos suponen la “confirmación” de que el Ejecutivo concederá los indultos y el desplazamiento, a su juicio, del PSOE a los márgenes del sistema.
Pero el recurso a los tribunales no agotará la estrategia de las tres derechas, dispuestas a todo. Además de iniciativas parlamentarias, se plantean incluso impulsar movilizaciones callejeras para presionar al presidente del Gobierno a que dimita y adelante las generales. La pretensión de Moncloa sigue siendo, no obstante, que los comicios no se celebren antes de que termine la legislatura.
El PP considera que la voluntad del Gobierno de conceder los indultos pese al rechazo del Supremo supone “el fin” del Ejecutivo de coalición y demuestra que la legislatura “está agotada”. “Pedro Sánchez ha pedido la cuenta”, ironizan desde la dirección 'popular', que confía en que la concesión de los indultos suponga un nuevo impulso en las encuestas para su líder, Pablo Casado, al que ya ven en la Moncloa en cuanto se convoquen las generales. Esas medidas de gracia son, según aseguró el propio Casado este miércoles durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, “el pago” a las fuerzas independentistas catalanas “por haberle metido en la Moncloa”. Pero el gesto, insiste el líder del PP, “será el finiquito” de Sánchez “y el epitafio del Partido Socialista constitucional”.
“Mentiras”, “traiciones” y “felonías”
Ante ese hipotético final del PSOE que auguran en Génova 13, la “única” opción de gobierno sería, afirman, la que encabece Casado que, impulsado por el triunfo de Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado día 4, ha conseguido escalar puestos en algunas encuestas que apuntan a que hoy en día el PP podría superar a los socialistas en intención de voto. La lectura de la dirección de los 'populares' es que los indultos harán que el partido crezca aún más, reforzado también por la absorción de los votantes de Ciudadanos –siguiendo el esquema de Madrid, donde el partido de Inés Arrimadas ha desaparecido de la Asamblea– e incluso por parte del electorado de Vox y de posibles socialistas “decepcionados” con Sánchez.
Todo ello a pesar de que desde el Gobierno han dejado claro que no se producirá ningún adelanto electoral, y a que el propio líder del PP tampoco quiere que las generales sean antes de la convención de su partido del próximo otoño, en la que tiene previsto perfilar su “alternativa” política frente al Ejecutivo de izquierda. Hasta que lleguen los comicios, Génova 13 está dispuesta a situar en el centro de su estrategia de oposición de los próximos dos años –o durante lo que quede de legislatura– los indultos a los presos independentistas que el PP ya da por hechos tras las últimas declaraciones de Sánchez.
La idea de Casado –y también la de Vox y Ciudadanos– es presentar al PSOE como una suerte de partido antisistema por conceder los indultos en contra del criterio del Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y por hacérselos firmar al rey que, dos días después del referéndum independentista del 1 de octubre, pronunció un polémico discurso en contra del pulso independentista, que no se entendió en Catalunya incluso por parte de los partidos llamados constitucionalistas. “No puede ser que el Gobierno le haga firmar esto al rey de España”, sostienen desde la dirección del PP.
Durante el Pleno del Congreso de este miércoles, Casado acusó a Sánchez de “mentir a los españoles para ganar las elecciones” por asegurar que no lograría acuerdos con fuerzas nacionalistas. “Y al día siguiente pactó con los secesionistas”, recalcaba el líder del PP, que aseguró que el presidente del Gobierno “traicionó” a sus votantes. También le culpó de “poner en riesgo la España constitucional” y recalcó que si finalmente el Gobierno concede los indultos el PP acudirá al Tribunal Supremo, una iniciativa a la que ya han anunciado que se sumarán también sus socios autonómicos, Vox y Ciudadanos. Un diputado popular llegó a considerar los indultos como una “felonía” del Ejecutivo.
En su respuesta, Sánchez insistía en que su equipo adoptará la decisión sobre la concesión de los indultos “en conciencia” y quiso desvincular esa iniciativa con el respaldo que le dieron las fuerzas independentistas en la investidura, como trata de hacer ver el PP. “Tomaremos la misma decisión que si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños”, zanjaba. El jefe del Ejecutivo recordaba además que “la Constitución recoge tanto el castigo como la concordia”. “Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”, añadía Sánchez, que recalcaba que “tomará la decisión por la convivencia de los españoles” y en “beneficio de la concordia”. A Casado le pedía que apoye “al Estado” como el PSOE hizo tras el referéndum del 1-O y la aplicación del 155 en Catalunya cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Y recordaba que “a quien le hicieron un 1 de octubre fue a un Gobierno del PP”.
Manifestaciones contra el Gobierno
Pero pese a las llamadas al entendendimiento, Casado no tiene previsto mover un ápice su postura negativa sobre los indultos. Para el líder de los populares, el informe del Tribunal Supremo hecho público este miércoles en el que el Alto Tribunal se opone a que el Gobierno los conceda es “demoledor”. Y por ello quiso lanzar una advertencia a Sánchez y a su equipo si, pese al parecer del Supremo, conceden esa medida de gracia a los dirigentes independentistas: “Iremos hasta el final para defender la Justicia”. Según explican fuentes del PP en el Congreso, el principal partido de la oposición tiene previsto “intensificar” su actividad parlamentaria contra el Gobierno, al que consideran “agotado”, y no descartan ningún tipo de iniciativa en los próximos meses, siempre centradas en “impedir” o en “denunciar” esos indultos.
Es la misma línea que tiene previsto seguir Vox, principal competidor del PP por el electorado de derechas tras las debacles encajadas por Ciudadanos en Catalunya y Madrid. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguraba este miércoles estar dispuesto a poner “todos los medios” a su alcance para impedir los indultos y, una vez concedidos, tratar de tumbar al Gobierno desde los tribunales o incluso desde las calles.
“No hay absolutamente ninguna justificación jurídica para un posible indulto”, subrayó nada más conocer el rechazo del Supremo. Vox, apuntaba, hará “toda la presión” posible con marchas y manifestaciones contra el Ejecutivo. “Pondremos toda nuestra fuerza, vigor y empeño para evitar este auténtico bochorno”, garantizaba. A su juicio, estos indultos son algo “inasumible para cualquier demócrata” y “rebasa el límite de lo aceptable por cualquier persona y cualquier sentido de justicia, equidad y democracia en países como España”.
En términos similares se expresaba este miércoles la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que aseguró que la concesión de los indultos supondría un antes y un después en su relación con el Gobierno, al que se acercó en los últimos meses pactando prórrogas del estado de alarma o negociando los Presupuestos. “Sánchez ya dejó claro cuál era el camino que elegía para España”, añadía Arrimadas, en alusión al pacto del Ejecutivo con ERC y EH Bildu para aprobar las cuentas. Entonces, apuntaba la líder de Ciudadanos ya comprobaron lo “difícil” que es negociar con este Gobierno y ahora esto ha quedado aún más claro, tras ver cómo el presidente “tiene la poca vergüenza de vender España y humillar a millones de catalanes por permanecer un tiempo más en Moncloa”.
Ciudadanos actuará en todos los parlamentos
Para ella, indultar a los presos del 'procés sería “lo más grave que haría Sánchez” desde que asumió el cargo. Por ello, Arrimadas anunciaba que Ciudadanos presentará una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde está presente a favor de “cumplir con la ley y la Constitución, respetar a la Justicia y defender a España”. Y si finalmente el Gobierno indulta a los condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, su partido, al igual que PP y Vox, utilizará “todas las herramientas jurídicas y democráticas” en contra del Ejecutivo.
“No pretendan reescribir la historia pasando por encima de lo que dice la Justicia española. No pongan a prueba a la sociedad española, porque es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que Sánchez se cree”, advertía Arrimadas, apuntando, como Vox, a unas posibles movilizaciones callejeras contra el Gobierno. En su opinión, tras el informe negativo del Supremo, a Sánchez “no se le puede pasar por la cabeza indultar a estos golpistas, después de lo que hicieron a los catalanes constitucionalistas, del desafío y el ataque a España y a la democracia que supuso el golpe de Estado de 2017”.
Menos claro se expresaba en un tuit el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. “Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera”, aseguraba él.