La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se ha convertido en el nuevo objetivo de los ataques de las derechas por su actuación ante el caso del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un policía en 2014. Su posible inhabilitación como parlamentario –la condena establecía la suspensión de su derecho al sufragio pasivo– ha generado un embrollo jurídico entre el Alto Tribunal y la Cámara Baja, que se agravó este jueves con la celebración de una reunión de la Mesa del Congreso que, dividida entre izquierda y derecha, acabó pidiendo más aclaraciones al Supremo.
PP, Vox y Ciudadanos tienen clara su posición, que Rodríguez debe dejar el escaño, a pesar del informe de los letrados de la Cámara Baja que, a diferencia del Alto Tribunal, consideran que Rodríguez podría mantener el acta. Los servicios jurídicos del Congreso arguyen que, según la sentencia del Supremo, el aún diputado no podría presentarse a unas elecciones pero sí seguir en el Congreso, ya que su actual condición de parlamentario la adquirió en diciembre de 2019 y, por tanto, dos años antes de la condena.
En la sala segunda del Supremo, que el miércoles dirigió un escrito a Batet reclamándole la suspensión del diputado de Unidas Podemos, hacen una interpretación contraria en función del principio de “inelegibilidad sobrevenida”, según el cual Rodríguez ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido parlamentario, por lo que debe dejar el acta de forma inmediata.
A este último aspecto se aferran las tres derechas para presionar a Batet y culparla, en los últimos días, de una suerte de desobediencia de la sentencia del Supremo. La presidenta del Congreso, por su parte, trata ahora de evitar una confrontación institucional mayor con los tribunales. Intentando buscar una posición consensuada de los grandes partidos, convocó este jueves una reunión extraordinaria de la Mesa después del Pleno, con el objetivo de estudiar ambos textos: el de los letrados, favorables a mantener el acta de Rodríguez, y el del Supremo, que exige su cese.
Un debate de más de dos horas y media
No fue posible, sin embargo, lograr un acuerdo. Según pudo saber elDiario.es de asistentes a la reunión de la Mesa, que se prolongó durante más de dos horas y media, se produjo un debate encendido. De un lado, los tres miembros de Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, sumados a los dos del PSOE, con la excepción de Batet, favorables a mantener el acta. De otro, los dos representantes del PP y el único de Vox, que se manifestaron en contra y urgieron a la presidenta del Congreso su destitución.
Batet, por su parte, también se posicionó a favor del cese al entender que esa es la doctrina del Supremo y que esta debe prevalecer sobre la de los letrados de su propia casa, el Congreso de los Diputados. Pero finalmente se produjo una votación y la mayoría –los 5 votos de la izquierda frente a los tres de las derechas– acordó solicitar al Supremo más aclaraciones sobre si debe suspender la condición de diputado de Rodríguez, si bien Batet se reserva la decisión final, que se tomará en los próximos días, previsiblemente el martes de la semana que viene.
Este giro en la postura de la presidenta del Congreso no aplacó las críticas directas de las derechas contra Batet. A juicio de los populares “no cabe interpretación” alguna por parte del Congreso a la condena del Supremo contra Rodríguez, sino que sólo es posible “ejecutarla”. “No caben subterfugios, ni dilaciones, ni interpretaciones”, insisten fuentes del partido de Pablo Casado, que consideran que por parte de Batet “es necesario que de manera urgente se den las explicaciones oportunas, se rectifique lo que se acordó y se ejecute literalmente la sentencia” para poner fin a este “conflicto” de la Mesa del Congreso con el Tribunal Supremo.
“Confiamos en que Batet esté en su sitio y haciendo prevalecer la separación de poderes”, advirtió por su parte este jueves Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox y representante de la extrema derecha en la Mesa del Congreso. “Espero que no haya cedido a presiones groseramente extrajurídicas, pero si es así, pediremos explicaciones”, advertía. Pese a la presión mantenida, el tono se suavizó por parte de PP y Vox respecto a los ataques directos a la presidenta del Congreso pronunciados el miércoles, cuando la acusaron de “boicotear” la sentencia del Supremo o de beneficiar a un “delincuente”.
Fuentes parlamentarias dan el cese por hecho
Más duro que sus socios autonómicos se mostró el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. El portavoz de Interior del partido en el Congreso, Miguel Gutiérrez, tachaba este jueves de “espectáculo” que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no haya despojado aún de su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que el Tribunal Supremo ha condenado por “patear” a un policía. “Batet no puede retrasar ni un día más la decisión de suspenderle”, consideró, en rueda de prensa. Además, Gutiérrez lamentaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya “usado” a los letrados del Congreso para hacer una interpretación “torticera” de la condena del Supremo contra el diputado de Podemos permitiendo que la justicia dé “un tirón de orejas” a Batet.
Fuentes parlamentarias consideran más que probable que Batet finalmente se decante por suspender a Rodríguez en los próximos días, al considerar que “no hay margen” con el escrito del Supremo y dando por hecho que las nuevas explicaciones que dé el Alto Tribunal insistirán en reclamar el cese inmediato del diputado de Unidas Podemos, al que se ha visto en los últimos días por los pasillos del Congreso aunque trata de mantenerse ajeno de la polémica.
Desde Unidas Podemos se continúa defendiendo que la sentencia del Supremo no implica que el diputado Alberto Rodríguez tenga que perder su acta. Este jueves, en la reunión que ha mantenido la Mesa del Congreso han defendido esa tesis, después de que esta institución haya recibido un oficio del Tribunal Supremo en el que preguntaban sobre el inicio del cómputo de la pena. “La pena por la que se le condenó era una pena sustituida por obligación legal por una multa y esa multa está pagada”, apuntó el secretario primero de la Mesa y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello.
Desde la coalición defiende que se le pida al Supremo “una petición de aclaración”. “Aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia”, añadió Pisarello. Además, ha defendido que si se hubiesen mantenido las tesis de PP y Vox, de retirar el acta de diputado a Rodríguez, el caso “acabaría en Estrasburgo como una vergüenza para España por una actuación que no se entendería”.