Los derechos que cercenan las primeras medidas y acuerdos de los gobiernos de PP y Vox

Vox marca el paso al PP. Y lo hace imponiendo su agenda ideológica en todas las comunidades en donde la extrema derecha ha conseguido cerrar acuerdos con los de Feijóo después del 28M. En el tiempo que ambos partidos llevan gobernando juntos ya se ha notado la impronta de la extrema derecha. En Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana, Balears y recientemente, Murcia –la única que ya era del PP–, han comenzado a desmantelar las políticas progresistas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos de izquierda.

Solo este lunes, el PP sacó adelante con sus votos una iniciativa de Vox mediante la que el Parlamento cántabro insta al Ejecutivo regional (PP) a presentar “a la mayor brevedad” un proyecto de ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE. Y en Granada, el ayuntamiento controlado por los populares borraba las banderas LGTBI pintadas en los semáforos de la ciudad.

Ambas fuerzas, PP y Vox, han situado en su punto de mira la ley de violencia de género, que han intentado descafeinar en todas las autonomías sustituyéndola por la lucha contra “todo tipo de violencia en el ámbito familiar” ya sea “contra la mujer, los hombres, los mayores, o los niños”. Vox ha pedido no aplicar en esas autonomías la Ley de Memoria Democrática, y también ha logrado eliminar en muchas de ellas los departamentos de Igualdad, camuflándolos dentro de otros organismos, y anulando así sus competencias plenas.

Los de Abascal, además, están llevando a cabo junto al PP sus promesas de rebajas fiscales, con la supresión de aquellos impuestos que benefician a los más ricos, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, mientras realizan recortes en educación o sanidad, potenciando la colaboración público-privada, e imponiendo en las escuelas el veto parental.

El partido de extrema derecha ha arrastrado asimismo al PP a que allí donde los dos partidos gobiernan se eliminen las subvenciones a los sindicatos, ONG y a colectivos LGTBI contra los que demuestra especial animadversión, como se vio en la localidad madrileña de Galapagar en donde retiraron de la calle los bancos arcoíris. Durante la semana del Orgullo, PP y Vox votaron en contra de desplegar la bandera LGTBI en el Parlament Balear y la retiraron de ayuntamientos como Vegas del Genil (Granada), Toledo, donde lucía desde hace siete años, Ciudad Real, Valladolid, Burgos o Nàquera (Valencia).

Castilla y León marcó el camino

La senda la marcó Vox con el primer acuerdo cerrado en Castilla y León en marzo de 2022 con el PP en el que consiguió ocupar la vicepresidencia de la Junta, tres consejerías y la presidencia del Parlamento. Lo primero que hizo el líder de la extrema derecha, Juan García Gallardo, fue dar tres meses de plazo al presidente y dirigente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para que cumpliera con tres compromisos para ellos “prioritarios” de las 32 “acciones programáticas” firmadas en el pacto: derogar el Decreto de Memoria Histórica, colaborar con la Policía para la expulsión de inmigrantes ilegales y reducir subvenciones y la publicidad institucional en los medios de comunicación. Algunas de estas exigencias ya se han materializado mientras el PP intenta ralentizar otras, como el punto 10 del acuerdo para impulsar medidas contra la “violencia Intrafamiliar”, un concepto con el que Vox trata de difuminar la violencia de género.

La Junta de Castilla y León ha sido la primera en aplicar la supresión de las subvenciones a sindicatos y a algunas organizaciones empresariales, como exigía Vox. El partido de extrema derecha estaba dispuesto a eliminar directamente todas esas ayudas y el PP cedió aunque haciéndolo de forma progresiva. Esta cuestión ha desencadenado que el Ministerio de Trabajo envíe dos requerimientos a la Junta, lo que supone un paso previo a ir a juicio.

La extrema derecha también pelea por aprobar allí su polémica medida para “evitar los abortos”. El plan de Vox pasaba por “ofrecer” a las mujeres escuchar el latido del feto o ver “la cara y los rasgos” del embrión a través de una ecografía 4D. El partido de Abascal sigue insistiendo en que el protocolo “se va a aplicar” aunque el PP lo niega.

Comunitat Valenciana: las oficinas de atención a la víctimas peligran

Después del 28M, PP y Vox se unieron también en otras autonomías para formar gobiernos de coalición a pesar de que el propio Alberto Núñez Feijóo en un principio se mostró reacio a aceptar a los de Abascal como socios. Sin embargo, poco duró esa resistencia. Quince días después de esas elecciones los dos partidos cerraron el primer gran pacto en la Comunitat Valenciana. Y entre sus 50 medidas suprimieron las alusiones a la violencia de género.

Allí el 'popular' Carlos Mazón entregó a Vox tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y también la presidencia de Les Corts. El torero Vicente Barrera fue nombrado vicepresidente del Gobierno con competencias en la Conselleria de Cultura. La extrema derecha gestiona allí ahora la cartera de Agricultura y la de Justicia, a cuyo cargo están las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género y de los cuerpos policiales. Dos meses después de que haya echado a rodar el nuevo gobierno esas oficinas de atención están en riesgo. La titular de Justicia, Elisa Núñez, señaló que la Generalitat Valenciana estaba estudiando si mantenía estos recursos y con qué competencias.

En el nuevo esquema de gobierno ha desaparecido la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, cuyas competencias las asume la Presidencia de la Generalitat. Y las dos vicepresidencias anteriores (Igualdad y Vivienda) se fusionan en una sola que también aglutina Servicios Sociales. La oposición ha lamentado que el nuevo Ejecutivo deje a un lado la emergencia climática, achacándolo al “negacionismo” de Vox.

Otra de las exigencias de Vox allí se ha centrado en las políticas lingüísticas sobre el valenciano que impulsaron PSPV, Compromís y Unides Podem. Los de Abascal creen que hay que fortalecer la presencia del castellano en la escuela frente a la lengua autonómica. Y el PP lo ha aceptado. La ley de acompañamiento de los presupuestos ya suprime las horas mínimas de valenciano obligatorias en las zonas castellanohablantes y la oficina de derechos lingüísticos

Extremadura: suprimen los impuestos para ricos

En Extremadura, tras la negativa de María Guardiola a dar entrada a Vox en el Ejecutivo autonómico, la dirigente popular terminó a finales de junio por firmar a regañadientes un acuerdo con el partido de extrema derecha en el que se recogen 60 medidas muy similares a las alcanzadas en otras comunidades autónomas con ejecutivos de coalición de ambas formaciones. No obstante, solo la dirigente del PP cedió a los de Abascal la cartera de Política Forestal y Mundo Rural.

En el documento firmado entre los dos partidos se arremete contra las políticas verdes de la Unión Europa y pese a pedir más inversiones al Gobierno central, prometía una bajada de impuestos para los más pudientes. Dicho y hecho: el nuevo Ejecutivo acaba de aprobar por decreto la eliminación de impuesto de Patrimonio –tendrá una bonificación del 100%– y también el que se aplicaba a los grandes tenedores de viviendas, y que afectaba a quienes tuvieran más de cinco inmuebles.  

En contraste, la Junta de Extremadura acaba de anular la gratuidad universal de los comedores escolares que había decretado el anterior Ejecutivo autonómico, dirigido por el socialista Guillermo Fernández Vara, que incluyó la medida en los presupuestos para este curso 2023-2024. Además, en la comunidad se introduce el veto parental en las aulas.

En el acuerdo se apuesta por las nucleares, que el gobierno de Sánchez está sustituyendo por otras energías alternativas, jactándose de haber logrado ya un acuerdo para la extensión de la viabilidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz. También se están potenciando los toros y la caza, como pedía Vox. En concreto, en el documento firmado se hablaba del “fomento de la actividad cinegética y la protección de la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa”. Con este fin, Guardiola ha creado ya la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, con competencias en toros y regadíos, y la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, que gestiona Vox, para preservar “la riqueza piscícola, cinegética y acuicultura” de la región.

A pesar del pacto sellado, la relación entre ambos partido es allí tensa. De hecho un comentario de la presidenta lanzado hace unos día durante una entrevista en el diario regional 'Hoy', desencadenó la primera crisis interna: “Mi relación con Vox es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar, en poner en marcha esta maquinaria que es muy grande, esta administración”, confesó Guardiola. De inmediato, la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, amenazó al PP con retirarles el apoyo, indispensable para la continuidad del gobierno extremeño, si la presidenta regional no “rectificaba”. “De lo contrario, lo que va a tener es un Gobierno débil o puede ser que directamente no tenga Gobierno”, amenazó Millán. Las aguas luego volvieron a su cauce pese a que Guardiol no llegó a disculparse.

Aragón, la ultraderecha franquista entra en el Gobierno

En Aragón, Vox ha entrado en el Gobierno ocupando la vicepresidencia, que ostenta su líder, Alejandro Nolasco, y dos consejerías, la de Agricultura, Desarrollo Territorial y Despoblación; y la de Justicia. Además, el PP les ha cedido la presidencia de las Cortes.

El texto pactado por el PP y Vox para hacer presidente al 'popular' Jorge Azcón incluye numerosas medidas estructuradas en 10 apartados, como la aplicación del veto parental en actividades extracurriculares: “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, dice el documento. Además, el gobierno de coalición va a derogar la ley autonómica de Memoria Democrática y a reformar de la ley trans, aunque no la abolirá completamente.

También ha decidido apostar por la sanidad público-privada. Otra de las medidas que ya han puesto en marcha es la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y el traslado de sus funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

El programa de Vox en Aragón contemplaba la eliminación de “organismos superfluos del sector público instrumental y todos aquellos entes que realicen funciones duplicadas o inútiles, como el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer”. Como en otras autonomías, a ambos partidos se les atraganta la denominación de “violencia de género” que describe las agresiones y asesinatos a las mujeres, y en el documento afirman que “se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial la que sufren las mujeres, la que sufren los niños y la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental”.

El nuevo gobierno también incluye en su acuerdo que se inste al Gobierno a “identificar a los violadores que han salido en libertad por culpa de la 'ley del sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad”.

El nuevo Ejecutivo Aragón comenzó con mal pie tras destaparse el ideario ultra de Marta Fernández, la nueva presidente del Parlamento regional. La diputada tuvo que borrar apresuradamente el contenido de sus redes sociales en Twitter y en Instagram el mismo día de su nombramiento. A eso se une la negativa de Azcón, debido a las presiones de Vox, a cesar a los dos directores generales que publicaron en sus redes sociales mensajes exaltando el franquismo. En concreto, la de Justicia, Esmeralda Pastor, que tenía en su foto de perfil un retrato con la bandera preconstitucional, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero, que alababa a Millán Astray.

Baleares: Vox fuera del Gobierno pero marcando agenda

En las islas el PP ha logrado dejar a Vox fuera del Gobierno. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron ambos partido en la Región para investir a Marga Prohens como presidenta del Govern balear aceptaba la participación de Vox en los Consells insulars de Mallorca y Menorca a cambio del apoyo de los votos de extrema derecha. Como peaje el PP se ha visto obligado a asumir gran parte del ideario político de la extrema derecha. Así, el documento firmado de 110 medidas pone su foco en aspectos como “la protección de la mujer” –sin hablar en ningún momento de la violencia machista como es habitual–, o “la seguridad de los ciudadanos de Baleares, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias”.

Pero el “gran logro” de Vox en Baleares ha sido cambiar, como en la Comunidad Valenciana, el modelo de inmersión lingüística para potenciar al castellano que, según la extrema derecha, se encuentra en retroceso en comparación con el catalán. De esta forma se eliminará el catalán como requisito para los profesionales sanitarios en Baleares. Y en el ámbito educativo, “los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”, afirman.

Murcia: a vueltas con el veto parental

El último ejemplo de la impronta que va dejando Vox es Murcia, aunque allí el pacto ha sido más complicado. Sin embargo, este jueves, después de muchos tiras y aflojas, el popular Fernando López Miras era investido presidente. A cambio Vox, aunque perdió la batalla por la Consejería de Agricultura, ocupará la vicepresidencia y cartera de Fomento e Infraestructuras, Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, que va a ser clave para decidir el futuro del Mar Menor.

En el el acuerdo sellado, que consta de 30 puntos, se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

Igualmente se habla, como ya es un clásico en Vox, de combatir “la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”, es decir, nuevamente el concepto de “violencia intrafamiliar”, por mucho que la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, del PP, señalara este jueves en la rueda de prensa posterior a la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno que van el nuevo gobierno “va a reforzar todos aquellos recursos y programas para tener una igualdad real entre mujeres y hombres en la Región”, y van a “luchar contra tipo de violencia, en especial, contra la de género”.

La extrema derecha insiste además en “la defensa de la familia y la búsqueda de la excelencia educativa y la educación en libertad”, primando la concertada y privada, y recuperando la idea del veto parental que ya fue hace cuatro años una de las medidas estrella de Vox que López Miras puso en marcha en las aulas tras su investidura y que se llevó a la práctica en una versión descafeinada.