Luis Bárcenas, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante casi dos décadas entre 1990 y 2009 —primero como gerente y después como tesorero— ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009 y que algunas de las donaciones que recibió de empresarios eran a cambio de contratos de obra pública. El escrito, que apunta de nuevo a Mariano Rajoy como “perfecto conocedor” de esas irregularidades, llega apenas cinco días antes de que comience el juicio por la caja B, centrado en el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela.
La existencia de una financiación irregular en el PP quedó acreditada en la sentencia sobre la primera época de Gürtel, ratificada el pasado octubre por el Tribunal Supremo, pero es también objeto de otra causa abierta en la Audiencia Nacional, la que indaga en la correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas, que sigue instruyéndose después de que el juez José de la Mata la reabriera en 2017. elDiario.es detalla a continuación las diferentes derivadas en los tribunales de esta financiación irregular.
Papeles de Bárcenas. El hito más inminente es el juicio previsto para la próxima semana. A partir del lunes 8 de febrero el extesorero se sentará en el banquillo por una de las ramificaciones del caso Gürtel, la pieza relativa a los llamados 'papeles de Bárcenas' y que está centrada en la compra con dinero de esa contabilidad paralela de acciones de Libertad Digital y en el pago de parte de las obras de la sede de Génova con los fondos opacos. También están acusados el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres directivos de Unifica, la empresa que se encargó de la citada reforma, por no declarar a Hacienda parte de los ingresos obtenidos por las obras. Además, el PP será juzgado como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a Bárcenas y a Álvaro Lapuerta, que fue procesado pero murió en 2018. El partido ya ha consignado la fianza de 1,2 millones de euros por este caso que le exigió el juez.
Caja B. El PP ha visto cómo en los últimos meses su situación se ha agravado con la reactivación de otra vía de la investigación sobre su financiación irregular que había sido archivada en 2015. Se trata de aquella que indaga en la posibilidad de que las entregas a la caja B del partido se hicieran a cambio de adjudicaciones concretas efectuadas por administraciones gobernadas por el PP. Estas pesquisas abordan posibles delitos de cohecho, malversación y prevaricación y la instrucción avanza de tal forma que antes de que acabe 2021 pueda haber finalizado y amenace con un segundo juicio resultante de los 'papeles de Bárcenas'. El nuevo juez del caso, Santiago Pedraz, solicitó recientemente a su colega de la causa que investiga el espionaje a Luis Bárcenas todo el material incautado que pudiera servirle para encontrar nuevas pruebas o ampliar la investigación sobre la financiación irregular.
Kitchen. También en fase de instrucción se encuentra la investigación sobre la “operación parapolicial” que montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía Bárcenas en su poder. En el sumario abundan las pruebas de que la operación se pagó con fondos reservados e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo “conocimiento” del espionaje. La investigación ha revelado que se cumplió con el “objetivo marcado”, que no era otro que “apoderarse” de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia.
Las revelaciones del caso Villarejo han provocado que la instrucción de la pieza Kitchen pueda ir fijando responsabilidades sobre quiénes intentaron boicotear la investigación sobre la financiación irregular del partido. El juez Manuel García-Castellón tiene encima de la mesa desde septiembre una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que impute a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en este caso. Ya están imputados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez.
Época 1. La existencia de un sistema de financiación irregular en el PP durante al menos 18 años fue confirmado por primera por un tribunal en mayo de 2018. Esa sentencia de la Audiencia Nacional, que desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Rajoy, confirmó que la formación conservadora se había beneficiado de la corrupción de la trama Gürtel y condenó al partido como responsable civil “a título lucrativo”.
Dos años después, esta resolución fue ratificada en todos sus aspectos principales por el Tribunal Supremo, que aludió a la existencia de la financiación irregular en varios pasajes de la sentencia, concretamente donde se hacía indispensable para atribuir los delitos a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, relacionados con la sustracción de casi 300.000 euros de la citada caja y su evasión y blanqueo en Suiza. Esto es, que robaron de la caja de dinero negro que existió durante al menos dos décadas en el seno del PP.
Ordenadores de Bárcenas. El PP sí resultó absuelto en la causa sobre la destrucción del disco duro del ordenador del que había sido su tesorero, que llevó a cabo apenas cuatro meses de que El País publicara los 'papeles de Bárcenas 'y cuando la investigación judicial ya acumulaba numerosas pruebas sobre su financiación ilegal. Tras el juicio no se logró demostrar que el borrado de las memorias tuviera como fin destruir pruebas de la caja B. En septiembre de 2016, tras cambiar de abogado, Bárcenas retiró la acusación contra el PP en esta causa, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. La sentencia recalca que la falta de credibilidad del extesorero en cuanto a los ordenadores no afecta a la existencia o no de una contabilidad B en el PP. En su escrito a Anticorrupción, Bárcenas confiesa ahora que retiró a última hora su acusación en este juicio dentro de un pacto con el PP para que su mujer no entrara en prisión.
Gürtel. La mayor trama de corrupción de la historia del PP —y de la que derivan las piezas sobre la financiación irregular de los conservadores— todavía tendrá varias derivadas en los tribunales. En septiembre de este año empezará el juicio por la pieza separada de Boadilla, donde la formación volverá a sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo. Según el juez De la Mata, la Gürtel “llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública” de ese municipio madrileño, un feudo histórico del PP regional.
También hay dirigentes del PP implicados en la línea de investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de terrenos a Martinsa, la constructora de Fernando Martín, en el municipio madrileño de Arganda del Rey. Está pieza está pendiente de juicio, al igual que lo está la relativa a los contratos que la Generalitat valenciana otorgó en Fitur 2009 a Orange Market, una de las empresas de Correa. En este procedimiento está procesado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, para quien la Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel por fraude y prevaricación.
Las adjudicaciones fraudulentas de los stands de Fitur a Orange Market han sido objeto de otros dos procedimientos ya sentenciados. En la Comunitat Valenciana fue condenada a nueve años de prisión la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez por varias contrataciones en los ejercicios de 2005 a 2009. Y en la rama de Gürtel en Jerez, donde estaba en cuestión la adjudicación del stand de Fitur de 2004, únicamente fueron condenados los cabecillas de la red. Los funcionarios municipales implicados resultaron absueltos por prescripción.
Por otro lado, el pasado noviembre fueron condenados 19 de los 23 acusados por el desvío a la Gürtel de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia en 2006, cuando gobernaba el PP. Entre los procesados estaba el expresidente de las Cortes Valencianas y Director General de la Policía, Juan Cotino, que falleció por coronavirus en abril, durante el juicio. También hay sentencia del caso de los contratos de la trama con Aena entre los años 2000 y 2002, por los que fueron condenados a cinco años de cárcel el exdirector de Comunicación del ente aeroportuario, Ángel López de la Mota, y su subordinado, José María Gavari, además de los cabecillas de la red.