Hace tres meses del desalojo de la Corrala Utopía en Sevilla. La decisión de la Delegación del Gobierno, el realojo de algunas de las familias que ocupaban el inmueble desde hacía dos años, y la sucesión de desencuentros entre los socios de Gobierno (PSOE-A e IU-A) casi terminan con el pacto en Andalucía. Ahora los servicios sociales y la Justicia avalan la actitud de la Consejería de Vivienda.
El 6 de abril varios furgones policiales ejecutaron el desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense. Cerca de 30 personas se quedaron en la calle al perder el inmueble que ocupaban. “La Delegación del Gobierno (del PP) materializó un desalojo el domingo, justo cuando la Consejería tenía un principio de acuerdo con el dueño para el alquiler a las familias de la Corrala Utopía (Ibercaja)”, expresa la consejera de Vivienda, Elena Cortés, que en aquel momento estaba de viaje institucional en Colombia. Ese acuerdo no se concretó finalmente porque “Ibercaja se ha quitado de en medio”, según la dirigente de IU.
La Consejería anunció el “realojo provisional” de algunas de esas familias alegando que cumplía la legislación por tratarse de casos en los que había menores o riesgo de “exclusión social”. La Presidencia de la Junta de Andalucía frenó ese movimiento para asegurarse de que la decisión “cumplía con la legalidad” y no poner enfrente a “más de 10.000 personas” estaban a la espera de viviendas en Sevilla.
Un realojo “legal y justo”
La suma de desencuentros entre PSOE e IU provocó que el pacto de gobierno se tambaleara, con la retirada de las competencias de Vivienda a IU por parte de la presidenta, Susana Díaz, incluida.
Los dos partidos negociaron durante horas hasta que llegaron a un acuerdo: se revisaron las condiciones del realojo de 17 familias desalojadas, se aprobó que se mantuviera el realojo provisional de ocho de ellas y se decidió consultar a los servicios sociales sobre otras nueve. El pacto de Gobierno se mantenía.
Elena Cortés sostiene que los informes de los servicios sociales avalaron la decisión al dictaminar que ocho familias estaban en “exclusión social” y que siete corrían “riesgo de exclusión”. Sólo queda un caso pendiente. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló el realojo y descartó rotundamente que “tuviera una significación penal”. “Es una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas”, rezaba el auto que rechazó la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias.
“El Gobierno rescata a las familias”
“Siempre dijimos que el realojo era justo y legal”, insiste Cortés, que recuerda que la decisión se inspiró en la ley de vivienda y en la doctrina europea. “IU trabajó con coherencia y rigor en el realojo y así se ha demostrado”, sentencia la consejera.
“Se demuestra que el PP pone alfombra roja a especuladores y al sector financiero, que son los que dan la patada en la puerta”, explica antes de continuar: “Es un despropósito que el Ayuntamiento tenga en Sevilla 500 viviendas vacías y no a disposición de las familias”. Cortés ha enviado una carta para reunirse con los dirigentes de capitales de provincias “con muchas viviendas vacías para colaborar y que en un año cumplan con el objetivo” de la VPO.
Tres meses después, Cortés evita lanzar mensajes negativos sobre sus socios de Gobierno. “Prefiero mirar a presente y futuro y que cada uno saque sus conclusiones -señala-. El Gobierno sale fortalecido para defender el derecho y el modelo de vivienda: fomento del alquiler, rehabilitación de edificios, etc.”.
“IU ha hecho un cambio en las políticas que el PSOE no hizo en 30 años. Se ha producido un cambio en la política de vivienda y el Gobierno ahora rescata a las familias”, sentencia.