El FMI ha dejado sin salidas al Partido Popular. Y ya puestos, la Comisión Europea o la OCDE. Sus estadísticas dejan claro desde hace tiempo que España es uno de los países europeos, es decir, de los países ricos del mundo, que menos ayudas concede a los pobres. Por eso, la decisión del Gobierno de poner en marcha el ingreso mínimo vital colocaba al PP en una tesitura complicada. Votar a favor en el Congreso suponía conceder una victoria a Sánchez, Iglesias y el Gobierno. Al final, optaron el miércoles por las dos soluciones al mismo tiempo. Con el dedo, votaron a favor de la convalidación del decreto ley. Con la boca, mostraron su menosprecio a la portavoz socialista que defendía la medida en el pleno.
¿Qué dijo María Luisa Carcedo que molestó tanto a los diputados del PP? Cosas como esta: “Por una iniciativa del mismo importe por una deducción fiscal de cualquier adquisición en el mercado que puedan comprar las personas que tienen rentas y se lo puedan permitir, desde luego no habría ninguna palabra, pero como es un gasto, que sería una inversión, para las personas más necesitadas, entonces ya es 'van a cometer fraudes', 'va a ir a la economía sumergida', 'van a ser unos vagos porque no van a querer trabajar'”.
Los del PP se pusieron como motos. La hipocresía en el debate sobre la pobreza en España tiene estas cosas. El gasto destinado a favorecer a las empresas nunca encuentra muchos obstáculos. El gasto destinado a que todo el mundo pueda comer todos los días es un asunto espinoso. ¿Y si se aficionan a comer?
No es del todo cierto que en España no se hayan tomado decisiones sobre redistribución de rentas. Lo malo es que se redistribuyen hacia arriba. Digamos que tenemos ricos subvencionados. “Por cada euro que se destina a las rentas del 10% más pobre, destinamos cinco al 10% más rico”, recordó Carcedo citando estadísticas de la OCDE.
En la duda en que se encontraba el PP, uno de los primeros argumentos fue decir: eso ya lo inventamos nosotros. Hace veinte años, había dicho Pablo Casado. Se refería a los gobiernos autonómicos que cuentan con programas similares. Las cifras reales ofrecen un panorama muy distinto. Hay dos comunidades que destacan sobre las demás. En el País Vasco, la renta mínima cubre al 71,2% de las personas que están bajo el umbral de la pobreza. En Navarra, es el 66,7%. Ninguna de las otras llega al 35% (Asturias está en el 33,5%).
¿Cuáles son los porcentajes de las comunidades gobernadas por el PP desde hace décadas? Madrid, 10,5%. Castilla y León, 9,9%. Galicia, 7,2%. Las peores son Andalucía, 1,8%, y Castilla La Mancha, 1,6%. La media de España es un paupérrimo 7,62%.
El dato de Galicia es relevante. Casado sostiene que la renta mínima “la inventó Manuel Fraga”. No fue precisamente una hazaña si tanto tiempo después sólo disponen de ella el 7% de los pobres.
Ese 10% de Madrid no impidió que Isabel Díaz Ayuso se mostrara en abril contraria al proyecto del Gobierno. Decía que era peligroso, porque podía hacer que la gente “dependa eternamente del Estado” (lo mismo decía la Conferencia Episcopal, y eso que la Iglesia lleva disfrutando del apoyo del Estado en Occidente desde el siglo IV). Atendiendo a los números, se puede decir que cerca del 90% de los madrileños que vive en la pobreza no corría peligro de sufrir tan terrible destino. Lo de comer ya era otra cosa, pero no se puede tener todo en esta vida.
Para tranquilidad de Díaz Ayuso –si ese concepto es posible–, Hugo Cuello y Octavio Medina explicaron en el blog Nada es Gratis por qué los estudios conocidos revelan que un programa de ingresos mínimos bien aplicado no hace que la gente pierda el incentivo de buscar un empleo y de trabajar si lo consigue. Citando a los Premios Nobel Duflo y Banerjee, decían que “décadas de evidencia demuestran que las familias vulnerables no dejan de trabajar por el hecho de que las ayudas sociales se vuelvan más generosas”.
En el terreno de los principios, el vicepresidente Iglesias relacionó este derecho a no estar condenado a la pobreza con la idea que la derecha utiliza con frecuencia para atacar los programas sociales financiados con fondos públicos. La libertad, eso que siempre está garantizado si tienes dinero suficiente: “El ingreso mínimo vital tienen también que ver con la libertad por algo tan sencillo como que no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir. No hay libertad si no se llega a fin de mes”.
No es extraño que el 83% de los españoles esté a favor del ingreso mínimo.
En las últimas semanas, el clima de crispación y decisiones producidas en el ámbito judicial han hecho que algunos hayan escrito que no es lo mismo estar en el Gobierno que tener el poder. Que el poder real se encuentra en zonas oscuras del Estado y sectores aledaños y que por eso nunca cambia nada. Ahora descubrirán que en un breve espacio de tiempo el Gobierno va a conseguir poner en marcha dos medidas de indudable impacto social: la ley de protección de la infancia y el ingreso mínimo vital.
Estas son las cosas que se pueden hacer desde el Gobierno, es decir, desde el poder. Lo demás es comentario de textos.