El desplante al homenaje a las víctimas del terrorismo: el último consenso institucional roto por Casado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha decidido romper la unidad institucional frente al terrorismo con el único objetivo de desgastar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Los populares se ausentaron el domingo del tradicional acto oficial en homenaje a las víctimas que organizó el Congreso de los Diputados. Fue la primera vez en la que el PP no estuvo en ese evento, instaurado en 2010 por todos los grupos de la Cámara Baja por unanimidad. El argumento de Casado para justificar esa ausencia –miembros de su partido prefirieron participar en una concentración alternativa fuera del hemiciclo, junto a algunas de las asociaciones de víctimas críticas con el Gobierno– es que al acto del domingo acudió EH Bildu, aunque en 2019 y 2020 también asistió la formación independentista y el PP –incluido su líder– no tuvo entonces ningún problema en asistir a esos actos.

Esa unidad de acción frente al terrorismo y en favor de las víctimas, que hasta ahora se había escenificado cada 27 de junio en el Congreso, es el último consenso institucional que rompe la formación conservadora, tras tratar de hacer política partidista con varios asuntos en los que históricamente han remado juntos los principales partidos españoles, como la política en la Unión Europea, la relación con Marruecos o la renovación de los órganos constitucionales. Casado trata así de volver a contemporizar con la extrema derecha de Vox, con la que sin embargo compite desde hace años por el mismo electorado y que ahora le vuelve a marcar la agenda a la hora de hacer oposición al Ejecutivo progresista.

El mismo líder del PP que acusa al Gobierno de “vaciar” al Parlamento trató este lunes de justificar su ausencia del acto por las víctimas del domingo haciendo desaparecer el papel institucional del Congreso. A pesar de ser un evento organizado por la Cámara Baja –y, por tanto, también por el PP, segunda fuerza del Congreso–, Casado asegura ahora que el acto fue un “homenaje que el Gobierno quiso celebrar con Bildu”, una fuerza política a la que los populares no reconocen la legitimidad de las urnas y a la que tratan de vincular con ETA a pesar de que la banda terrorista se disolvió en 2018.

“Yo presido un partido que tiene 24 compañeros que han sido asesinados por ser del PP, no por otra cosa. Y, por tanto, yo necesito mantener su legado y llevar su voz y garantizar su dignidad, su memoria y su justicia”, aseguró este lunes el máximo jefe de los populares que participó en ese mismo acto institucional en 2019 y 2020 con todos los partidos, también con EH Bildu. Ahora Casado argumenta que la formación independentista “no solo no ha condenado 850 asesinatos sino que además sigue recibiendo como héroes a los asesinos que van siendo excarcelados o acercados al País Vasco a petición de los socios de Pedro Sánchez”.

Críticas al PP por parte de varias víctimas

“Con esta gente [en alusión a EH Bildu] no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina y Sánchez debería hacer lo mismo porque en sus filas también por desgracia asesinaron a 14 militantes socialistas por ser del Partido Socialista”, añadió Casado este lunes. Precisamente familiares de socialistas asesinados por ETA como María Jauregi, o víctimas directas de la banda como el periodista y militante del PSE Gorka Landaburu, han afeado al PP y a su líder su “instrumentalización” de las víctimas del terrorismo y su actitud ante el acto del domingo en el Congreso.

En un acto en Córdoba, Casado hizo alusión además a otro de los habituales pactos entre los grandes partidos que el PP lleva bloqueando desde hace más de tres años: la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. “El PP no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas ni el Defensor del Pueblo ni el CGPJ”, aseguraba el líder de los populares, que reconocía en el mismo discurso haberse levantado de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones porque no le gustaban los candidatos propuestos por la izquierda para esos organismos.

El bloqueo del PP ha provocado, por ejemplo, que el Poder Judicial lleve tres años en situación de interinidad controlado por la misma mayoría conservadora que se eligió por consenso de populares, PSOE, IU y PNV, en 2013, cuando el partido de Casado tenía mayoría absoluta. Ese control conservador también se traduce en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo que realiza ese CGPJ que representa a la correlación de fuerzas de hace ocho años.

Algo similar sucede con el Constitucional y con el Tribunal de Cuentas, que justo después de la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas ha iniciado una investigación a varios de esos dirigentes, rechazada públicamente por distintos miembros del Gobierno. “Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba?”, se preguntaba Casado por esas reticencias manifestadas por ministros como José Luis Ábalos o Irene Montero. Un líder del PP claramente más bronco de lo habitual llegó a decir este lunes que la titular de Igualdad es ministra “por ser la mujer de un vicepresidente”, en alusión al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Casado no tiene ninguna intención de moverse para lograr esa renovación de los órganos constitucionales hasta que se cumplan sus exigencias: que Unidas Podemos, uno de los socios del Gobierno, no pueda elegir a ningún miembros de esas instituciones y que el Ejecutivo se comprometa a cambiar la ley para, según el líder del PP, garantizar “la independencia judicial” y que “los jueces sean elegidos por los propios jueces” en el caso del CGPJ. Pese a haber gobernado España durante 14 años, los populares nunca han impulsado ninguna modificación de esa normativa desde la Moncloa y, hasta la llegada de Pedro Sánchez, cuando vieron amenazada la mayoría conservadora de esos órganos, siempre han llegado a acuerdos con el resto de partidos para repartirse los distintos puestos.

La crisis en Ceuta y la relación con Marruecos

A estas rupturas en la política nacional se suman las deslealtades de Casado en materia internacional. En mayo, el líder del PP trató de obtener réditos electorales de la crisis en Ceuta provocada por Marruecos. Casado responsabilizó al Gobierno de la entrada masiva de jóvenes permitida por el país vecino justo una semana después de reunirse a espaldas de Moncloa con un ministro y los partidos marroquíes de corte ultranacionalista que más fervientemente reivindican la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos. El presidente de los populares condicionó además su lealtad a que Sánchez en sus relaciones con ese Estado del norte de África a que el presidente del Gobierno rompiera su coalición con Unidas Podemos, algo que no sucedió.

Esa actitud se pareció mucho a la mantenida por el PP hace tan solo unos meses en Bruselas, cuando la Unión Europea debatía allí acerca de los fondos que iban a ser destinados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y de los que finalmente correspondieron a España 140.000 millones. A finales de septiembre, el líder 'popular' se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación.

En pleno proceso de negociación del reglamento para el reparto de los fondos, cuando estaba en juego qué condicionalidades se iban a terminar de exigir, España encabezaba los datos de contagios en la UE –era la conocida como segunda ola de la COVID– y era uno de los países más afectados por el descalabro económico de la pandemia –en términos de paro y caída del PIB–, el líder del PP agitó el fantasma de la desconfianza hacia el Gobierno entre los 27 países de la Unión. Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día.

Por esas mismas fechas, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de derecho en España y acusó al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”. Los 'populares', que cuestionaron además la independencia judicial española, también incluyeron en su dossier el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para acelerar la derogación de la reforma laboral, un pacto que facilitó el apoyo parlamentario de la formación independentista al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos y que ahora justifica también, según Casado, que el PP no fuera al acto en apoyo de las víctimas del domingo.

De nuevo, Venezuela

A toda esa estrategia de desprestigio internacional del Gobierno se suma la obsesión del PP de vincular al Ejecutivo, al que tildan de “socialcomunista”, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, por la coalición del PSOE con Unidas Podemos –partido al que intentan relacionar con el chavismo–, para restarle legitimidad democrática. Venezuela es, de hecho, la principal arma del PP en materia internacional para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y Casado suele compararse habitualmente con la oposición venezolana, algunos de cuyos dirigentes están encarcelados.

Este mismo lunes, en el acto que protagonizó en Córdoba, Casado, cuando trató de relacionar la elección de Irene Montero como ministra de Igualdad con su relación personal con Iglesias, habló de un supuesto “nepotismo en el Gobierno” que a su juicio “ya tiene que parar” porque, en su opinión, es más propio de “regímenes chavistas, bolivarianos o populistas”