El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado en el Senado que el coste del despliegue extraordinario de Policía y Guardia Civil en Catalunya con motivo del 1-O fue de 87 millones de euros “entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades”.
A ese coste, ha seguido el ministro, se deben sumar “los 1.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras”.
“Es una cantidad muy importante de dinero, otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Catalunya”, ha dicho Zoido ante los senadores.
De los 87 millones, 26,5 millones se dedicaron al flete y mantenimiento de los tres barcos donde se alojaron policías y guardias. Los agentes que durmieron y comieron en los tres barcos supusieron un gasto añadido en dietas de otros 26,6 millones, según informa Europa Press. Si se suma los agentes alojados en hoteles y en otras dependencias, la cifra en dietas asciende hasta los 43,3 millones.
El ferry Moby Dada, también conocido como 'barco de Piolín', acarreó un coste para el erario público de 5,5 millones de euros. Al Azurra se destinó 8,5 millones y al Rhapsody, otros 12,5 millones. Los policías criticaron especialmente el servicio a bordo del primero de los ferry, para lo que se destinó 1,4 millones, informa la agencia.
El dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas, aunque durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, fue de 6.000 efectivos, ha añadido Zoido.
El ministro ha defendido el alojamiento de policías nacionales en barcos de acuerdo a necesidades “operativas”, decididas por los mandos, y que garantizaban alojamientos seguros y de rápido desalojo.
Actuación “legítima y proporcionada”
En su comparecencia en el Senado, Zoido también ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada del referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que se trató de una actuación “legítima, profesional y proporcionada” frente a la actuación de radicales infiltrados entre los votantes.
“La actuación fue legítima, profesional y proporcionada y no lo digo yo, es que así lo ha avalado la Fiscalía quien en su escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona sostiene que la ampara la causa de justificación de cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia”, ha leído Zoido en el Senado.
El ministro del Interior ha asegurado que el 1-O se produjeron en los colegios de Catalunya “acciones organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entre las más radicales, activadas para ese día concreto y que habrían acudido con el objetivo expreso de impedir el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no meramente de votar en el referéndum”.
Antes de concluir su primer turno de palabra, Zoido ha dicho que lamenta “como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia”.
El ministro ha explicado el origen del nombre 'Operación Copérnico' sobre el despliegue policial en Catalunya asegurando que correspondió a los responsables policiales y que éstos le explicaron que se debe al “giro copernicano” que se debía dar para “volver a la ley”.