El destino más probable del 2% para Defensa: deudas de armamento, inteligencia, y más formación para el Ejército

Pedro Sánchez se ha servido de un escenario idóneo para elevar el compromiso de España con la OTAN: una ciudad de Madrid fortificada, apretones de manos y sonrisas con los principales líderes occidentales y una visita al Museo del Prado con los presidentes mirándose en el reflejo de la Europa imperial. El presidente del Gobierno, anfitrión de la cumbre que ha relanzado la Alianza Atlántica, ha ratificado esta semana su intención de incrementar el presupuesto en Defensa hasta el 2% del PIB para 2030, el suelo que ha fijado la Alianza Atlántica para los estados adheridos.

Esta voluntad tiene que pasar por el Parlamento y mantenerse si cambia el color político en la Moncloa. De momento, Podemos ya ha advertido que España necesita más sanidad y política social, no más armamento, y el PP se abre a aprobar ese incremento en Defensa pero juega a meter cuñas en la coalición.

Expertos consultados por elDiario.es desconfían de que el compromiso de inversión del 2% llegue a concretarse, pero creen que, si lo hace, el dinero debería ir a cubrir las deudas de programas armamentísticos pasados, a preparar a las tropas para el combate tras años con entrenamientos al mínimo y a modernizar las fuerzas armadas para las misiones que afrontará la OTAN en el futuro. 

Hasta ahora, el Ejecutivo, consciente de que el rechazo a incrementar el gasto en Defensa es mayoritario entre la población, se había desembarazado de la presión de Estados Unidos con el argumento de que sí cumple los otros dos principales acuerdos que salieron de la cumbre de Gales en 2014. Y presume de que el compromiso de España con la participación en las misiones en el exterior es altísimo. Pero la guerra en Ucrania ha cambiado las prioridades de varios países europeos y también del ala socialista del Gobierno. “Es un compromiso no solo con la OTAN sino con la Unión Europea. La seguridad europea cambió en febrero de este año, por lo que hemos tenido que revisar nuestros postulados y nuestras decisiones en un contexto nuevo”, defendió este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el cierre de la cumbre de la Alianza Atlántica. 

España gasta actualmente en Defensa 12.208 millones de euros al año. Esta cantidad representa el 1,03% del PIB, por lo que llevar hasta el 2% el presupuesto como pide la Alianza Atlántica supondría prácticamente duplicarlo en apenas siete años, hasta unos 24.000 millones de euros. Para dimensionar el esfuerzo presupuestario de este compromiso basta con mirar la tabla que confecciona la OTAN anualmente con el histórico de gasto por países: en los últimos siete años, España ha aumentado su presupuesto militar en 2.000 millones y ha pasado de destinar el 0,93% al 1,03% del PIB.

De esos 12.208 millones, según los cálculos de la OTAN, un 60% van para los sueldos del personal; un 22,75%, a equipamientos; menos de un 1%, a infraestructuras; y un 16% lo invierte en otros gastos como operaciones, mantenimiento, etc. España divide este gasto en sus presupuestos en siete partidas o programas. A saber, programas especiales de modernización, gastos operativos, administración y servicios generales, apoyo logístico, los sueldos del personal en la reserva, formación y un último apartado destinado a la modernización general de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con esta división, la partida que se lleva más gastos es la primera, la de los programas especiales de armamento, que son en realidad las compras de cazas, aviones de transporte, submarinos o carros de combate efectuadas a partir de finales de los años 90 del siglo pasado y que aún se están pagando o que se han refinanciado y, por tanto, las empresas han aplazado la entrega. 

En 2022, el Gobierno ha presupuestado 2.848 millones para seguir pagando estas unidades y otras que se han ido adquiriendo en los últimos años. Según los expertos, estas deudas son uno de los principales asuntos que España debería abordar en caso de que se incrementase el gasto en defensa, así como, en paralelo, invertir en nuevos sistemas de inteligencia, ciberseguridad o ingeniería de satélites. También, señalan los analistas, solucionar un déficit urgente: el alistamiento de las tropas. 

Las cuentas pendientes del pasado

España arrastra una hipoteca militar importante desde que se implementaron los Programas Especiales de Armamento (PAE) a finales del siglo pasado para tratar de modernizar los equipos con los que contaban las Fuerzas Armadas. En ese momento se contrataron, por ejemplo, cuatro submarinos S-80, varias fragatas F-110, cazas Eurofighter o aviones de transporte A400M. “El problema es que España en ese momento estaba en plena convergencia monetaria con la Unión Europea, había que controlar el déficit y la deuda pública y no había dinero, por lo que se estableció un calendario de pagos, como si pagas a plazos un coche, de muchísimos años”, explica Guillem Colom, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide y codirector del think tank de ciberseguridad Thiber. 

Cuando llegó la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, los recortes también afectaron a Defensa –y a Industria–, que se vio forzada a refinanciar esos pagos a las empresas, que a su vez postergaron algunas entregas de sistemas ya apalabrados. “Todavía debemos unos 9.000 millones del ciclo modernizador 1997-2008, que era el que permitió modernizar completamente la defensa. Pero estamos hablando de que estamos pagando cosas del año 2000 que empiezan a tener una edad y hay que modernizar”, añade Colom, quien calcula que algunos de estos pagos se completarán cuando esté a punto de vencer la vida útil de alguno de los sistemas. 

En 2019, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno calculaba que no terminaría de pagar los compromisos militares adquiridos en los 90 hasta 2031, con una factura pendiente de unos 23.500 millones. Hasta ese momento, el Estado solo había abonado un tercio de lo adeudado.

El Gobierno aprobó en 2003 la compra a la empresa Navantia de cuatro submarinos S-80 con una entrega prevista para diez años después, pero las variaciones del presupuesto inicial, varias modificaciones en el proyecto y los recortes de la década pasada provocaron que la entrega del primer vehículo se pospusiera hasta 2023 y la del último hasta 2028. El pasado mayo, el primero de estos submarinos salió por primera vez al mar. Mientras tanto, de los cuatro S-70 que entraron en servicio en la década de los años 80 del siglo XX, ya solo quedan dos en servicio. El coste inicial de esta compra era de 1.800 millones euros, pero se ha elevado en estos años a entre 3.600 y 3.900 millones, con lo que, 20 años después, todavía queda más de la mitad del precio por pagar. Los submarinos tienen especial importancia para el control de los movimientos de Marruecos en el flanco Mediterráneo y por otro lado en el Atlántico norte para dar soporte a los compromisos con la OTAN y la Unión Europea. 

Otra de las grandes adquisiciones que se efectuaron en la primera década de este siglo y que aún no han llegado son los Vehículos de Combate Sobre Ruedas (VCR) 8x8 ‘Dragon’, un tipo de blindado de clase mundial que se pidió a partir de la muerte en 2007 de seis soldados españoles en el Líbano, en un ataque de Al Qaeda con un coche bomba que reventó el tanque en el que viajaban. Poco después de aquel atentado se constató que aquellos blindados, BMR, no poseían inhibidores de frecuencia para neutralizar los coches bomba. El programa fue cancelado en 2010 por los recortes de la crisis y reactivado en 2013, aunque el contrato no se firmó hasta agosto de 2020 ya con el Gobierno actual: 348 blindados, por un presupuesto inicial de 2.100 millones hasta 2030, que se prevé que lleguen en el último trimestre de este año. España no obstante necesita llevar hasta 1.000 el número de blindados si quiere ir sustituyendo los que tiene actualmente. 

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el programa Eurofighter 2000 que se firmó en 1998 y que se refinanció por última vez en 2017 para terminar de pagar los 4.461 millones restantes dentro de ocho años. En ese momento se compraron 87 cazas de este tipo dentro de una adquisición conjunta entre Reino Unido, Alemania e Italia. Ahora, Defensa ha encargado otros 20 aviones de combate de este tipo para ir sustituyendo a los F-14, con la primera entrega prevista para 2026.

El armamento del futuro

Esta es la factura de lo que España ha encargado en el pasado y todavía no se ha terminado de pagar, pero el Ejército tiene un margen muy amplio para la compra de nuevo armamento, alineado con las necesidades bélicas actuales y no de hace, como poco, una década. “Hay muchísimo para modernizar porque tenemos un armamento que no es que esté atrasado, es que está obsoleto”, sintetiza Antonio Fonfría, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. España, por ejemplo, no tiene previsto por el momento sustituir los carros de combate Leopard 2, o los aviones británicos Harrier, que, dice Fonfría, “se tendrían que haber sacado de circulación y no deberían de estar operativos”, para sustituirlos por aviones de despegue de corto recorrido, por ejemplo.

A partir de ahí, las Fuerzas Armadas españolas podrían dotarse de nuevas capacidades que no tienen o hasta ahora no han potenciado. Este jueves, Sánchez afirmó que España sí cumple otro de los compromisos de la OTAN: superar el 20% del presupuesto de Defensa en la inversión en nuevas capacidades. “Los sistemas que tenemos ahora mismo responden solo parcialmente a un tipo de conflictos a los que nos tenemos que enfrentar”, opina Fonfría, que propone comprar misiles de largo alcance o, sobre todo, invertir en ciberseguridad y en inteligencia: “La guerra de Ucrania ha demostrado que la inteligencia es fundamental. Estados Unidos y Gran Bretaña han brindado una inteligencia clave a Ucrania, que le ha permitido hacer movimientos que de otra manera habrían sido impensables”. 

Bernardo Navazo, analista experto en defensa, cree que todas esas deudas arrastradas han dejado a España sin poder pagar nuevos sistemas de defensa más sofisticados. “Es obvio que el espacio y la capacidad de recuperar inteligencia en tiempo real es extremadamente interesante. Ucrania ha podido resistir en gran parte por la información en tiempo real que le pasa Estados Unidos, pero nosotros queremos tener más información sin depender realmente de ellos”, sostiene. 

Otra veta que España no ha desarrollado o lo ha hecho solo de forma experimental y exclusivamente con enfoque en la vigilancia es la de los drones. El Consejo de Ministros aprobó por ejemplo en enero 1.890 millones de euros para desarrollar el denominado Eurodrone junto con Alemania, Francia e Italia, una aeronave pilotada a distancia que puede transportar armas de precisión o desarrollar labores de vigilancia sofisticadas, aunque la mayoría de sus capacidades aún se desconocen.

“Es esencial recuperar capacidades clave, como la inteligencia, la guerra electrónica, operaciones electromagnéticas, etc. Pero cuando pensamos en sistemas nuevos hay que pensar en el futuro, porque estamos pensando en que los sistemas que compra ahora estarán operativos dentro de una, dos, tres décadas. Hay que pensar en la tecnología de ese momento”, propone Colom, que enumera: “sistemas no tripulados, municiones merodeadoras, más capacidad de mando y control y más inteligencia”. Todo, en caso de que el incremento en el presupuesto se produzca, pese a las dificultades parlamentarias y una opinión pública en contra.

Alistamiento y preparación de las fuerzas

“No tenemos músculo. Ahora mismo nuestro Ejército es un bonsái. Parece un árbol, pero no es un árbol, es mucho más pequeño”, resume Navazo, que señala que uno de los principales recortes que se efectuaron tras la crisis inmobiliaria fue en el alistamiento de las tropas, esto es, se redujo el número de horas de entrenamiento de vuelo, en el mar o en tierra entre un 70 y un 80%. Esto se traduce en que la gran parte de las fuerzas españolas no están realmente operativas. 

El despliegue de Fuerzas Armadas en el exterior asciende a casi 3.000 efectivos en 17 misiones diferentes, sobre todo en Líbano y Malí, pero también en misiones de la OTAN en Letonia y Turquía o en misiones de la Unión Europea (UE) en diferentes países de África. Esas tropas rotan cada cuatro meses, con lo que en estos momentos hay 3.000 militares descansando, 3.000 entrenando al 100% y otros 3.000 en destino. 

Esos 9.000 soldados, además de la Unidad Militar de Emergencia (UME), ideada en el Gobierno de Zapatero y cuyo despliegue se utiliza en catástrofes, están totalmente operativos, pero el problema es lo que ocurre con las más de 110.000 que están en España, con una operatividad de entre el 5% y el 15%. “No es adiestramiento, porque a ti te pueden adiestrar o entrenar, pero eso no significa que puedas ir mañana a combate. La idea es que puedas hacer hoy el ejercicio que practicaste ayer, es capacidad de respuesta”, completa Navazo.

Fonfría apunta por su parte a un problema que va antes del alistamiento y es la formación. España dedica un 4,6% de su presupuesto de Defensa al adiestramiento de sus militares, unos 435 millones de euros. “Hay que hacer énfasis en esto, sobre todo cuando los sistemas son cada vez más sofisticados. Esto en España se hace relativamente bien, el problema es cuando tienes pilotos que vuelan pocas horas o marinos que están menos días en el mar, ahí tienes una cierta descapitalización. Que vuele un avión o que salga un barco tiene costes elevados. Si no tienes presupuesto, tienes una limitación en términos de formación”, explica. 

¿Un incremento necesario?

Para poder acometer todas estas inversiones, España necesita llevar el gasto en defensa al menos hasta ese 2% y eso solo se puede hacer por la vía de los presupuestos generales. Sánchez necesitaría por tanto para garantizar este compromiso adquirido verbalmente convencer a sus socios habituales en el Parlamento empezando por la formación con la que comparte coalición. Mientras Sánchez ejercía de anfitrión de los mandatarios de la alianza en Madrid, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pedía invertir en una renta básica garantizada y no en armas: “España no necesita ni más armas ni tanques, necesita que todas las personas tengan recursos para vivir con dignidad”. 

El profesor Vicenç Fisas, analista de conflictos, política internacional y procesos de paz, no ve ningún motivo real para duplicar el presupuesto militar: “Estamos en una situación geográfica en la que no hay ninguna necesidad de pensar que nos va a afectar una invasión rusa; no tenemos los mismos temores que los países bálticos”. Fisas apunta, por otro lado, a un error estratégico. “El hecho de tener más armas no implica tener más seguridad, sino más bien lo contrario. Lo aprendimos en la Guerra Fría, porque se produce el efecto de acción-reacción. Es una espiral sin fin”, alerta. 

Frente al resto de expertos, que ven indispensable elevar el gasto para cubrir las necesidades expuestas, Fisas lamenta que para defender este aumento el Gobierno hable además del beneficio para la economía española. “Me preocupa mucho esta justificación, porque no todo vale. La industria del armamento no es comparable a la de otros sectores. Es muy sensible, fabrican instrumentos para matar”, concluye.