La Guardia Civil ha detenido a dos personas supuestamente relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que las detenciones se llevaron a cabo anoche, dentro de la llamada Operación Púnica, y que una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero.
Con estas detenciones y la de ayer de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son ya 38 los arrestados en la operación y 14 los imputados, aunque algunos de ellos han sido ya puestos en libertad por el juez.
Velasco seguirá tomando declaración este jueves a los 17 detenidos que aún no lo han hecho. Entre lso cabecillas de la trama corrupta se encuentran el exconsejero madrileño y execretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza.
El primer furgón de la Guardia Civil, con cinco detenidos, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim a las 09.00 horas, media hora después llegaba un segundo furgón y a las 09.50 llegaba un tercero, con lo que en total han sido ya trasladados 15 de los 17 detenidos a los que Velasco interrogará hoy, han informado fuentes jurídicas. Faltan por llegar Granados y Maljariza.
Además de a Granados y a su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, Velasco tomará hoy declaración al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a cinco empresarios. Dos de ellos, Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).
El magistrado de la Audiencia Nacional envió este miércoles a prisión eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.
En este procedimiento, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 comparecieron ayer ante el juez, otras 17 lo hacen hoy y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil.
El juez afirma en un auto que los detenidos formaban parte de una “trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios”, contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.