La Policía Nacional ha detenido a 52 personas en Málaga e investiga a cinco empresas por su presunta responsabilidad en un delito de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que asciende a 1.374.828,65 euros.
El entramado, que procuraba contratos fraudulentos a trabajadores para el cobro de subvenciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y otras ayudas que permitían la regularización de ciudadanos extranjeros, estaba liderado por dos hombres de nacionalidad española de 40 y 45 años.
Tras los registros de los domicilios de los dos principales encartados y de la sede de una de las empresas, se ha intervenido documentación y material informático, ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado.
La “Operación Ralis” comenzó en octubre del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de una red de empresas ficticias -algunas con una mínima actividad real- dedicadas al sector servicios y con sede en Málaga para que los trabajadores cobraran prestaciones de desempleo.
Fruto de las pesquisas, la Policía constató cómo los supuestos empleados desembolsaban entre 250 y 450 euros a los administradores de estas empresas para obtener un contrato laboral.
El desfalco total causado a la Administración se divide entre los 903.805 euros en deudas contraídas a la Seguridad Social y en 471.023 euros del importe cobrado fraudulentamente en subvenciones.