Meritxell Batet anunció el resultado de la votación de la reforma de la ley del sólo sí es sí con una amplia mayoría. 233 votos a favor, 59 en contra. Los diputados socialistas decidieron que no era una victoria de la que pudieran presumir. Optaron por ofrecer la imagen de la derrota. No aplaudieron. Se quedaron sentados con cara de circunstancias. Las ministras María Jesús Montero y Pilar Llop ponían cara de desear estar en cualquier otro sitio menos en el hemiciclo. Por el contrario, la bancada del PP aplaudió con rabia y hasta se levantó de sus escaños para celebrar lo que consideraba una victoria. Teniendo en cuenta que la mayoría de la investidura se había hecho pedazos, no les faltaba razón.
Con la intención de hacer algo de control de daños, Patxi López intentó apagar el incendio con un vaso de agua. “Lo que hemos hecho ha sido corregir una especie de fe de erratas que tenía la propia ley”, dijo después el portavoz del grupo socialista. No parece que fuera como poner o no la tilde en 'solo'.
El aire de funeral en la izquierda se vio acentuado con la intervención de Irene Montero, en algunos momentos con un gesto desencajado: “Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que he vivido en esta Cámara como ministra”. Otro motivo para que la derecha hiciera fiesta.
Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos no eran sólo una cuestión de sensaciones o sentimientos. Por momentos, daba la impresión de que no estaban hablando de la misma ley. “El PSOE no modifica ni una coma de la definición de consentimiento”, comentó la socialista Andrea Fernández. Se encuentra en el artículo 178 del Código Penal que incluye esta frase: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Irene Montero subió a la tribuna para responder: “Desde diciembre ustedes sólo han hecho una propuesta, cuya clave es volver al esquema penal anterior bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, de que con una herida basta, como dijo la ministra de Justicia”. Según Podemos, eso es lo que inspira la reforma ahora aprobada. “Es una vuelta atrás respecto a la centralidad del consentimiento”, dijo Lucía Muñoz, de Podemos.
Tanto Montero como Muñoz utilizaron el mismo ejemplo para denunciar los cambios. Se refirieron al caso de Dani Alves, en prisión acusado de violación. Se ha regresado a “un sistema que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia”, en expresión de la ministra.
Un abogado defensor puede decir lo que quiera al explorar todo argumento que pueda favorecer a su cliente. Eso no quiere decir que el juez instructor o el tribunal le vaya a hacer caso. De hecho, la Audiencia de Barcelona ha rechazado su petición de puesta en libertad con esos argumentos que surgieron en el pleno. Además, esta es la cuarta versión que da Alves sobre los hechos que le han llevado a la cárcel, con lo que su credibilidad se ha visto bastante dañada.
Lo que no se puede negar es que la ley del sólo sí es sí en su redacción original ha originado un millar de reducciones de pena y eso ha supuesto una presión insoportable para el PSOE. Su electorado no se lo iba a tomar bien, básicamente porque beneficiar a delincuentes sexuales no tiene buena prensa. Sería diferente si la discusión sobre las penas hubiera formado parte de los discursos de los promotores de la ley en ambos partidos en el debate parlamentario. No fue así.
Acusar por defecto a los jueces quizá tenga salida entre los votantes de Podemos, pero no entre los del PSOE. También eso iba a separar a las dos formaciones.
Sánchez asumió la responsabilidad de pedir disculpas esta semana por los “efectos indeseados” de la ley. Todo tiene un límite y no quiso asumir el trago de participar en la votación de la reforma en el Congreso. Pasó el día en el Parque Nacional de Doñana. Hizo una declaración sobre el motivo de su visita ante los periodistas, pero no admitió preguntas.
Los socialistas intentaron entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP para intentar aliviar el peso de la mañana, lo que Andrea Fernández llamó “sensación agridulce”. Agradeció su labor a las dos diputadas del PP con las que ha negociado, pero cargó contra ese partido por haber buscado sacar “rédito político” de toda la polémica generando miedo en la opinión pública.
“Han impulsado campañas morbosas en las redes sociales, todo al más puro estilo OK Diario”, acusó Fernández. Sí, todo un desfile de personajes desagradables con interés en atacar al feminismo entró en liza y lo hizo por una puerta que habían abierto el PSOE y Podemos.
Otra de las consecuencias de este convulso proceso legislativo ha sido su influencia en el debate sobre las penas en los delitos sexuales y la ofensiva punitivista que se produce de forma periódica bajo la idea nunca demostrada de que se reducirán esos delitos si aumentan las penas de prisión. Ese es el campo en que la derecha siempre se ha movido cómoda. Los delitos de violación llevan castigándose con dureza desde hace siglos. El problema era lo que rodeaba a ese delito: el estigma social que sufría la mujer agredida, que hacía más difícil la denuncia, la falta de apoyo en su familia y en las fuerzas de seguridad del Estado, el hecho de que no fuera creída si el violador era alguien de una clase social superior, la impunidad que terminaban teniendo esos agresores.
Al final, el debate ha estado dominado por las penas cuando no era un punto central inicialmente en el Parlamento. Pero con la irrupción de la polémica, ya sólo se habló de penas. El PSOE quería introducir cambios que impidieran las rebajas de penas causadas por el fin de la distinción entre abuso y agresión sexual. Podemos presentó una enmienda que elevaba el castigo penal hasta un punto tan exagerado que superaba en los peores casos a las penas por homicidio. Montero resaltó en el pleno la paradoja de que el PSOE les pidiera penas más altas y luego rechazara su enmienda que pedía precisamente penas más altas.
Podemos empezó a hablar del “Código Penal de la Manada”, cuando en realidad el Tribunal Supremo impuso fuertes penas de prisión a los integrantes de ese grupo delictivo basándose en ese mismo texto legal. Los socialistas han reaccionado como si los cambios necesarios fueran unas correcciones menores que no deberían incomodar a nadie.
Lo único en que deberían coincidir es en confiar en que los votantes no recuerden mucho todo este episodio legislativo cuando lleguen las elecciones.