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Francia se adentra en una difícil negociación para formar Gobierno
La acogida de menores migrantes pone al límite a los gobiernos de PP y Vox
Opinión - Lección de dignidad. Por Esther Palomera
CRÓNICA

El día en que el PP de Feijóo se abrazó a la extrema derecha

Feijóo y Abascal, en una imagen de archivo.

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26 de diciembre de 2018. Fue la primera vez en 40 años. Los secretarios de Organización del PP y Vox firmaban un primer acuerdo para repartirse las instituciones. Con luz y taquígrafos, el PP metía en la Mesa del Parlamento Andaluz a la extrema derecha. Diez días después, el PP y la extrema derecha llegaban a un nuevo acuerdo por el que Vox se comprometía a apoyar la investidura del gobierno de coalición de Juan Manuel Moreno Bonilla y Ciudadanos. Eran plenas Navidades, y el PP hacía una apuesta, ir de la mano de Vox, que sólo podía multiplicarse en cada cita a las urnas: desde este sábado, el PP gobernará 23 grandes ciudades en coalición o gracias al apoyo de Vox –17 de ellas donde PSOE fue la fuerza más votada–.

Dos semanas después de ese acuerdo, llegó el primer toque de atención más allá de los Pirineos. Pero el PP y Ciudadanos decidieron no escuchar. Ese toque de atención ponía el espejo de qué significa pactar con la extrema derecha: retroceder en los derechos de las mujeres, cuestionar las políticas contra la violencia machista, hablar de “violencia intrafamiliar” y normalizar conceptos como “ideología de género” que emplea habitualmente Vox.

“Las declaraciones de Vox sobre los derechos de las mujeres son preocupantes”, declaró el 8 de enero de 2019 a su llegada a Bruselas la entonces ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau: “Cada país tiene sus especificidades, y cada partido toma sus propias decisiones. Entenderán que como miembro de un gobierno y un partido como La République En Marche [aliado de Ciudadanos], que ha luchado contra la extrema derecha en las elecciones presidenciales, para mí no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros. He escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox, que quieren dar marcha atrás sobre los derechos de las mujeres. Lo encuentro muy preocupante, y creo que se debe hacer todo lo posible para combatir ese tipo de extremismo”.

Un siglo después, las derechas políticas –con los pactos de investidura y gobierno–, mediáticas –amplificando sus mensajes– y judiciales –ejerciendo de oposición al Gobierno de coalición y aferrados al CGPJ caducado– volvían a allanar el camino a la entrada de la ultraderecha en las instituciones. Fue el primer paso de un camino que no ha dejado de andarse: en junio de 2019, el PP se hacía con instituciones relevantes donde no había ganado las elecciones, como en el Ayuntamiento y la presidencia de Madrid, gracias a los votos de Vox. Y en junio de 2023 se trata de más de un centenar de Ayuntamientos y de varias comunidades autónomas, como Castilla y León y el País Valencià –y con Extremadura en el horizonte–.

El pacto con la ultraderecha se convertía en algo cotidiano para el PP. Y los toques de atención seguían llegando de más allá de los Pirineos. El entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estaba convencido en junio de 2019 de que la apuesta era infalible: aún quedaban cinco meses para que perdiera 47 escaños y se fulminara su carrera política. Y estaba tan eufórico que llegó a decir que contaba para ello con el aval del Elíseo, algo que se apresuró a desmentir la presidencia francesa. En efecto, lo del cordón sanitario a la extrema derecha es algo que se practica en Francia, y también en Alemania. “Mientras sea líder de la CDU, no habrá ningún trabajo conjunto con la AfD. Es xenófobo y antisemita, no tenemos nada que ver con esa gente”, ha sentenciado recientemente el líder de los conservadores alemanes, Friedrich Merz.

¿Y qué viene de la mano de los pactos con Vox? La normalización de discursos que hablan de “feminazis”; que acusan a menores extranjeros desamparados de criminales, incluso con campañas de publicidad en el Metro de Madrid; que se cuestionen las medidas de contención de una pandemia y se jaleen protestas callejeras contra los confinamientos por la COVID-19; que se asuma que el Gobierno de coalición es el peor en ocho décadas, incluidos los gobiernos de la dictadura; que se abogue por acabar con las autonomías; que se niegue el cambio climático; que se supriman políticas en favor del colectivo LGTBI; que se destierren las políticas de memoria democrática; que se hagan concentraciones con vuvuzelas en la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero; y que se sobreactúe con la delincuencia y la “ocupación”, este último tema muy socorrido en algunas televisiones...

“Los valores machistas y la LGTBIfobia, el racismo y la xenofobia preexisten antes del surgimiento de Vox, pero lo que hace su irrupción en el panorama político y en las instituciones es azuzar y exacerbar, con mucha visibilidad mediática, ese tipo de valores y discursos”, explica la socióloga Beatriz Ranea en una entrevista con elDiario.es: “Ese discurso que intenta movilizar desde lo más emocional nutre el caldo de cultivo para esta violencia y le da legitimidad. Otro elemento que impacta es que el PP tampoco cuestiona ese discurso, con lo cual la derecha tradicional también se radicaliza en ese sentido. El relato de la extrema derecha reconforta a hombres enfadados con los avances feministas y LGBTI”.

Pactar con Vox es también no salvar el Mar Menor en Murcia, supone secar Doñana y amagar con el latido fetal a quien quiera ejercer su derecho al aborto, mientras se instaura el veto a la educación sexual en las escuelas, cuyo fin es prevenir la violencia machista y las manadas.

Y el PP y sus aliados mediáticos y judiciales no han parado en esa estrategia. La politóloga Silvia Claveria escribía en elDiario.es: “Las investigaciones concluyen que cuando los medios cubren en mayor medida a estos partidos [de extrema derecha] y publican más noticias, aumenta el voto a los mismos. Los medios ejercen una influencia en los ciudadanos, ampliando o reduciendo el apoyo a determinadas formaciones”.

Por ejemplo: en octubre de 2019, un mes antes de lograr medio centenar de escaños en el Congreso, Abascal fue a “divertirse” a El Hormiguero, el programa de Antena 3 que lidera las franjas de audiencia prácticamente todos los días. Al inicio del programa, el conductor del espacio, Pablo Motos, defendió la presencia del líder de la extrema derecha: “Como nosotros no nos casamos con nadie, queremos poner a prueba la fortaleza de las ideas”, dijo. Abascal bromeó con Motos sobre esta polémica: “Venía preocupado por ti, por lo que van a brearte a partir de ahora. Te he traído antiinflamatorios”, ironizó durante una entrevista en la que se pudieron escuchar las ideas de la extrema derecha ante temas como el aborto, la eutanasia, la violencia machista, la inmigración, el colectivo LGTBI o el franquismo.

Tres años después de que Emmanuel Macron criticara a su aliado en España por pactar con la extrema derecha, fue el entonces presidente del PP europeo, Donald Tusk, quien dio un nuevo toque de atención que, como los anteriores, fue desoído por la cúpula del PP. El ex presidente del Consejo Europeo aseguró el 10 de marzo de 2022 que el acuerdo del primer gobierno de coalición entre PP y Vox, en Castilla y León, era una “capitulación”.

Tusk manifestó su confianza, que se ha ido revelando ingenua, en que fuera “un accidente” y no una “tendencia”. “Para mí ha sido una sorpresa triste. Casado [que se despedía aquel día como líder del PP], nuestro colega, ha participado en la reunión, ha dimitido de su puesto”, dijo Tusk: “Era una garantía personal de no llegar a pactos de Gobierno con la extrema derecha y preservar al PP español en el centro derecha, sin flirteos con la extrema derecha. Esperamos que sea sólo un incidente o un accidente, no una tendencia. Hay que combatir esos deseos [de cogobernar], supone una capitulación”.

Pero aquellas palabras de Tusk quedaron en nada. Su sucesor en la presidencia de la principal familia política europea, el PPE, el alemán Manfred Weber, ha optado por capitular y dejarse llevar por esos deseos y ha validado todos los acuerdos con la extrema derecha que se han ido produciendo en Europa. Pero también la asunción de todas las políticas de la extrema derecha que asume la familia popular.

Por ejemplo, como en Grecia, donde el Gobierno del popular Kyriakos Mitsotakis está desarrollando una política migratoria muy difícil de superar por la extrema derecha, en cuanto a expulsiones violentas y sin miramientos –en la línea también de la tragedia de Melilla en verano pasado–. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió a la OTAN que incluya la inmigración en el flanco sur como “amenaza híbrida”, cosa que se hizo en la cumbre de Madrid. “El terrorismo, la ciberseguridad, el uso político de los recursos energéticos o la migración irregular de forma conjunta pueden quebrar nuestra soberanía”, decía, situando a la migración irregular en el mismo saco que el terrorismo.

“El discurso de la extrema derecha está siendo legitimado desde las instituciones, con hechos y con palabras”, escribía Olga Rodríguez en elDiario.es: “Aumenta el gasto en defensa para hacer frente a personas desarmadas. Se señala la inmigración como uno de los grandes peligros. Algunas tesis fascistas ya están aquí disfrazadas de democracia. Pero después los mandatarios se preguntan, alarmados, cómo es posible que importantes porcentajes de la población acepten los postulados de Vox”.

En este sentido Tobias Teuscher, del partido neonazi alemán AfD, miembro de la familia política Identidad y Democracia, decía en el Parlamento Europeo: “Si han visto las conclusiones del Consejo Europeo sobre inmigración, están incluidas todas las demandas que Identidad y Democracia han puesto sobre la mesa en los últimos meses: frenar la entrada ilegal, protección de fronteras, el retorno rápido y la lucha contra el contrabando. Más presión sobre los países que se nieguen a cooperar en la aceptación de devoluciones mediante un endurecimiento de la política de asilo, de visados o de ayuda al desarrollo”.

Teuscher, a continuación, daba las gracias al líder de los populares europeos, Manfred Weber: “Lo admito. No habríamos sido capaces de hacer esto por nuestra cuenta. Hemos tenido un excelente spin doctor con un gran número de contactos. Manfred Weber es su nombre. El jefe de la CSU, que observa las ideas del grupo ID y las asume como propias. El llamado cordón sanitario es poroso. Manfred Weber debería ser coherente. Tengo un puesto de jefe de unidad en mi grupo. Tal vez le gustaría pillar el trabajo. Como hombre de la CSU, copiar ideas de la AfD y apoyarse en el grupo ID como presidente del PPE es algo que tampoco está bien visto”.

El discurso de la extrema derecha no deja de ganar posiciones. Y también sus partidos en las instituciones: este miércoles PP y Vox anunciaban el Gobierno de la Comunitat Valenciana, después del de Castilla y León. Eso sí, en Catalunya, Euskadi, Navarra y Galicia Vox es anecdótico.

¿Y qué ha pasado entre marzo de 2022 y junio de 2023? Giorgia Meloni, entre otras cosas.

“Es posible que hayamos dejado atrás los días en que la victoria de los partidos populistas y de extrema derecha parecía impensable o insostenible”, escribía Lorenzo Marsili en elDiario.es: “Quizá nos encontramos ante la nueva normalidad degenerada y derechista en la que ese necesario y respetable espacio de la democracia –el de Jacques Chirac, Margaret Thatcher o Angela Merkel– pase a ser sistemáticamente pervertido y ocupado por Trumps y Melonis. Tal vez Meloni consiga que la extrema derecha pase de la condición de outsider en la política europea a la de insider tenaz”.

Y la teoría se está verificando, también en España, con las alianzas entre el partido de extrema derecha Vox y el PP.

“Mire lo que ha hecho el Gobierno italiano en los primeros meses”, argumentaba Weber en una entrevista con los periódicos del grupo Funke media: “Meloni es constructiva en Europa, apoya a Ucrania y no hay problemas con el Estado de derecho en Italia”.

En efecto, a Weber y su Partido Popular Europeo parece que ya le da igual ir con la extrema derecha a las elecciones, incluso en un papel subalterno. Así lo demostró él mismo yendo a Italia a apoyar a Silvio Berlusconi, cuyo partido, Forza Italia, concurría a las elecciones del pasado 25 de septiembre coaligado con Fratelli D'Italia, encabezados por Giorgia Meloni, y la extrema derecha de la Lega de Matteo Salvini, histórico aliado europeo de Marine Le Pen.

Una deriva hacia Meloni que sólo puede acrecentarse después de la muerte de Berlusconi, que deja a su partido, Forza Italia, huérfano. Mientras, Isabel Díaz Ayuso en Madrid hace discursos que no se distinguen de los de Vox y Meloni. Como cuando ironizó en una comparecencia ante los medios sobre la ley trans al hablar de la ley de paridad anunciada por Pedro Sánchez. “Si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños”.

Los parecidos cada vez son mayores, como cuando se niega la legitimidad del Gobierno elegido; se cuestionan procesos electorales, como en la víspera del 28M; como cuando la derecha judicial impide incluso debatir proyectos de leyes en el Senado; o cuando se usan todos los resortes en Bruselas para sembrar todo tipo de dudas sobre el Ejecutivo; o como cuando se vincula al Consejo de Ministros con ETA, Venezuela o la antiEspaña.

“Es la consecuencia lógica de lo que ha pasado en los últimos años en España”, reflexionaba en elDiario.es José Juan Verón, profesor e investigador de Comunicación Política de la Universidad San Jorge de Zaragoza. “Vox, para blanquearse, ha ido necesitando esas fotos en las instituciones y con otros políticos para dar la imagen de que son una alternativa viable, que se les puede votar. Lejos de parar esto desde un principio se ha ido aceptando por parte de la derecha”.

“Lo que se ha visto en otros países es que cuando se establece un cordón sanitario no se percibe a la extrema derecha como un voto útil, con lo que se desactiva un poco su apoyo electoral porque se considera que pueden ser votos perdidos”, añade la politóloga Silvia Clavería. “Aquí, en España, hemos visto sin embargo esa aceptación, una legitimación como si Vox fuera alguien deseable”.

Verón considera que uno de los grandes errores sobre el tratamiento político y mediático de la extrema derecha en España es que se les ha permitido presentar “argumentos falsos y medias verdades”, o que “imponen en el debate público los debates que ellos quieren, sobre todo porque el PP se ha puesto de perfil para no enfrentarse con ellos porque al final los podían necesitar”.

“El discurso simplista siempre tiene víctimas y culpables, que suelen ser los colectivos minoritarios, como los que ellos llaman menas, o los inmigrantes. A ellos estos colectivos les dan igual, porque no les van a votar”, remarca. Verón también señala que “a las grandes centrales mediáticas el discurso de Vox no les molesta porque no atacan sus estructuras de poder, algo que sí hacía Podemos”. Y alerta: “Vox ha sido muy hábil aprovechando el hartazgo de la gente y viendo el descontento con los partidos tradicionales”.

José Pablo Ferrándiz, doctor en Sociología e investigador principal en Metroscopia, apuntaba otra clave en elDiario.es para explicar que España haya transitado del miedo a la extrema derecha a convertirla en tercera fuerza: que la derecha española nunca condenó el franquismo institucionalmente, y la primera y única vez que el PP de José María Aznar votó una resolución de condena del franquismo en el Congreso de los Diputados fue en 2002, casi 30 años después de la muerte de Franco. Desde entonces, los populares prefieren la equidistancia, como cuando el Gobierno exhumó los restos del dictador del Valle de los Caídos: la consigna de Génova fue la de adoptar un perfil bajo. “No parece vergonzante para una parte el electorado exhibir banderas preconstitucionales ni declarar simpatía por el franquismo”, dice Ferrándiz.

En efecto, se trata de una extrema derecha que habla sin tapujos de “yihadismo de género”, de derogar la ley de violencia machista, sacar el aborto de la sanidad pública y fomentar “la familia natural”. La irrupción de Vox en gobiernos e instituciones, que este sábado ha dado un nuevo gran paso, hace aflorar los mensajes ultra contra el feminismo, los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, algo que cristaliza en su programa electoral y en acuerdos de gobierno con medidas concretas. 

Es un discurso sin complejos propio de la extrema derecha, que siempre ha convivido en el seno del Partido Popular, y que sigue la estela de algunas propuestas que los populares han mantenido, de forma más o menos explícita, durante las últimas décadas. Por eso la normalización de Vox ha sido tan poco conflictiva en el PP, hasta el fuerte abrazo que se han dado este sábado para repartirse el poder local.

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