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Errores, bulos y mentiras en el informe de la Guardia Civil sobre la marcha del 8M
La tarde del 24 de mayo no estaba siendo tranquila para el coronel Diego Pérez de los Cobos pese a ser domingo. Pasadas las nueve de la noche ya acumulaba más de una decena de llamadas cruzadas con el general de la Zona de Madrid, su inmediato superior. Desde la Dirección de la Guardia Civil reclamaban información sobre lo que ocurría alrededor de la residencia de Irene Montero y Pablo Iglesias, escenario, un día más, de una cacerolada contra el Gobierno. Por la cabeza de Pérez de los Cobos no pasaba entonces lo que ocurriría solo una hora después, cuando le telefoneó la directora, María Gámez, y le comunicó su destitución. En el Ministerio del Interior tampoco advirtieron de las consecuencias del cese y de que otras dos decisiones tomadas posteriormente — poner los auténticos motivos por escrito y dar una versión contraria en público—, situarían a Fernando Grande-Marlaska en el peor momento de una carrera política que arrancó hace apenas dos años.
La seguridad ciudadana en Galapagar, como en el resto de municipios madrileños de menos de 30.000 habitantes, es competencia de la Guardia Civil. Pérez de los Cobos era el jefe de la Comandancia y José Antonio Berrocal es el general al mando de la Zona de Madrid. En uno de esos intercambios de llamadas por la situación frente a la casa de los dos miembros del Gobierno, alrededor de las 21:30, Berrocal pregunta a Pérez de los Cobos si es cierto que ha concluido la investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en el caso de la convocatoria del 8M. El coronel responde que no lo sabe y que le extraña porque, a efectos de la organización del trabajo en la Comandancia que dirige, debería saberlo.
Menos de un cuarto de hora después recibe otra llamada, esta de más arriba. Es el tenitente general Santafé, Mando de Operaciones y número 3 de la Guardia Civil. Santafé le hace la misma pregunta y obtiene idéntica respuesta, pero entonces el teniente general pregunta por la posibilidad de acceder a las conclusiones de la Policía Judicial. Pérez de los Cobos responde que eso no está entre sus competencias y que además la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha ordenado al capitán y al teniente que actúen con la máxima reserva, manteniendo sus pesquisas fuera del conocimiento de cualquiera que no sea ella misma.
Cuando el teniente general Santafé hace esa consulta a Pérez de los Cobos, en el Palacio de La Moncloa ya tienen el informe. Los guardias civiles lo habían entregado en el juzgado el jueves y la magistrada había dado traslado a las partes, entre ellas la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Uno de los colaboradores del presidente Sánchez lee el domingo por la tarde el atestado que le ha enviado la Abogacía del Estado y telefonea al ministro del Interior para informarle de su contenido y hacérselo llegar.
Viernes, 22M: comienzan las turbulencias
La luz de alarma se había encendido en Interior el viernes anterior. El Confidencial publicaba una información que aludía al informe si bien no recogía entrecomillados ni reproducía fragmentos. “La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal del 8M”, titulaba el periódico digital. En el Paseo de La Castellana indigna la “filtración”, pero se decide no reclamar el informe a la Guardia Civil. Esa decisión no resulta sorprendente si se atiende a la trayectoria de Grande-Marlaska en Interior, un juez que apela en todo momento a una gestión garantista, hasta el punto de pecar de inacción, por ejemplo, ante los excesos ultras de un sector de la Policía, con el argumento de que les ampara jurídicamente un laxo Régimen Disciplinario.
Ahí está el ejemplo del comisario que invitó a una celebración oficial a Billy el Niño y que a día de hoy sigue al frente del mismo distrito de Madrid o del comisario que filtraba datos de la investigación al imputado Javier López Madrid, actualmente en su puesto. También de un destacado miembro de la brigada política que está apartado en puestos administrativos, pero al que se decidió no enviar a su casa tras ser imputado por la Audiencia Nacional por si recurría y los tribunales le daban la razón. Esa actitud conservadora en Grande-Marlaska cambia el domingo 24 de mayo, después de la llamada de Moncloa, y deriva en la decisión del ministro de cesar a Pérez de los Cobos.
El informe está plagado de errores, bulos y tergiversaciones que intentan apuntalar la responsabilidad del delegado del Gobierno y se permiten señalar a otros cargos que no son investigados y que se han convertido en el blanco preferido de la derecha y la extrema derecha, como el director del Centro de Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. La decisión del “Equipo de Dirección” de Interior, según traslada en su llamada Gámez y luego pone por escrito, es destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.
La noticia del cese se conoce a la mañana siguiente, lunes 25. El Ministerio del Interior reacciona, a través de un portavoz, afirmando que se debe a una “pérdida de confianza”. Entre los mandos de la Guardia Civil ya corre como la pólvora el auténtico motivo o la razón de esa pérdida de confianza: no informar de los avances de la investigación a Franco por haber autorizado el 8M. Las gestiones del domingo por la tarde habían dejado un reguero de indicios: las tres llamadas a Pérez de los Cobos y las posteriores comunicaciones de la directora de la Guardia Civil a los miembros de la cúpula informándoles de la decisión del cese y sus motivaciones.
La oposición exige ya la dimisión de Grande-Marlaska clamando contra la supuesta intromisión del Gobierno en una investigación judicializada que además se dirige contra su delegado en Madrid. El entorno de Pérez de los Cobos teme que, en medio de la crisis por la epidemia de la COVID-19, el coronel sea la piedra que se arrojen unos y otros, el papel opuesto al de “servidor del Estado” que él siempre ha defendido. Pero eso resulta ya a esas alturas inevitable. Su intervención en el otoño independentista catalán polariza entre las derechas que le tienen por un héroe, de un lado; y por el otro, del independentismo, que reconoce en él uno de los rostros de la “represión”. A este segundo sector se suma una parte de la izquierda que percibe a la Guardia Civil como una institución fuertemente ideologizada. Poco influye en ese contexto que Pérez de los Cobos llegara Interior con un Gobierno socialista y que considere los cinco años con Alfredo Pérez Rubalcaba su época más fructífera en el Ministerio.
Lunes, 25M: trasciende el cese, arranca el incendio
A las tres de la tarde del lunes, la jueza dicta una providencia para citar como investigado al delegado del Gobierno. El escrito concluye con un párrafo dirigido a la “Policía Judicial actuante”, esto es, los agentes encargados directamente de la investigación: “Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a ésta magistrada-juez”. La magistrada recuerda en su providencia que ya dio esa orden al inicio de la investigación.
Esa noche, el teniente general Laurentino Ceña se marcha a la cama rumiando la decisión más importante de su carrera: dimitir como director adjunto operativo de la Guardia Civil. La destitución de Pérez de los Cobos es tomada por la cúpula como una afrenta, no solo por el ascendente del que goza el coronel en la institución, sino porque su cese es considerado una intromisión intolerable en el trabajo del instituto armado a las órdenes de un juez. Un grupo de altos mandos de la Guardia Civil recomienda a Ceña que se marche con honor, pero él teme que esa decisión se perciba como que es el general de una determinada opción política.
Martes, 26M: un informe tergiversado, Ceña se va
El martes siguiente amanece con la exclusiva de eldiario.es , que adelanta el contenido íntegro del informe de la Guardia Civil, con bulos recogidos por medios conservadores, conclusiones a partir de suposiciones, declaraciones de testigos sesgadas… La publicación del atestado enciende otro debate: ¿Se puede asemejar a otras investigaciones judicializadas de cuerpos policiales que en el pasado incluyeron errores o valoraciones arriesgadas o, por el contrario, constituye una manipulación dirigida contra el Gobierno?
En medio de ese incipiente debate, otra noticia da un nuevo giro al caso: Ceña presenta su dimisión a Gámez y se traslada al Ministerio a comunicárselo a Grande-Marlaska. Hacía 34 años que un teniente general no salía de forma abrupta de la cúpula de la Guardia Civil. Grande-Marlaska sale hacia la reunión del Consejo de Ministros. Moncloa avisa con unos minutos de antelación a la rueda de prensa que el ministro del Interior será uno de los comparecientes.
Interior asegura taxativamente que la aprobación de la tercera partida para cumplir con las subidas a policías y guardias civiles, acordada entre el Gobierno del PP y los sindicatos en 2018, estaba prevista para esa reunión del Gabinete ministerial con anterioridad al cese de Pérez de los Cobos. Pese a ello, no estaba previsto que Marlaska compareciera para explicarla en la rueda de prensa posterior. En un contexto de crisis amenazante, los uniformados pasan a cobrar un 20% más, con efectos retroactivos a enero, en una subida adicional a las que han tenido en los últimos dos años.
La intervención de Grande-Marlaska echa gasolina al incendio. El anuncio de la subida salarial es interpretado por la oposición como un torpe intento de apagar las llamas del cese de Pérez de los Cobos. Pero hay más. El ministro del Interior niega en su intervención en Moncloa que el coronel haya sido cesado por no informar del atestado del 8M y enmarca la destitución en un proceso “lógico y normal” de reestructuración de puestos de confianza. Después, Interior ha tardado diez días en anunciar el sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, un puesto, por otra parte, alejado de las tomas decisiones en el Ministerio del Interior. Pérez de los Cobos no despachaba con el ministro, ni con su número dos, y entre él y ellos había cuatro superiores en la cadena de mando, lo que hace difícil defender que se trataba, como dijo Marlaska, de un “puesto de confianza de la Secretaría de Estado de Seguridad”.
El ministro resta además importancia a la dimisión de Ceña porque le quedaban días para jubilarse y anuncia el nombre de su sustituto, el general de la lucha antiterrorista, Pablo Salas, al que conoce de su época en la Audiencia Nacional. A preguntas de los periodistas deja un comentario que enerva más a los mandos de la Guardia Civil, que lo consideran falso e innecesario: destaca el currículum de Pérez de los Cobos y añade que como el suyo hay “muchísimos” en el instituto armado. Esa tarde, el ministro repite las líneas generales de su rueda de prensa ante la comisión de Interior del Senado. La oposición sale en tromba contra él.
El miércoles se conoce una nueva destitución, la del teniente general Santafé, uno de los tres superiores que telefoneó a Pérez de los Cobos, al frente del Mando de Operaciones. Algunos medios se apresuran a vincular la destitución con el cese de Pérez de los Cobos y a hablar de “purga”, pero la destitución del teniente general estaba decidida desde dos semanas antes. La directora de la Guardia Civil había presentado un nombre, el del exjefe de la lucha contra la inmigración ilegal en El Estrecho, general Félix Blázquez, y Marlaska accedió a que ella eligiera al número tres del instituto armado. Santafé desconocía que iba a ser sustituido cuando telefoneó a Pérez de los Cobos y le preguntó por el contenido del informe del 8M, confirman fuentes del instituto armado.
Jueves, 28M: el Gobierno contraataca
El jueves comienza el contraataque del Gobierno. El diario El País titula en portada que el Ejecutivo atribuye la crisis de la Guardia Civil a “un pulso” que le están echando los mandos. En frente, la versión de los oficiales: su malestar está motivado exclusivamente por lo que consideran un cese injustificado y arbitrario de Pérez de los Cobos. La pregunta que sobrevuela es qué repercusión hubieran tenido los cambios si Marlaska hubiera esperado unos días a la jubilación de Ceña, ordenara su recambio por el general antiterrorista, y aprovechara para cambiar al número tres por otro reputado mando, como es su sustituto. Incluso si hubiera evitado la crisis en la Guardia Civil incluyendo a Pérez de los Cobos en esa reestructuración, pese a que el coronel ocupaba un puesto muy alejado de las responsabilidades de los anteriores.
La tensión en torno a Grande-Marlaska se mantuvo durante el fin de semana. El martes, El Confidencial adelantó el contenido de la propuesta de cese de Pérez de los Cobos que la directora de la Guardia Civil hizo al secretario de Estado. Gámez dejó por escrito los verdaderos motivos: “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
El Ministerio del Interior intentó relacionar las versiones de Marlaska con lo que decía la nota. Resumiendo: nadie de la dirección ni del Ministerio pidió el informe al coronel y todo lo que pone en ese oficio se concreta en la referida “pérdida de confianza”. Interior añadía ahora que Pérez de los Cobos había informado a sus superiores de que la jueza les había comisionado para la investigación del 8M y que también trasladó, en contra de lo que hizo con el informe polémico, que la magistrada había ordenado detener las pesquisas por la pandemia de la COVID-19. En la Guardia Civil aseguran que esa segunda comunicación por parte de Pérez de los Cobos nunca existió.
Martes, 2J: un oficio pone a Marlaska contra las cuerdas
A Marlaska le tocaba comparecer en el Senado y allí, en la tarde del martes, ofreció una nueva versión: lo que había motivado la pérdida de confianza había sido la filtración del contenido del informe, no el informe en sí, tres días antes del cese. Nada de eso se le mencionó al coronel en las llamadas que recibió el domingo, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas. Ayer miércoles, en el Congreso, Marlaska aseguró que si no se refirió en público al motivo verdadero del cese de Pérez de los Cobos fue para no manchar su currículum.
El presidente del Gobierno, que había respaldado ya a Grande-Marlaska, siguió ampliando la nómina de argumentos este miércoles en el Congreso. Sánchez dijo que el ministro del Interior irrita a la oposición porque está limpiando la policía política del PP.
En realidad, el grupo que se identifica por ese nombre, cuya primera línea está imputada al completo en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas, se disolvió a partir del verano de 2016 entre jubilaciones, peleas internas e imputaciones judiciales. Su artífice, el comisario Eugenio Pino, fomentó durante su mandato como director operativo de la Policía la tradicional rivalidad con la Guardia Civil, hasta protagonizar duros enfrentamientos entre Cuerpos. Esa Guardia Civil a la que zancadilleaba Pino estaba encarnada entonces en el Ministerio por el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Y en plena ofensiva de la oposición contra Grande-Marlaska, la Guardia Civil incorpora un nuevo informe fechado el pasado lunes, y adelantado por El País, en el que incluye una información sin firma en Abc sobre unas imágenes de Eitb de los momentos previos a una entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que incluyen un comentario de ésta 'off the record'. Montero constata que a la manifestación del 8M fueron menos asistentes que a convocatorias anteriores por la información que ya existía sobre los riesgos de la Covid-19. El capitán de la Guardia Civil incluye ese comentario en su informe, descontextualizado, y firma el atestado el mismo día que Abc publica el 'off the récord' de la ministra con otro medio sin permiso de éste.