El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo han cumplido su primer mes en prisión mientras el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que les investiga por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, rastrea su patrimonio en el extranjero.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha cursado comisiones rogatorias a varios países para tratar de determinar los bienes y las cuentas bancarias que De Cabo y Díaz Ferrán tienen en el extranjero con el objetivo de bloquearlas.
Entre los bienes del expresidente de la patronal que se encuentran bloqueados por orden de este tribunal se encuentra un yate de 27 metros de eslora denominado 'Leuqar III', el nombre al revés de Raquel, la esposa de Díaz Ferrán. El barco, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, está custodiado por las Fuerzas de Seguridad mientras se desarrolla la investigación.
FIANZAS RECHAZADAS
Velasco, que envió a prisión a los dos imputados el 5 de diciembre pasado, ha rechazado los recursos de reforma que tanto la defensa de De Cabo como la de Díaz Ferrán presentaron contra sus respectivas fianzas, de 50 y 30 millones de euros, respectivamente, y los ha elevado a la Sala de lo Penal para que sean estudiados en apelación.
El juez también envió a prisión al colaborador de De Cabo, Iván Losada, al que se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado del 'liquidador', Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria Susana Mora quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y el fiscalista Rafael Tormo fue puesto en libertad con medidas cautelares.
En la causa también se encuentran imputados Consuelo Garrido, esposa de De Cabo, los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, socio de Díaz Ferrán fallecido en junio pasado (Ignacio, José María, Gonzalo y Diana), y el abogado Raúl Jiménez.
Velasco abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia. Al expresidente de la patronal se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
Según el auto de prisión, Díaz Ferrán y Pascual “diseñaron una estrategia” para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales a De Cabo con el fin de “aparentar su insolvencia patrimonial”. A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros.