Diciembre ha sido un mes significativo en la historia inmediata de nuestro país. Se objetará que tanto como abril, junio o septiembre: seguramente habría que mirarlo, pero estamos a final de año y toca abordar recopilatorios. Y como lo mío es rememorar, voy a levantar acta de sucesos decembrinos en ese periodo que la historiografía debate si calificarlo de historia actual, historia del tiempo presente o historia inmediata, cada uno con sus características. Personalmente, prefiero el de historia inmediata, tanto por ser el título de una colección de ensayos políticos de mi juventud sesentayochista –de la editorial barcelonesa Edición de Materiales/Edició de Materials, copiado del título del libro de Jean-François Soule L’histoire immédiate (1994), que publicó Presses Universitaires de France (PUF) en su colección Que-sais-je?–, como por definir el periodo histórico que cubre acontecimientos desde los que aún viven protagonistas que pueden prestar testimonio sobre ellos a la actualidad.
Así que podríamos empezar por el 20 de diciembre de 1924 –en estos tiempos, las personas centenarias ya no son tan singulares– cuando, con motivo de los terribles pogromos en Rusia y el conflicto en Turquía, Primo de Rivera sometió a Alfonso XIII un decreto que otorgaba la nacionalidad española a todo judío sefardita que cumpliera unos requerimientos mínimos y que a la postre salvaría tantas vidas de judíos del genocidio nazi.
Otro 20 de diciembre, en 1931, 59 obispos firmaron la pastoral colectiva Sobre la situación religiosa presente y los deberes que impone a los católicos, en la que la jerarquía católica acataba el régimen republicano pero atacaba la recién aprobada Constitución (9 de diciembre de 1931) y sus proyectos de democratización secular de la sociedad española. La pastoral se publicó junto con la exhortación titulada Ante un proyecto de Constitución. Trabajemos y oremos del obispo Isidre Gomà, un progresivamente antirrepublicano activo que sería primado de España en 1933, cuyo radicalismo lo había convertido en líder de la facción más intransigente del episcopado español.
La constitución de un Frente Nacional Contrarrevolucionario, propuesto por Gil-Robles el 14 de diciembre de 1935, animó a la izquierda a conformar su propia alianza en enero de 1936: el Frente Popular, que aglutinó a formaciones dispares de izquierdas y venció en las elecciones generales de marzo de ese año.
En diciembre de 1938, con la derrota de la legalidad republicana en el horizonte, una macroencuesta de Gallup revelaba que el 76% de los norteamericanos apoyaba la causa republicana en España, entre ellos un 30% de los católicos, un 48% de los protestantes y un 98% de los judíos encuestados: es natural, diría Georges Brassens.
Al carajo treguas y amnistías
Ese mismo mes, el papa Pío XI pidió a Franco, a través del nuncio en España, una tregua de Navidad. La brutal respuesta del dictador fue que “una guerra es una guerra, que sólo puede terminar con la victoria de uno y la derrota de otro; por consiguiente, cualquier tregua o interrupción sólo serviría para alargar el sufrimiento”. En Morir en Madrid (1962), documental de Frederic Rossif, se dice: “El 23 de diciembre de 1938, mientras el Nuncio Apostólico pide en nombre del Santo Padre Pio XI una tregua para celebrar la Navidad, Franco desencadena el ataque”: el 23 de diciembre inicia la ofensiva contra Cataluña.
La noche del 31 de diciembre de 1939, el Franco vencedor estrena sus discursos radiados de fin de año en Radio Nacional de España. En plena fiebre antisemita, Franco destila odio: “Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir y a alejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés son el estigma que las caracteriza, ya que su predominio en la sociedad es causa de perturbación y de peligro para el logro de su destino histórico. Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión de los Reyes Católicos, hace siglos nos liberamos de tan pesada carga, no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y egoístas, tan apegados a los bienes terrenos, que con más gusto sacrifican los hijos que sus turbios intereses”.
El 9 de diciembre de 1939 el régimen había restaurado el ansiado, por la Iglesia, presupuesto de Culto y Clero, y el 8 de diciembre de 1946 legislaría sobre Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos, sumándose a numerosas disposiciones anteriores a favor de la Iglesia, desde ayudas para la reconstrucción de edificios religiosos a la regulación de la enseñanza religiosa en los planes de estudios, participación en los organismos de censura de todo tipo y en numerosas instituciones y altos organismos del régimen, exenciones fiscales y excepciones jurídicas de Iglesia y clero, jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, etc. Con todo, el Vaticano no firmará el Concordato hasta 1953, cuando tiene garantías de que, a continuación, Estados Unidos también pactará con la dictadura; de hecho, el 22 de diciembre de 1952 el departamento de Estado autorizó a sus negociadores a firmar los dos primeros acuerdos, ya que estaba previsto “el mínimo básico esencial del acuerdo sobre las bases”.
Durante la década de los 40, la mayor parte de los pronunciamientos eclesiásticos por el perdón era el corolario, obligado por la caridad cristiana y generalmente censurado, de la satanización sin ambages, la justificación de la continuación de la violencia en la paz y el aplauso al castigo de los “engañados”; por tanto, salvo en casos individuales, sin intención ni influencia para atenuar la represión.
Para el profesor Fernando García de Cortázar, “la Iglesia apenas si abrió la boca ni dejó sentir su peso abrumador sobre los oficiantes de la represalia. El miedo a aparecer ante éstos como cómplices del delito castigado paralizó, casi siempre, la voluntad de indulgencia de los clérigos y laicos católicos”. Tendencia que fue suavizándose a finales de la década hasta producirse un pronunciamiento colectivo: la Conferencia de Metropolitanos de diciembre de 1949 pidió al gobierno que “con motivo del Año Santo de 1950, concediera el perdón a todos aquellos que mostraran un arrepentimiento real por sus ‘pecados’ pasados. La tardía petición episcopal llega cuando se calcula que todavía hay más de 20.000 presos políticos en las cárceles y más de 200.000 españoles exiliados en Francia (del medio millón que salió en 1939).
Enemigo de la amnistía –¿a qué nos suena? Ya lo dijo el lenguaraz general Queipo de Llano: “Hay que echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo y filantropía y borrar del diccionario de la lengua las palabras piedad y amnistía”–, Franco concedió un indulto limitado, el segundo desde su llegada al poder de los once de todo su periodo, algunos con carácter de indulto general, y todos fueron adoptados por motivos religiosos o con ocasión de efemérides suyas. Para el dictador, no existían los presos políticos. “No hay ninguno. Las únicas personas encarceladas son aquellas que han sido convictas de algún crimen”, le dijo en 1949 al enviado del general Marshall en las conversaciones exploratorias para establecer las bases militares norteamericanas.
El aislamiento de la civilización
El 12 de diciembre de 1946, la Resolución 39 de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que “España es una amenaza para la paz del mundo” tras asegurar que “los pueblos de las Naciones Unidas dan al pueblo español seguridades de su simpatía constante y de que le espera una acogida cordial cuando las circunstancias permitan el que sea admitido al seno de las Naciones Unidas”. Así recomendó excluir a España de toda organización y conferencias internacionales y retirar los embajadores mientras subsistiese el régimen político de Franco, asimilable al de las potencias fascistas derrotadas.
A la dictadura le quedaban los gestos: un mes después, en la madrugada del día de Navidad de 1947, dos dirigentes principales del PCE en España, que estaban detenidos desde noviembre de 1946, fueron fusilados: Agustín Zoroa, Darío, jefe del aparato de agitación y propaganda, y Lucas Nuño, responsable político del aparato guerrillero. Francia lo calificó como la “crueldad de la impotencia”.
Otra vez Churchill, que el 10 de diciembre de 1948 había urgido el pleno reconocimiento: “Ni británicos ni americanos han sido matados por los españoles”, dijo irritado; argumento que si cuadraba justamente para España contradecía frontalmente su actitud hacia la URSS, que además de que no solo tampoco había matado “británicos ni americanos” sino que habían evitado, a costa de un alto precio humano, que murieran más británicos y americanos. Pero eran los términos de la Guerra Fría y ejemplo de cómo estaban cambiando las perspectivas.
La candidatura española, presentada por Canadá por razones de protocolo, fue objeto del llamado Package deal, o acuerdo global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por el que ambos se abstendrían de vetar ninguna candidatura en el Consejo de Seguridad, paso previo para someterlas a la votación de la Asamblea General. Aprobada la resolución 109 (1955) del 14 de diciembre, España recibió el voto favorable de once países del Consejo y dos abstenciones: la de Bélgica, que no perdonaba al franquismo la presencia descarada en España del nazi belga y criminal de guerra León Degrelle, y la de México, que no olvidaba que la República Española había apadrinado su entrada en la Sociedad de Naciones. En la votación de la Asamblea General, 55 naciones se pronunciaron a favor, ninguna en contra.
En 1959, la realidad era que el régimen de Franco había conseguido sacar a España del aislamiento y, para sí, cierto grado de reconocimiento internacional, que se convertiría en espaldarazo a finales de ese año cuando aterrizase en Madrid, el 21 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, en visita de estado. Un dato poco conocido es que Eisenhower llegaba convencido de que obtendría del dictador un estatuto favorable para la libertad religiosa, al menos para las religiones protestantes, y el establecimiento de la libertad de prensa; ante la cerrazón irreductible de Franco, un Ike furioso acortó su visita 24 horas.
Pero el desarrollo económico iba abriendo brechas en el aislamiento. En diciembre de 1960 las reservas de divisas del Banco de España, que eran de menos dos millones de dólares en junio de 1959 habían crecido a más 500 millones y la inflación, del 12,6% en 1958 se redujo hasta el 2,4% en 1960. La CEE decidió en diciembre de 1966 atender la petición de trato preferencial con España cursada en 1964.
Podría deducirse una paradoja: que los éxitos sociales del régimen franquista llevaban en sí el germen de su propia destrucción, al no saber abrirse a la evolución occidental de las costumbres y, claro está, a las libertades reconocidas y puestas en práctica en el mundo libre desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en París por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Un documento grandilocuente, si se quiere, pero que también amparaba detalles como no ser juzgado por publicar una foto de una actriz en bikini (en 1970, el Tribunal Supremo absolvió al editor y al director de Diez Minutos, condenados a penas de cárcel por haber publicado esa foto) o poder ver El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972), menudencias vetadas a los españoles que comenzaban a vivir la década de los 70 y a quienes no era posible aplicar las restricciones y limitaciones de las décadas anteriores sin que crecieran su resentimiento y su ansia de libertades.
El nacionalcatolicismo se lo piensa
Por el contrario, para poner los puntos sobre las íes, en diciembre de 1963, entró en funciones el Tribunal de Orden Público para la represión de la oposición, entre cuyas prerrogativas no entraba la pena de muerte, reservada a los tribunales militares, pero sí incoar 22.660 causas que afectaron a más de 50.000 españoles y haber dictado sentencias de cárcel por más de 12.000 años en 13 de existencia. Entre sus causas más famosas, el llamado Proceso 1.001 (proceso 1.001/72 del TOP), que el 30 de diciembre de 1972 condenó a 162 años de prisión a los diez dirigentes de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras, encabezados por Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general.
Era poner puertas al campo de la rebelión: los movimientos estudiantiles llamaron a manifestarse, en diciembre de 1966, en apoyo de los trabajadores de Madrid, Barcelona, Euskadi y Asturias en huelga y a sumarse a la manifestación en Madrid de más de 30.000 trabajadores, convocada por las ya mayoritarias Comisiones Obreras.
La XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de diciembre de 1971, ratifica la resolución aprobada en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de septiembre de 1971, por la que se pide perdón a los españoles por no haber sabido desempeñar un papel conciliador tras la guerra civil.
El 20 de diciembre de 1973 es asesinado por ETA Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno. Un atentado técnicamente perfecto, impropio de la banda terrorista; un crimen oscuro que pudo ser perpetrado con la colaboración, inacción, apoyo –táchese lo que no interese– de servicios secretos españoles y extranjeros (CIA), Guardia Civil, búnker franquista e incluso Palacio del Pardo, donde una Carmen Polo sueña con ver coronada como reina consorte de España a su nieta Carmen, casada con el pretendiente Alfonso de Borbón y Dampierre.
El régimen se tambalea: en su último bastión, las fuerzas armadas, también crece la disidencia. La posición de la Unión Militar Democrática, fundada en abril de 1974 por doce oficiales, queda expresada en su Ideario, elaborado y aprobado en asamblea general el 28 de diciembre del mismo año. “El completo divorcio existente entre la España real y el sistema totalitario que la gobierna, preocupado únicamente por su permanencia, están haciendo jugar a las Fuerzas Armadas el papel de guardián de los intereses del actual régimen. La UMD aspira a que las Fuerzas Armadas se pongan exclusivamente al servicio del pueblo, recobrando su prestigio y dignidad”.
Muerto el perro, queda la rabia. El 6 de diciembre de 1975, el rey Juan Carlos, cabeza de la monarquía restaurada por el dictador, nombra a Torcuato Fernández-Miranda presidente de las Cortes Españolas. Es un hombre del régimen, pero independiente de todas sus famiglias y decidido partidario de la democratización sin ruptura; su idea es ir “de la ley a la ley a través de la ley” para evitar vacíos legales y llegar a la democracia reformando las Leyes Fundamentales de la dictadura.
El 14 de diciembre de 1966 se convocó el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado para culminar la institucionalización y asegurar la perdurabilidad de la dictadura después de Franco, aprobada por unos imposibles 95,06% de síes y una participación del 88,8%. Diez años y un día después, el 15 de diciembre de 1976, se celebra el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, el llamado Referéndum por la Libertad, con un 94,45% de síes y un 77,8% de participación. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprueba en referéndum la Constitución que el rey sanciona ante las Cortes el 27 de diciembre. Comienza la transición.
45 años de democracia
La transición no fue un camino de rosas. Mariano Sánchez ha levantado acta de los 591 muertes por violencia política: terrorismo de ambos extremos, guerra sucia e institucional (en La Transición Sangrienta, Península), entre 1975 y 1983. Otra gesta de sangre, sudor y lágrimas por la libertad.
Encarrilada la transición por Adolfo Suárez, el 2 de diciembre de 1982, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español accede a la presidencia del gobierno, sin que España se rompa. Y en otro diciembre, el de 2011, abandonará la Moncloa otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo gobierno termina con ETA: la banda tampoco cree en las treguas de Navidad: el 11 de diciembre de 1987 atenta contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y asesina a 11 personas, entre ellos 5 niños, y hiere a otras 88. Y el 30 de diciembre de 2006 hace estallar una furgoneta-bomba en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, rompiendo su propio “alto el fuego permanente” y asesinando a dos civiles.
Entre ambos periodos socialistas, modernizadores del país, dos mandatos del presidente del Partido Popular, José María Aznar, que llega al poder tras los 13 años y medio de González. El primer presidente socialista de la restaurada democracia terminará acosado por la corrupción, la guerra sucia y cierta descomposición del PSOE. El 21 de diciembre de 2011, el PP vuelve a Moncloa de mano de Mariano Rajoy, que hereda y ‘enriquece’ un partido hondamente arraigado en la corrupción, condenado dos veces en los tribunales de justicia y por ello sujeto de una moción de censura que lo desaloja del poder.
Termino invocando a D. Antonio:
“¡Qué importa un día! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito;
¡hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana—ni el ayer—escrito!“.
Vendrán más diciembres, mejores y peores. De momento, les deseo un 2024 saludable.