El empresario amigo de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica ha decidido dar su versión en la Audiencia Nacional ante el juez Eloy Velasco. Y su declaración salpica a exalcaldes –la mayoría del PP–, diputados autonómicos, un consejero de Cristina Cifuentes y empresarios.
David Marjaliza. Participaba en casi 100 empresas. Es el supuesto cerebro de la trama Púnica, el conseguidor que tan fluida relación tenía con gobiernos municipales del PP y del PSOE en Madrid. Promotor inmobiliario, trabó amistad en su juventud con quien llegó a ser secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados: fueron al mismo colegio, el Sámer Calasanz de Valdemoro. Marjaliza llegó a manejar a través de decenas de sociedades el 60% del suelo urbanizable en Valdemoro, según publicó El País, una de cuyas fuentes explicaba así al periódico el funcionamiento de la trama: “Marjaliza figuraba a la cabeza de un entramado de empresas que controló entre 2004 y 2007 la compra de suelo en Valdemoro. Los terrenos se vendían con los precios fijados por el arquitecto municipal. No había tasaciones privadas. El chófer del conseguidor permanecía durante días ante el Ayuntamiento”.
Allí, en su infancia de Valdemoro, conoció Granados a Marjaliza, constructor que aparece tanto en los papeles de la agencia Método 3 –como supuesto pagador de facturas para espiar a Ignacio González– como en los de la Gürtel, en una conversación entre el exedil de Majadahonda Juan José Moreno y el constructor Raúl Calvo (exdirectivo de Dico). De acuerdo con esta conversación de 2005 publicada por El País, Marjaliza era “el tapado de Granados”, según Calvo: “Él [Granados] no tiene nada en Valdemoro, tira de David [Marjaliza]”.
Marjaliza ha decidido tirar de la manta a cambio de una reducción de la petición de condena que haga en el futuro la Fiscalía. Entre las presuntas revelaciones en las que indaga el juez está la implicación en la trama Púnica del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Madrid, Jaime González Taboada.
Marjaliza había estado ya tres veces en el despacho de Eloy Velasco cuando el pasado noviembre el juez de la Audiencia Nacional, de acuerdo con las fiscales Anticorrupción decidió citarle de nuevo. Unas semanas después, el juez cambió la medida de prisión incondicional por la de libertad bajo fianza de 100.000 euros. El 30 de diciembre, Marjaliza salió en libertad.
Francisco Granados. Compañero de colegio de Marjaliza, alcalde de Valdemoro (1999-2003), donde se hizo fuerte el conseguidor de la Púnica; diputado en la Asamblea de Madrid (2003-2014) y senador (2011-2014) –hasta que dimitió tras conocerse que tenía una cuenta a su nombre en Suiza con 1,5 millones de euros–; consejero autonómico (2003-2011) y secretario general del PP de Madrid (2004-2011). Granados fue, junto con Ignacio González, uno de los hombres de mayor confianza de Esperanza Aguirre, la todopoderosa presidenta del PP madrileño durante 12 años (2004-2016).
Granados fue detenido en octubre de 2014 en el marco de la Operación Púnica: el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le atribuía en su auto “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.
Pero al margen de los indicios del juez, que le mantienen encarcelado en la prisión de Estremera, que él mismo inauguró como consejero de Justicia e Interior, Granados se ha visto envuelto en otros. Si en el Gobierno, González era la mano derecha de Aguirre, ese papel lo desempeñó Granados en el PP regional entre 2004 y 2011, justo después de Ricardo Romero de Tejada, a quien se apuntó como conocedor del tamayazo. Consejero regional entre 2003 y 2011 –de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior, sucesivamente–, fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, su ciudad natal.
Granados compró, en 2002, un chalé en Marbella a un constructor de Valdemoro que más tarde se lo recompró. En 2006, el coche de su esposa fue incendiado en su garaje cuando aún estaba a nombre de otra constructora, Grandes Locales de Negocios, S. L., matriz de la constructora que edificó el chalé de 1.000 metros cuadrados que Granados se hizo en Valdemoro.
Y la Gestapillo, así bautizada por Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, en El País. El epicentro son Aguirre y su equipo, y la incógnita sin despejar diez años después es la que, de rebote, la hizo presidenta de la Comunidad, el tamayazo, cuya comisión de investigación parlamentaria fue presidida por el propio Granados. Igual que aún queda por saber cómo se montó aquella trama de espionaje. Así lo definía Cobo en aquella entrevista en El País: “Aunque intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa Gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada. Pero estaban equivocados, porque aunque hubieran encontrado algo con que chantajearme, me hubiera dado igual, porque siempre diría lo mismo, a mí no me han gamoneado ni me van a gamonearnunca [en referencia a Sergio Gamón, alto cargo del Gobierno de Aguirre que montó el supuesto aparato de espionaje político]”.
Alejandro De Pedro. El 27 de octubre de 2014, se produjo el arresto de Francisco Granados. Era uno de los 35 arrestados por una amplia trama de corrupción, que albergaba diferentes ramificaciones en su seno, y que afectaba principalmente a la Comunidad de Madrid, pero también a Murcia y Castilla y León. Saltaba la Operación Púnica. En uno de los autos dictados en los días siguientes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a la cárcel al empresario Alejandro de Pedro Llorca como “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza –el amigo íntimo de Granados- y que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”.
En esas pocas líneas del juez se adivinaba lo que ocurrió el 26 de junio de 2015 en la Audiencia Nacional: la declaración como imputados del entonces consejero de Presidencia en funciones, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, también en funciones, Lucía Figar. Ambos habrían pagado con dinero de los presupuestos trabajos que revertían en su propio beneficio.
El juez Velasco envió a prisión al empresario Alejandro de Pedro el 30 de octubre. El día antes, uno de los detenidos, José Martínez Nicolás, había permitido al magistrado abrir una nueva vía de investigación. En su despacho de la Audiencia Nacional, el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, señaló a Victoria como el cargo que le ordenó reclamara 120.000 euros a Indra en tres partes. Al menos uno de ellos iría destinado a pagar una deuda con De Pedro.
Según la documentación que la Guardia Civil fue a buscar a la Comunidad de Madrid el 22 de enero, De Pedro hacía trabajos de reputación en Internet para Victoria, Figar y otros cargos de la Administración autonómica. Ante el juez Velasco también había declarado María José Gutiérrez Martínez, empleada de Eico Online, una de las empresas de De Pedro. Esta ingeniera informática desveló que lo que la Comunidad de Madrid quería hacer pasar como trabajos de clipping (recopilar y resumir las publicaciones en Internet sobre un tema), eran en realidad de mejora de la reputación de políticos del PP.
Entre los trabajos que mencionó figuran los de contrarrestar las noticias sobre el origen del ático del presidente de la Comunidad, Ignacio González, o las del cheque guardería que recibía Lucía Figar. “Un hueso”, según declaró ante el juez. El trabajo de la empresa consistía en crear una especie de periódicos zombies que solo publicaban noticias positivas de los políticos y que intentaban posicionarse por encima de las publicaciones reales que hablaban de las citadas informaciones. Esos trabajos se habrían camuflado en los contratos como de servicio de administración.
Javier López Madrid. El empresario, miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, el presidente del poderoso grupo de la construcción, está detras de pagos en metálico al Partido Popular de Madrid con alrededor de 1,8 millones de euros, según creen los investigadores de la Operación Púnica. El indicio parte del análisis de la documentación manuscrita incautada al que fuera hombre fuerte del PP madrileño Francisco Granados. Esas anotaciones acorralan al Partido Popular. Hasta el pasado noviembre se trataban de un jeroglífico, pero el empresario David Marjaliza, mano derecha de Granados y uno de los pilares de la trama Púnica, los tradujo para el juez Eloy Velasco en su cuarta comparecencia ante él desde que fue enviado a la cárcel.
Según las anotaciones, el Partido Popular habría recibido 2 millones de euros de dinero negro a través de Granados y de los apuntes recogidos, el 90% corresponderían a entregas de López Madrid, precisaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Los hechos investigados apuntan a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas. La investigación es incipiente y solo una información publicada en elespanol.com el pasado lunes precipitó el registro de la primera planta de la sede central del PP de la calle Génova, donde se aloja la formación regional. En la tarde del jueves también fueron registrados el domicilio y dos despachos profesionales de López Madrid.
Según publicó elespanol.com, el papel encontrado a Granados refleja una serie de pagos junto a las letras “JLM”, que Marjaliza identificó con Javier López Madrid. Marjaliza también dijo que las iniciales “BG” correspondían a Beltrán Gutiérrez. Por último, habría referencias a Ignacio Palacios, detenido por la UCO cinco días después de la comparecencia de Marjaliza ante el juez. Los investigadores creen que es la persona que cobraba el dinero negro para Granados a cambio de adjudicaciones.
López Madrid ya aparecía en el sumario de Púnica como la persona que cedía su barco amarrado en Marbella a Granados y Marjaliza para que se reunieran con distintas personas los fines de semana de los veranos de 2012, 2013 y 2014 a cambio de 250.000 euros. Allí se encontraron, entre otros, con los exalcaldes del PP de Valdemoro y Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas y José Carlos Boza, respectivamente.
Antiguo amigo personal de Felipe VI, su relación se ha enfriado con motivo de los escándalos en los que se ha visto envuelto el empresario en los últimos tiempos, si bien recibió el apoyo tanto de Felipe como de Letizia, a quien ella llamaba compi yogui, cuando saltó el escándalo de las 'black'.
Beltrán Gutiérrez Moliner. Ha trabajado en el PP de Madrid hasta hace pocas semanas, a pesar de haber abandonado oficialmente el cargo de gerente tras el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Un día después de que el PP nacional diera de baja en la Seguridad Social su contrato indefinido como jefe administrativo, el PP de Madrid volvió a contratar a Gutiérrez con las mismas condiciones. La formación que preside Esperanza Aguirre negó en un comunicado que Gutiérrez fuera despedido y mantiene que dejó de realizar sus funciones como gerente cuando puso su cargo a disposición de la dirección el 6 de octubre de 2014.
Gutiérrez Moliner es un personaje destacado del PP de Madrid. Aarece relacionado con la Gürtel por trabajos hechos por Special Events para actos del PP madrileño entre 2002 y 2004, y pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Fundescam es la fundación del PP madrileño a la que Correa facturó gastos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en 2003.
Beltrán Gutiérrez, al igual que López Madrid, se sentará en el banquillo de los acusados por el uso que dieron a su tarjeta 'black' mientras fueron consejeros de administración de Caja Madrid.
Jaime González Taboada. Es consejero de Medio Ambiente del Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes, con quien coincidió cuando él era director general de Cooperación con la Administración Local (2003-2015) y ella secretaria ejecutiva de Política Territorial del PP de Madrid (2004-2008). En el nuevo organigrama del PP, el consejero de Medio Ambiente González Taboada vicesecretario de Territorial de la gestora presidida por Cifuentes.
Marjaliza ha acusado a González Taboada ante el juez de la Audiencia Nacional de ser el que “mangoneaba” cuando se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), conocido como el 'Plan Prisma'. Según consta en el sumario, Velasco le pregunta en un momento del interrogatorio a Marjaliza acerca de cómo se distribuía el dinero que la Comunidad de Madrid destinaba a este plan, un proyecto aprobado cuando Granados era consejero de Presidencia y Justicia en la Comunidad de Madrid.
En un momento de la declaración, el instructor inquiere al declarante si del 100 por ciento del dinero que repartía Prisma le tocaba a Taboada gestionar el 77,81 por ciento. “¿Le suena que era el que mangoneaba?”, le pregunta el juez. “El que mangoneaba allí era él”, le replica el que fuera socio de Granados, quien cumple prisión preventiva por esta causa penal. Tras ello, Velasco le contesta si este señor es diputado, a lo que Marjaliza le contesta que sí y que es el 'número 3' de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras ello, Marjaliza relata cómo funcionaba la adjudicación cuando había una apertura de obra, en las que él pujaba en ocasiones. A él le pasaban “entre las tres y las cinco” mejores ofertas. “Si era una empresa conocida la llamaba y le decía que si quería la obra pagaran una comisión”, cuenta.
En otro momento de la declaración, el empresario señala ante el magistrado que una de las personas a las que pagó comisiones era el actual consejero de Medio Ambiente.
Bartolomé González. Marjaliza acusó al diputado autonómico de haber recibido una comisión de 60.000 durante su etapa como alcalde de Alcalá de Henares. Marjaliza asegura que el pacto con el exregidor y actual diputado autonómico ya estaba cerrado antes de su llegada a Cofely. “En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González de 60.000 euros”, aseguró Marjaliza ante el juez Velasco. “No recuerdo si se pagó o no porque sé que la factura me la hizo a mí y yo saqué el dinero (...) yo sé que el acuerdo si estaba y estaba con Bartolo”. Marjaliza asegura que la comisión se pactó entre los años 2012 y 2013.
Daniel Ortiz. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la exposición razonada sobre el diputado regional del Partido Popular (PP) y ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, para que sea investigado por favorecer a una de las empresas de la trama 'Púnica', Cofely, con un contrato de 73 millones de euros. El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho.
A lo largo de 74 folios, Velasco explica que se investiga en esta pieza de la trama, liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza, los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles “en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal”.
Eva Borox. Marjaliza pagó 30.000 euros a la ex 'número 3' de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid en su etapa como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro, según confesó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El pago estaba destinado “a que no hiciera mucho ruido” y se posicionara a favor de determinadas adjudicaciones que convenían a la trama. “Era la portavoz del PSOE en Valdemoro y, en un momento dado, interesaba que votara a favor o se abstuviera en determinadas votaciones”, explica el empresario en el interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press. “Se lo pagué en dinero, en un sobre, en su casa o en la mía”, añadió.
Marjaliza agregó que, además del dinero, sufragó a Borox vacaciones y hoteles de “superlujo” en Mallorca y Santi Petri, en las que la acompañaba su marido, Raúl del Olmo, exteniente de alcalde de Valdemoro por Ciudadanos, y sus dos hijas. “Yo iba también con mi mujer”, indicó. En su opinión, el pago tenía un sentido puramente “estético”: “El PP tenía mayoría superabsolutísima y no hacía falta su voto pero, por un tema estético quedaba mucho mejor”, apostilló.
Borox entregó hace unos meses su acta de diputada después de que se hiciesen públicas unas imágenes en las que aparecía acompañada de Marjaliza. Aseguró que no tenía relación con él y que simplemente lo conocía por ser un vecino de Valdemoro. Su marido también dimitió por sus vínculos con la trama. “Esta mujer pues...yo llegué a un acuerdo con ella, le pagué 30.000 euros. Su marido es hoy teniente de alcalde de Valdemoro y ella es la número 3 en la Comunidad de Madrid”, indicó en la declaración efectuada hace cerca de un año.
Marjaliza explicó también en la declaración que rompió relaciones con el matrimonio después de que Borox le exigiera 100.000 euros para “callarse” y no denunciar al Ayuntamiento gobernado por el PP, que había iniciado un procedimiento de jubilación forzosa de su marido, que era policía local. “Ahí se enredaron mucho las relaciones”, dijo y detalló que iban a retirar del servicio al esposo con una pensión de 900 euros y ella propuso evitarlo y proponía “no tocar las narices al alcalde”. “Rompemos relaciones”, agregó.
Tomás Gómez. El testimonio de uno de los cabecillas de la Operación Púnica ante el juez involucra al socialista Tomás Gómez en la trama de adjudicaciones a cambio de pagos para sus campañas electorales. David Marjaliza aseguró en la Audiencia Nacional que su red de empresas obtuvo la concesión de seis parcelas para la construcción de unas 400 viviendas protegidas en el barrio de Parla Este en el tiempo que el exlíder del PSOE de Madrid era alcalde de la localidad.
En su declaración, Marjaliza explica que en las adjudicaciones de suelo que recibió de la empresa pública Arpegio estuvieron involucrados los alcaldes. “Arpegio tiene suelo con consorcios con los ayuntamientos -relata el exsocio de Francisco Granados-. De las adjudicaciones que nos han dado siempre nos tocaba la parte del Ayuntamiento”. “¿Cómo lo conseguían?”, le pregunta el juez: “Hablando con un intermediario que enviaban los alcaldes”, responde.
“Con Tomás ser pagaron muchas cosas: mítines, banderolas, bebidas... Muchas cosas”, sentencia en su confesión Marjaliza, que asegura no conocer cómo funcionaba la relación de su socio con el exalcalde de Parla: “Había una máxima y es que si te gusta la magia no preguntes el truco”.