Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la monarquía no son nuevas. Ni siquiera empezaron en esta legislatura. Desde que el partido de Pablo Iglesias llegara al Congreso, los de Pedro Sánchez han sumado sus votos al PP y Ciudadanos, primero, y a PP y Vox, ahora, para frenar las diferentes iniciativas presentadas por los grupos para investigar los supuestos negocios del rey emérito amparándose en los letrados de la Cámara. Así volverá a ocurrir con la comisión de investigación planteada por el grupo confederal tras la regularización fiscal que Juan Carlos de Borbón ha realizado para intentar frenar la investigación que la Fiscalía Anticorrupción abrió contra él.
Con todo, esta disparidad de criterios no es la más relevante dentro del Gobierno de coalición, aunque sí es un buen termómetro de las cada vez más evidentes discrepancias sobre cuál debe ser la estrategia a seguir por el Ejecutivo en lo que queda de legislatura, toda vez que la aprobación de los Presupuestos Generales garantizan su estabilidad. Aunque no reniega de los que están siendo en la práctica sus aliados parlamentarios, Sánchez no quiere cerrar ninguna puerta y no descarta llegar a futuros entendimientos con Ciudadanos. Esa es una posición que Iglesias siempre ha rechazado.
“No nos podemos quedar en que hemos llegado al Gobierno y hemos conseguido unos Presupuestos reforzando la mayoría de la investidura. Lo que importa de verdad a nuestros enemigos es la dirección de Estado de las próximas décadas”. La frase la pronunció esta misma semana el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la presentación del último libro del escritor Daniel Bernabé. Pocos días antes, y ante las direcciones de las diferentes organizaciones que se aglutinan en Unidas Podemos, se felicitaba por “haber sido capaces de construir una mayoría progresista y plurinacional que está llamada a convertirse en mayoría de legislatura y de dirección de Estado”.
Es una idea en la que el secretario general de Podemos ha insistido desde que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, pero con mucha más fuerza desde que se formara el Gobierno de coalición el pasado mes de enero. ¿Y qué significa una mayoría de dirección de Estado? Pues aquella que ocupa posiciones institucionales clave y que, hasta ahora, se han repartido de forma más o menos proporcional los partidos que han regido los designios de España desde los años 80 del siglo pasado: el PSOE y el PP. “El Estado es de todos”, dijo en su discurso del fin de semana pasado.
En Podemos, igual que en el resto de fuerzas de Unidas Podemos, son conscientes de que hoy por hoy no se da una correlación de fuerzas parlamentarias que permitan siquiera plantear un proceso constituyente que pudiera cambiar la Monarquía por una república. Las reformas constitucionales de ese calado son inalcanzables ahora mismo incluso aunque los socialistas quisieran. No obstante, Pedro Sánchez ha defendido varias veces este año la monarquía parlamentaria y ha señalado que el PSOE es garante del sostenimiento del “pacto constitucional” de 1978.
Pese a ello, el partido de Iglesias sí ve en el movimiento republicano una opción de futuro. También lo defienden así en Izquierda Unida y los comunes de Ada Colau. Alberto Garzón y la alcaldesa de Barcelona, además del vicepresidente, plantearon en la reunión de grupo confederal ese horizonte republicano como un objetivo en el medio y largo plazo. Los tres plantearon la idea de que la mayoría que sostiene al Gobierno, y que ha aumentado hasta los 189 diputados en la tramitación de los Presupuestos, puede ser un incipiente bloque republicano.
Los escándalos que afectan a la Familia Real, en especial al que fuera rey hasta 2014, sirven a Unidas Podemos para sembrar sus posiciones, sobre todo entre la población más joven. Este mismo jueves, tras conocerse que Juan Carlos de Borbón había pagado más de 600.000 euros para intentar regularizar su situación con el fisco, la cuenta oficial de Podemos promovía un vídeo con imágenes de los principales rostros de la Monarquía española con la música de la serie Narcos de fondo.
Sin embargo, Sánchez corta de raíz todo debate que tenga que ver con la jefatura del Estado. “El Partido Socialista fue el único partido en la Comisión Constitucional que defendió en una enmienda a la República en España. El Partido Comunista de entonces no defendió la República en España, y perdimos esa votación porque hubo una mayoría en el Congreso de los Diputados que defendió una monarquía parlamentaria”. “El Partido Socialista entonces dijo que asumía el pacto constitucional y cuando se asume el pacto constitucional se asume en su integridad, no a cachos, que es como hacen algunos”, zanjó Sánchez en una rueda de prensa este viernes.
El PSOE lleva, no obstante, décadas aparcando ese debate en sus propios congresos y fuentes de la dirección admiten que tendrán que hacerlo de nuevo el próximo año. Respecto a la posición de su socio de Gobierno, el presidente trata, además, de restar importancia a esas diferencias que forman parte, además, de las discrepancias prepactadas en el seno de la coalición: la posición del Ejecutivo respecto a la Corona la fijan los socialistas por mucho que Unidas Podemos alce la voz para dejar clara su posición política. “Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos. Venimos de culturas diferentes”, expresó Sánchez sobre la ofensiva de los de Iglesias contra los Borbones a partir de las últimas revelaciones de las finanzas de Juan Carlos I. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio un golpe en la mesa en el que minimizó la fuerza de Unidas Podemos al recordar que es el cuarto partido de la Cámara.
No obstante, en el PSOE son conscientes de la crisis reputacional que supone para la monarquía el escándalo de Juan Carlos I por lo que su principal objetivo es salvar a Felipe VI. “Desde que empezó su reinado, ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia, en definitiva, de actualizar los hábitos de una institución como la Corona a las exigencias de una sociedad democrática avanzada en pleno siglo XXI”, defendió Sánchez desde Bruselas. Esos “hechos” son para el presidente más importantes que la ausente respuesta de la Casa Real en todo este asunto. Además, dejan en manos de Zarzuela todo lo que tenga que ver con decisiones como la posible vuelta del rey emérito a España por Navidad o la posibilidad de establecer una normativa a la actuación de la Casa del Rey. Sobre ningún asunto se ha pronunciado la Corona.
La pugna con el PP por el Poder Judicial
El planteamiento de Iglesias de convertir la mayoría de la investidura en una que garantice al PSOE y a Unidas Podemos varios mandatos al frente del Ejecutivo entronca directamente con otra de las pugnas que se están viviendo en el seno del Gobierno: la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El bloqueo del PP ha prolongado más de dos años el mandato de un órgano de vital importancia en el que cuenta con la mayoría correspondiente a los resultados electorales de 2011, cuando Mariano Rajoy arrasó.
PSOE y Unidas Podemos han planteado ya dos reformas de la ley que regula este organismo, aunque con distintos planteamientos de partida: Sánchez quiere presionar al PP mientras que Unidas Podemos tiene la firme determinación de llevarlo a cabo. Sánchez metió en el congelador la primera propuesta, que consistía en rebajar la mayoría necesaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces y sortear el veto del PP, durante el debate de la moción de censura de Vox.
Se abría así una nueva oportunidad para negociar la renovación del órgano. Aquel movimiento cogió por sorpresa a los socios de Gobierno. En Unidas Podemos se aguantaron el enfado ante la sospecha de que el PP iba a rechazar públicamente el ofrecimiento. Y así ocurrió.
Pero las conversaciones entre Moncloa y Génova continuaron. Sobre la mesa está el entendimiento al que llegaron el pasado mes de agosto: 10 vocales para cada uno y un presidente que satisfaga a ambas partes. El acuerdo alcanzado por Sánchez e Iglesias es que de los nombramientos que corresponden al Gobierno, Unidas Podemos señale algunos de los nombres, en función del peso que cada partido tiene en el Consejo de Ministros.
En la coalición dan casi por descontado que habrá acuerdo con el PP, en principio cuando pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero. La segunda modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteada por los partidos del Gobierno para que el CGPJ no pueda hacer ningún nombramiento con su mandato caducado restaría además incentivos a los de Casado para mantener el bloqueo. Esa reforma arrancará su andadura parlamentaria esta misma semana. La aspiración del PSOE es dar margen durante la tramitación parlamentaria para que Casado dé el ‘sí’ definitivo.
Conflictos latentes para 2021
Más allá de los debates de fondo sobre las posiciones políticas de cada una de las formaciones que integran el Gobierno, la coalición llega a final de año con cansancio acumulado del primer año de mandato en el que todo saltó por los aires con la irrupción de la pandemia. A pesar de que en público presumen de sintonía y engranaje, fuentes de la parte socialista del gabinete reconocen un cierto “cansancio” de los ministros ante los constantes tiras y aflojas que plantea Unidas Podemos en asuntos que nada tienen que ver con sus carteras.
La consecución de los Presupuestos de 2021 con una amplia mayoría plantea sin embargo la paradoja de cómo será a partir de ahora la relación entre los dos socios del Gobierno. Hasta ahora, Unidas Podemos ha marcado en buena medida las políticas sociales del Gobierno. La labor de Pablo Iglesias, negociando mano a mano las discrepancias con Pedro Sánchez, y la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han permitido al grupo confederal tener un perfil propio y llevarse algunos triunfos con los que quizá no contaban a priori.
Pero con la legislatura garantizada en Unidas Podemos se plantean qué va a pasar a partir de ahora y temen que el PSOE, que ya no necesitará de la mayoría parlamentaria que ha ayudado a armar Iglesias, no sea tan permeable a la presión mediática y social como ha sido hasta ahora. Fuentes socialistas admiten que algunas piezas se tendrán que ir encajando, aunque reconocen que PSOE y Unidas Podemos están condenados a entenderse toda la legislatura: “Sin ellos solo tenemos 120 escaños”.
El final del año y el arranque de 2021 serán claves en este sentido. Una de las últimas discrepancias que hay en el seno del gabinete ha estallado en la negociación del decreto para prorrogar la paralización de los desahucios mientras dure el estado de alarma. En el Gobierno dan por hecho que la medida no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, que es la fecha que Iglesias aseguró que estaría listo.
Nuevo choque por los desahucios
Unidas Podemos señala a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por “exigir una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida”. “El PSOE propone abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios”, dicen desde la vicepresidencia de Iglesias.
Sin embargo, desde la parte socialista del gabinete rechazan ese planteamiento y explican que la pretensión es permitir que en los casos en los que haya personas sin contrato en una vivienda de la que es propietario un gran tenedor se dé un margen de hasta tres meses de paralización de un lanzamiento para que los servicios sociales puedan determinar si están en situación de vulnerabilidad y les busque una solución habitacional. El planteamiento es que no se les pueda acusar de hacer una “expropiación temporal” y que el decreto fracase en los tribunales. En los procedimientos de casos en los que haya un contrato de por medio -tanto de un gran tenedor como de un pequeño propietario-, lo que plantean los socialistas es que es que se pueda establecer esa compensación el tiempo que esté paralizado el desahucio, es decir, hasta el 9 de mayo que concluye el estado de alarma.
Enero suele ser el mes en el que se actualiza el salario mínimo interprofesional. El acuerdo de gobierno señala que el SMI deberá situarse de forma progresiva en un 60% del salario medio. Hace un año ya se aprobó una subida de 900 euros a 950 con el beneplácito de la patronal. En 2019, durante el Gobierno en solitario del PSOE y también tras acordarlo con Unidas Podemos, el SMI subió desde los 736 a los 900 euros.
La ministra de Trabajo aseguró este viernes que su intención es volver a subir el SMI en 2021, después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijera que cree que habría que dejarlo como está. “Desde luego, no compartimos la congelación”, afirmó Díaz en una entrevista en TVE, en la que añadió que se haría en el marco del diálogo social.
Sin embargo, a finales de noviembre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, declaraba en una entrevista en La Vanguardia que hay que ser “prudentes” con el alza del SMI. Preguntado días después sobre una hipotética subida de este indicador, respondió: “No me consta”.
Además del SMI, el Gobierno negocia estos días un real decreto ley para prohibir los desahucios durante el estado de alarma a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, sin una alternativa habitacional. La medida ya estuvo en vigor durante el primer confinamiento, pero se levantó en verano, y en septiembre, cuando se actualizó la norma, se limitó a las vulnerabilidades sobrevenidas por la pandemia.
División en el feminismo
Otros dos elementos que seguro van a generar fricciones dentro del Gobierno serán los dos anteproyectos de ley que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero planea llevar al Consejo de Ministros con el arranque de 2021: las llamadas ley trans y ley LGTBI.
La primera, que debe recoger una fórmula para homogeneizar en toda España el reconocimiento libre del género de cada persona, algo que algunas comunidades autónomas ya reconocen y otras no, ha provocado un enorme cisma en el movimiento feminista y en el propio Gobierno. Aunque la división no aplica solo a los partidos (hay referentes del PSOE a favor y simpatizantes de Unidas Podemos en contra) en el Consejo de Ministros sí se ha establecido una pugna entre los socialistas, encabezados por Carmen Calvo, y Unidas Podemos. Ambos proyectos han pasado ya los preceptivos trámites de consulta pública y los ministerios están inmersos en su redacción.
De cómo se gestionen las discrepancias en estas cuatro materias concretas, además de cómo se resuelva la renovación del CGPJ, dependerá el futuro del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia.