El difícil cerco judicial al millonario agujero de las estafas con criptomonedas

Un sistema automatizado “diseñado para ganar siempre” a través de un algoritmo de inteligencia artificial pero que, en realidad, era sólo “humo”. Esa es la síntesis del “negocio piramidal” que el bróker Santiago Fuentes Jover y otras seis personas levantaron en apenas 16 meses —entre mayo de 2019 y septiembre de 2020— con el dinero de miles de inversores en criptomonedas.

Las supuestas víctimas superan las 32.000, a las que se habría estafado una cantidad superior a los 92 millones de euros con promesas de rentabilidades desorbitadas, de hasta el 15% mensual, en un negocio que era “una mera simulación”, según recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto en el que el pasado junio puso fin a más de dos años de investigación y propuso sentar en el banquillo a los siete implicados por delitos de estafa agravada y organización criminal. 

Todo apunta a que el 'caso Arbistar' —la mercantil tras la que se parapetó el “fraudulento” negocio— será la primera gran trama de estafa con criptomonedas que se enjuiciará en España. Además, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras dos investigaciones que, en suma, habrían generado un fraude de más de 700 millones de euros, según las acusaciones. Son los casos Algorithmics, Kuailian y Nimbus, en los que están siendo investigadas más de una decena de personas. Las víctimas se cuentan por miles, aunque sus abogados lamentan la falta de celeridad de unas pesquisas que requieren muchos recursos.

Los letrados que impulsan los principales procedimientos abiertos en España tratan de agrupar a las víctimas en macrodemandas que dirigen a la Audiencia Nacional. El hecho de ser un tribunal menos saturado y con mayores recursos garantiza, en principio, investigaciones más rápidas y exhaustivas. Por ejemplo, en el caso de Arbistar han pasado poco más de dos años entre que el tribunal especial asumió la investigación y el juez Calama firmó el auto de procesamiento, que pone fin a la instrucción. 

Además, en junio el magistrado acordó el ingreso en la cárcel de su supuesto cabecilla, Fuentes Jover, ante el riesgo de que se fugara gracias a los más de 92 millones de euros supuestamente estafados. Se trata del segundo supuesto líder de una gran estafa criptopiramidal en ir a prisión. El primero fue Javier Biosca, que se suicidó el pasado noviembre, apenas tres semanas después de salir de la cárcel, donde había entrado acusado de estafar más de 250 millones de euros a casi un millar de inversores. Tras su muerte, las acusaciones siguen tratando de mantener viva una investigación que se dirige contra su viuda, su hijo y algunos de sus presuntos colaboradores.

Ahora, un informe policial recién aportado a la causa afirma que Biosca utilizó cuentas en Alemania y Lituania que se nutrían de fondos de los estafados para cargar gastos personales con los que sustentó su “alto tren de vida”. El documento acredita que compró 2,8 millones en bitcoins, coches de lujo e incluso utilizó dinero de esas cuentas para hacer compras en Amazon por valor de 16.502 euros.

La información de las transferencias que hizo Biosca ha servido a la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular, y a la acusación particular que dirigen los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez para pedir al juzgado que examine algunas de las cuentas desde las que se realizaron. Todo, con la esperanza de que los clientes puedan recuperar al menos el depósito inicial. Entre los estafados hay quienes invirtieron cantidades modestas, desde mil euros; y otros, muy elevadas, de hasta un millón; con “perfiles de todo tipo”. 

Los abogados piden más celeridad

Los letrados se quejan, sin embargo, de que ni esta ni el resto de investigaciones avanzan con la celeridad que deberían. “La Guardia Civil no presta la atención que debiera a estas causas. Nuestro sistema penal reacciona bien ante el hurto de un bolso o el robo de un vehículo, pero sigue totalmente perdido en ciberdelincuencia. Y eso hace que cada vez la gente denuncie menos porque no ve resultados, es un círculo vicioso”, lamenta el abogado Carlos Aránguez, que defiende a varios grupos de afectados. 

Por ejemplo, se queja de que las otras dos grandes causas sobre criptofraudes abiertas en la Audiencia Nacional —Nimbus y Kualian— están “muy paradas” a la espera de sendos informes policiales. En el primer caso se investiga a una empresa establecida en Malta acusada de urdir una trama para desviar el dinero invertido en criptomonedas por miles de ahorradores, muchos de ellos residentes en España. El dinero defraudado superaría los 125 millones de euros, según un informe de la Guardia Civil. En el caso Kualian, por su parte, se indaga en la actividad de una plataforma radicada en Estonia pero que operaba desde España y que habría defraudado 500 millones. Las víctimas ascenderían a más de 50.000. 

“Lo más importante es sacar los movimientos del dinero para poder rastrear la trazabilidad de las wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] y que se embarguen los activos lo antes posible para poder asegurar las cantidades. Pero no siempre se actúa con la rapidez que se debería y eso es algo que beneficia a los estafadores, que siguen teniendo el control de los fondos. Lo esencial es no estar parados, ir tirando del hilo”, afirma Francisco Jiménez, de Zaballos Abogados. 

Este letrado explica que con los bancos convencionales la gestión suele ser rápida. Y que incluso cuando se trata de entidades extranjeras la información puede llegar en “unos meses” tras la pertinente euroorden. “Lo que es tremendamente lento es obtener información de las plataformas de criptoactivos o exchanges, que exigen muchas garantías y formalismos”, añade. Y eso a pesar de la existencia de la llamada Quinta Directiva que se traspuso al ordenamiento español el año pasado y que incluye la creación de un registro de proveedores de servicios de criptomonedas que tienen que facilitar información sobre operaciones sospechosas y que además limita parcialmente el anonimato que caracteriza a los criptoactivos.

Desde la parte de los investigadores, las fuentes consultadas hablan de una carrera a contrarreloj para abordar cuanto antes fraudes extremadamente enrevesados y preservar una “evidencia digital” [cualquier información que sirva como prueba] que es volátil y efímera. Pero no es nada fácil. Por ejemplo, aunque la nueva legislación ha “agilizado”“ las investigaciones a nivel de la Unión Europea sigue habiendo muchas dificultades con los operadores que están situados en países donde ”no fluye la información“. Es el caso de China, Rusia o Chipre. Además, una vez que los fondos salen de esos operadores, su rastreo es complejo. Requiere una formación muy especializada, con herramientas muy concretas y de precio muy elevado. La licencia anual de estos programas de rastreo puede alcanzar los 24.000 euros, según fuentes del sector. ”Y el problema es que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen las licencias que harían falta“, lamenta Francisco Jiménez, de Zaballos Abogados.