Un diputado del PP está tan dolido por la decisión del Tribunal Constitucional de dar el visto bueno a la ley que permite a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno que se le ha escapado un comentario que lo dice todo a cuenta de las guerras políticas sobre la justicia. “Otra vez, Conde Pumpido (presidente del Constitucional). Otra vez, 7-4”. Si un organismo como el Constitucional dicta una sentencia contraria a mi ideología es que hay algo podrido en él. Y eso que el recurso ante el TC fue presentado por Vox, no por el PP.
Es una constante en las reacciones de la derecha de los últimos años, en especial en cuanto a la renovación del CGPJ. ¿Estado de derecho? ¿Cumplir con la Constitución? No exactamente. 'Qué hay de lo mío' es lo que de verdad importa. Mejor mantener un poder judicial zombificado con el mandato caducado que renovarlo en los términos que dicta la ley orgánica de 1985, que el PP aplicó sin problemas en los gobiernos de Aznar y Rajoy. Ahora el precio de dejar medio paralizado al Tribunal Supremo, con una tercera parte de sus plazas sin cubrir, se paga gustosamente con el fin de impedir que entren magistrados progresistas.
Esto es como el fútbol y sólo vale ganar, aunque haya que comprar al árbitro o abrir la cabeza al delantero rival.
El Consejo Fiscal se reunió el martes para valorar la decisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de aplicar la ley de amnistía y no hacerlo en los términos restrictivos que reclamaban los cuatro fiscales del juicio del procés. Esos últimos se batieron el cobre para conseguir que el Tribunal Supremo condenara a los políticos independentistas por el delito de rebelión. Fracasaron de forma clamorosa, hasta el punto de que los magistrados no consideraron que tuvieran que extenderse mucho en rechazar esa acusación al redactar la sentencia.
La clave ahora consistía en que no se aplicaba la amnistía en aquellos casos en que hubiera enriquecimiento personal. Con tan poca soltura como en el juicio, los cuatro fiscales plantearon la teoría de que sí existió por el hecho de que se utilizaran fondos públicos en el proceso independentista. Es una extraña forma de enriquecimiento individual por el que no llega dinero a tu cuenta corriente personal. Como ese no es el criterio del fiscal general, y por cierto tampoco del Congreso que aprobó la ley, tocaba que la cuestión se votara en el Consejo Fiscal, donde esos cuatro fiscales fueron derrotados por un margen estrecho, 19 votos a 17.
La Constitución establece que la carrera fiscal se ordena con un criterio jerárquico y el fiscal general es nombrado por el Gobierno. Ese es un problema que el PP ha solucionado asignando a García Ortiz el apodo del “23º ministro”. Otra institución que forma parte del Estado de derecho que ha sido expulsada al infierno porque no está dirigida por un conservador.
Después de cinco años con un CGPJ vulnerando el mandato constitucional sobre su mandato, estos días se ha abierto una pequeña ventana por la que podría colarse la renovación. No se entusiasmen. Ha ocurrido antes y al final todo quedó en nada. Algunas concesiones socialistas no concretadas han hecho que el PP parezca dispuesto a aceptar que las fórmulas sobre “la independencia de los jueces” se introduzcan en el futuro, es decir, después de que se elija a los nuevos miembros por el método actualmente en vigor. “Si estamos negociando, queremos que esa negociación llegue a buen puerto”, ha dicho Borja Sémper.
Esas últimas palabras no han sido las habituales en los últimos meses. No había negociación posible sobre el CGPJ con un Gobierno supuestamente empeñado en acabar con la independencia judicial. En la última ocasión en la que se cerró un principio de acuerdo, en 2022, Isabel Díaz Ayuso y una diatriba de Federico Jiménez Losantos fueron suficientes para que Alberto Núñez Feijóo se apresurara a echarse atrás. Fue cuando El Mundo publicó un titular revelador: “El PP teme la reacción de la 'derecha política, judicial y mediática' al pacto del CGPJ”.
En teoría, en estos momentos el PP tiene más motivos para temer las consecuencias internas de un posible pacto. José María Aznar acaba de lanzar otra andanada que limita el campo de maniobra a Feijóo. Primero, fue la frase “el que pueda hacer, que haga”, porque algo podría hacer el líder del PP para plantar cara al Gobierno contra la amnistía. La segunda llamada a las armas reitera la exigencia de hacer lo que sea necesario: “El destino de España está pendiente de que (los españoles) dejen de ser espectadores de su propia ruina y seamos agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional y del Estado de derecho”.
A ver si Feijóo se atreve a pactar la renovación del CGPJ con este mensaje pendiendo sobre su cabeza. Para la mente de Aznar, es dudoso que llegar a ese acuerdo con los socialistas permita salvar a España “de su propia ruina”. Más bien le parecerá una traición. No vendría mal que un sismógrafo preste atención a lo que pase en la sede de Génova para medir el nivel del temblor de las rodillas de Feijóo.