Dinamarca rechazó hoy en referendo por una mayoría clara sustituir la excepción a la política de la Unión Europea (UE) en justicia y seguridad por un sistema que le permita decidir si se une o no a cada normativa concreta.
El “no” obtuvo el 53,3 % frente al 46,7%, según el recuento provisional escrutado el 78,3 %.
El Gobierno liberal en minoría y otros cinco partidos defendían el cambio, mientras que los opositores eran la rojiverde Lista Unitaria y dos de las tres formaciones que apoyan al Ejecutivo, entre ellas el ultranacionalista Partido Popular Danés, segunda fuerza parlamentaria.
La victoria del “no” confirma la tendencia apuntada en los últimos días por los sondeos, que daban ventaja a la opción de conservar una de las excepciones que Dinamarca mantiene a la política comunitaria, incluido el euro, desde 1993, cuando aprobó en segunda consulta una versión alternativa del tratado de Maastricht.
Los partidarios del “sí”, que suman algo menos de dos tercios de los escaños del Parlamento, pretendían introducir un sistema selectivo, además de asumir 22 nuevas leyes comunitarias en el área judicial de las que Dinamarca estaba excluida por su excepción.
Mantener el actual sistema implicaría arriesgarse a que Dinamarca tuviese que abandonar la Oficina Europea de Policía (Europol) a medio plazo, sostenían los defensores del “sí”, mientras que sus opositores aseguran que podría continuar con un acuerdo paralelo.
Las tres formaciones que apoyaban el “no” pusieron además en duda la promesa del otro bloque de dejar fuera del nuevo sistema el área de inmigración y de asilo y de convocar otro referendo si algún día la mayoría del Parlamento quisiera sumarse a la línea de la UE.
La política de inmigración y asilo ha sido el tema central en la mayor parte de las elecciones legislativas desde 2001 en Dinamarca, donde gobiernos de distinto signo han apostado por mantener una línea dura.
El referendo fue convocado en agosto por el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen, poco después de asumir el cargo, obedeciendo a un acuerdo firmado en la anterior legislatura entre varios partidos de ambos lados del arco parlamentario para celebrar una consulta antes de marzo de 2016.
Se trata del séptimo referendo europeo celebrado en este país nórdico desde su entrada en 1972 en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).