Los 84 diputados del Congreso salvadoreño deberán enfrentar una audiencia ante una sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la admisión de una demanda por el retraso de la elección de los jueces constitucionales, informaron hoy representantes de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ admitió la semana pasada la demanda interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), y dio 5 días a los legisladores para que “contesten la demanda”.
Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca, explicó en conferencia de prensa que, “comparezcan o no” los diputados, “la Sala tiene 3 días para señalar audiencia” y no pueden pasar más de 15 días sin que se programe.
“En la audiencia vamos a comparecer nosotros como demandantes y los 84 diputados”, sostuvo Baulenas, quien detalló que dicha audiencia será de “aportación de pruebas y de alegatos finales”.
El letrado añadió que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo tendrá, al finalizar la audiencia, 20 días hábiles “para dictar su sentencia”.
Por su parte, el director del Idhuca y exrector de la UCA, el español José María Tojeira, destacó que los diputados no pueden evitar enfrentar este proceso mediante al inmunidad parlamentaria, dado que las diligencias son de carácter administrativo y no penal.
Añadió que con la admisión de la demanda, en la que se pide que los diputados enfrenten una “responsabilidad patrimonial” con sus bienes, se da un antecedente para evitar el retraso en la elección de otros funcionarios como el fiscal general, magistrados de la Corte de Cuentas y procuradores.
“Esta admisión es muy importante para el trabajo ciudadano de la democracia en el país y abre las puertas para futuras demandas si se incumplen los tiempos establecidos para elegir funcionarios de segundo grado”, acotó Tojeira.
Los diputados salvadoreños eligieron el pasado 16 de noviembre a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil, con sus respectivos suplentes, 121 días después de que los puestos quedaron vacantes.
Un grupo de organizaciones sociales de El Salvador expuso a mediados de septiembre al embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país, Ronalth Ochaeta, su preocupación por el retraso, que causó la “mora” de unos 900 procesos constitucionales.