Los diputados de Vox se niegan a declarar las actividades económicas que podrían condicionar su labor política

Los 52 diputados de Vox han omitido en sus respectivas declaraciones toda actividad previa que pudiera influir en su actividad política, tal y como les obliga el Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020. Los parlamentarios, según la Cámara Baja, se justifican en que el compromiso que adquirieron al acatar la Constitución excluye ya esa posibilidad. Así consta en el primer informe realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses para analizar la aplicación del citado código ético, hecho público el domingo por la agencia Europa Press.

El texto también recoge varias llamadas de atención al partido de extrema derecha porque sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas tipo que considera no “creíbles”.

Respecto a la obligación de hacer públicas las actividades capaces de “condicionar la actividad política”, la Oficina explica que “no se trata de detectar irregularidades o ilícitos”, sino de conocer los intereses particulares con los que el parlamentario lícitamente ha estado en relación para poder hacer “objetivamente plausible la aparición de un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones parlamentarias”.

En sus conclusiones, este órgano subraya que “no resulta creíble, ni compatible con el sentido de la norma, el que haya una coincidencia total entre las actividades desarrolladas durante un periodo de tiempo extenso por un elevado número de parlamentarios”. A su juicio, la declaración genérica de los diputados de Vox no resulta “inidonea” para satisfacer los propósitos del Código ético porque “objetivamente propicia la falta de divulgación de actividades relevantes desde el punto de vista del conflicto de intereses”.

En este sentido, la Oficina plantea una nueva redacción de este punto del Código ético para dejar claro a sus señorías que deben consignar todas sus actividades, aunque consideren que no tienen por qué generar conflicto de intereses, y todas las que les proporcionaron ingresos, incluyendo los derivados de mandatos representativos.

Falta de concreción en las respuestas

También les insta a concretar el nombre de su empleador y el sector al que pertenecía si trabajaron por cuenta ajena y a ser concretos en sus respuestas sin remitirse a la información que aportan en sus declaraciones de actividades y bienes, como hicieron los 52 de Vox, puesto que esos documentos solo se refieren a su situación al inicio cuando obtienen el escaño, pero no a la de los cinco años anteriores.

Pese a todas estas llamadas de atención, la Oficina no alude a ninguna infracción por parte de Vox en el informe. Sí, reseña que un grupo pidió que abriera un expediente a sus diputados por vulneración de esta norma, pero recalca que una denuncia de este tipo ha de dirigirse los diputados o senadores de manera individual y concretando por qué se formula.

Además, el Congreso ha detectado que solo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara publican sus reuniones con 'lobbies' en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información.

El documento recoge los datos obtenidos hasta el pasado mes de mayo. En esa fecha aún había un 43% de los diputados (151) que seguía sin publicar su agenda en la web, frente 198 que sí lo hacía. La Cámara cuenta con una aplicación que les permite adjuntar automáticamente a su ficha su agenda parlamentaria y también la puramente política, donde deberían incluir sus citas con grupos de interés.

Evitar una “influencia oculta”

En el Senado todos publican su agenda en la web aunque únicamente 17 de los 265 mencionan encuentros más allá del trabajo parlamentario. La Oficina defiende la necesidad de imprimir transparencia a estas citas para prevenir y evitar “una influencia oculta, indebida o extralimitada” de los grupos de interés y también para comprobar si estas interacciones se dan más con el parlamentario de forma individual que con las formaciones políticas.

Con el Código ético se creó la declaración de intereses económicos que deben entregar todas sus señorías cuando acceden al escaño. Este documento consta de cuatro apartados, pero cerca de la mitad de los diputados (47%) y hasta el 56% de los senadores dejó alguno de ellos sin respuesta.