En la primera oleada de la pandemia, la estrategia de la dirección del Partido Popular fue acusar al Gobierno de “autoritario” por tratar de mantener el mando único prorrogando los sucesivos estados de alarma, que el PP rebatió en el Parlamento. En la segunda, que afecta ahora especialmente a la Comunidad de Madrid –región insigne de las políticas 'populares'–, el equipo de Pablo Casado se ha pasado varias semanas exigiendo al Ejecutivo progresista que asumiera el “mando único” al considerar que la “responsabilidad” de las pandemias es “exclusivamente” de la administración central.
Sin embargo, cuando ante la gravedad de la situación de Madrid y la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Ministerio de Sanidad decidió el miércoles retomar el control, tratando de consensuar con los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas un plan acordado previamente con el Ejecutivo madrileño –que precisamente había exigido un pacto a nivel estatal como condición para endurecer las restricciones dentro de su territorio–, la propia administración madrileña y la dirección del PP vuelven a situarse en contra del Ejecutivo, y le vuelven a acusar de tomar decisiones “discrecionales”.
Este enésimo giro de discurso en Génova 13, que trata en todo momento de desgastar al Gobierno central, se evidenció el mismo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que reunió al Ejecutivo con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Todas las regiones gobernadas por el PP, a excepción de Castilla y León, votaron en contra del texto propuesto por el departamento que dirige Salvador Illa y que fue no obstante aprobado por mayoría, arguyendo que carecía de criterios técnicos. También Madrid, que 24 horas antes lo había suscrito en una reunión bilateral con el Ejecutivo.
El supuesto interés electoral del ministro Illa
La dirección de Casado insiste en que ese rechazo generalizado de sus comunidades –al que se sumó Catalunya y que contrastó con el apoyo de todas las autonomías socialistas, Euskadi (donde gobiernan en coalición el PNV y el PSE) y Cantabria (PCR más PSOE)– no se debió a una directriz enviada por la cúpula popular. Pero este jueves todos los dirigentes del partido mantuvieron en sus intervenciones públicas un argumentario idéntico para descalificar las medidas planteadas por Sanidad y en apoyo a la gestión de Díaz Ayuso, que es una de las grandes apuestas personales del actual líder del PP, y cuyas políticas Casado ha citado como “ejemplo” de lo que él haría en toda España en el caso de llegar a la Moncloa.
“Ahora resulta que entran como un elefante en cacharrería sin base científica”, aseguraba el líder del PP durante una visita a una explotación agropecuaria extremeña, descalificando las medidas de Sanidad para controlar la pandemia. A juicio de Casado, el Ejecutivo ha adoptado esas medidas, que por el momento afectan principalmente a varias ciudades de la Comunidad de Madrid, porque el ministro Salvador Illa, busca “atacar al PP para ser candidato en Catalunya” en las próximas elecciones autonómicas, que aún no tienen fecha pero que, previsiblemente, se celebrarán en el próximo invierno.
Casado, que en días previos había reclamado insistentemente la actuación del Gobierno en Madrid, considera ahora que el Gobierno “reacciona tarde y mal” ante la segunda oleada de la pandemia. “En julio Pedro Sánchez dijo que había derrotado al virus, se fueron tres semanas de vacaciones y llevan semanas parapetándose en las comunidades autónomas y utilizando a los consejeros de Sanidad como escudos humanos”, añadía este jueves el líder del PP.
Pese a las duras críticas, las comunidades del PP no desobedecerán la orden del Ejecutivo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el miércoles el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, sugirió una amenaza de insurrección al asegurar que la medida no tenía base jurídica, y Ayuso anunció un recurso ante los tribunales. “Somos un partido responsable”, señaló Casado, que sin embargo consideró que la resolución de Sanidad es “una orden administrativa discrecional”. “El PP va a cumplir porque es un partido responsable, cumplimos aunque sea a la carta contra el PP. Siempre cumplimos nuestra palabra. Por encima de todo está la salud de los españoles”, zanjaba.
“Ciudades que empiezan por M”
Con argumentos similares, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también cargó contra el Gobierno por su plan para la segunda oleada. “Al BOE de Illa le falta decir que hay que confinar ciudades que empiezan por M y su presidenta se llama Isabel”, denunciaba él durante una entrevista en EsRadio. “Los presidentes del PP lideran la rebelión de la sensatez frente a un Gobierno que pone la ideología por encima de la salud”, aseguró el número dos del PP, que también subrayó que Casado, “lleva desde el estado de alarma proponiendo instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades adoptar decisiones conforme a sus especificidades”.
A su juicio, “hay una clara maniobra del PSOE para poner la ideología por encima de la salud, la economía, el crecimiento y la prosperidad”. Además, se preguntaba “por qué cuando Díaz Ayuso decide limitar la movilidad en zonas de Madrid es una agresión contra los ciudadanos y cuando lo decide Illa no lo es”.
“Entiendo que los españoles reclamen a sus administraciones diálogo y consenso y mi primera reclamación a Pedro Sánchez es que deje a un lado el partidismo y vuelva al dialogo y al consenso”, apuntaba, por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, durante una entrevista en Telecinco. En su opinión, “el ministro Illa habló de consenso, pero esa premisa es una mentira, mintió al conjunto de los españoles, no hubo consenso en la reunión con las comunidades autónomas”. “Yo le reclamo al Gobierno de España que vuelva a la mesa de diálogo, porque Pedro Sánchez dijo que venía a ayudar y parece que ha venido a imponer”, remachó Montesinos.
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró por su parte que el apoyo de todas las comunidades del PSOE a la orden de Sanidad respondió a “criterios políticos impartidos desde Ferraz” mientras que los gobiernos regionales del PP, que votaron en contra salvo Castilla y León, actuaron sobre la base de “criterios técnicos” y en función de lo que “es mejor para sus ciudadanos”.
Y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, justificó su rechazo a las medidas del Gobierno en que los criterios para restringir los movimientos son “incompletos”, “poco trabajados”, “insuficientes”, “groseros”, “parciales”, “improvisados”, y “diseñados para una comunidad autónoma”, en alusión a Madrid. “Dar el visto y place a un criterio sanitario que queda consolidado para la gestión de una pandemia dando 24 horas escasas [a las comunidades] para pronunciarse es, desde el punto de vista sanitario, lo que no se puede hacer. Es más complejo el consentimiento informado para operar a un ciudadano de juanetes que para cerrar una ciudad. No parece que sea razonable”, aseguró.
Fuentes de la dirección popular tratan de situar esta nueva ofensiva contra el Gobierno al margen de la lucha partidista. Aseguran que sus reticencias se han basado “en el criterio de técnicos en epidemiología y salud pública”, aunque no especifican quiénes son esos expertos, a pesar de que le reprochan al Ejecutivo de Sánchez que no haga públicos los nombres de los suyos. “Lo que se ha reclamado es que prevalezcan criterios científicos y objetivos”, insisten en Génova 13.