Un directivo de Quirón administra la empresa que compró las mascarillas del pelotazo de la pareja de Ayuso

El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones de euros que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, dio en 2020 intermediando en una compra de material sanitario en lo peor de la pandemia. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude con el que, como reveló elDiario.es, cometió dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental mediante una trama de facturas falsas y testaferros.

Este directivo de Quirón es también una de las personas que creó la sociedad panameña que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid dirigió hasta 2022. Camino preside Quirón Prevención desde 2020. Es directivo del grupo sanitario desde 2015, cuando este gigante de la sanidad privada compró la mutua de la que era administrador, Frater Prevención. Esta empresa ya llevaba años contratando los servicios de Alberto González como consultor. 

Según el Registro Mercantil, Camino es desde 2019 miembro del consejo de administración de la gallega Mape Asesores, que en 2020 realizó un encargo de material sanitario de 42 millones con el que Alberto González se llevó 1.973.000 euros en comisiones que le pagó la empresa que suministró las mascarillas, la catalana FCS Select Products.

“Es consejero externo”, indica un portavoz de Quirón, preguntado por las funciones de su directivo en Mape. La empresa gallega ha rechazado hacer ningún comentario.

El vínculo entre la pareja de Ayuso y el presidente de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador, no acaba en Mape ni en esa sociedad en Panamá, firma que, subrayan desde Quirón, se creó cuando Fernando Camino todavía no estaba en el grupo. El gigante sanitario niega cualquier relación con esa sociedad en el país centroamericano, que está en la lista de paraísos fiscales de la UE.

Fernando Camino es también una de las tres personas que constituyeron la empresa pantalla que la pareja de Ayuso utilizó para desviar parte de los ingresos que, tras el pelotazo de las mascarillas, González Amador recibió en 2021 de Quirón y seguir defraudando a Hacienda.

Para ello, empleó una “mera sociedad interpuesta”, según la Agencia Tributaria, sin empleados y que se dedicaba al sector de cosmética y farmacia. González Amador la compró a finales de 2020 y la rebautizó con el nada sucinto nombre de Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL. 

Esta empresa se había constituido en noviembre de 2008 en León con una denominación social mucho más corta, Círculo Belleza SL. Según el informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la denuncia de la Fiscalía, la crearon tres accionistas: el actual directivo de Quirón, Fernando Camino (20%), Gloria Carrasco (60%) y Antonio Carrasco (20%).

Como administradora de esa empresa siempre figuró Gloria Carrasco. Quirón ni confirma ni desmiente que se trata de la esposa del presidente de Quirón Prevención. Gloria Carrasco, una farmacéutica de León, ha declinado atender a elDiario.es.

En León está también el despacho de abogados que dirige Javier Gómez, la persona que representó a la pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando Hacienda le abrió la inspección. Este fiscalista, que tampoco atendió las llamadas de este medio, administra Babia Capital SL, la sociedad que tiene a su nombre desde julio de 2023 el ático de lujo del que la presidenta madrileña y su pareja disfrutan en el barrio de Chamberí. Este inmueble, valorado en más de 1,5 millones de euros, está en la planta superior al piso que Alberto González puso a su nombre en julio de 2022, tras defraudar a Hacienda.

La pareja de Ayuso usó Masterman SL, creada en 2008 por el presidente de Quirón Prevención, para desviar los ingresos que recibía del grupo sanitario por un “contrato marco de servicios a gran cuenta”, en virtud de un acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2021.

Con ese acuerdo “se cedió a Masterman SL la facturación de los trabajos relativos a la expansión en Latinoamérica” de Quirón y “la parte de JCI (propuesta para el desarrollo e implantación de la Joint Commission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz)”, según comprobó la Agencia Tributaria.

La JCI es una acreditación que se otorga a corporaciones sanitarias en la que se evalúan los sistemas de gestión asistencial y operativa de los centros sanitarios desde el punto de vista de la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficacia de sus procesos. Quirónsalud anunció la obtención de este certificado a finales de 2022. Esta semana, la información sobre la JCI había dejado de estar disponible en la web de Quirón.

En paralelo a la firma de ese acuerdo para ceder esos trabajos a esa antigua empresa de cosmética y belleza, la sociedad que hasta entonces utilizaba González Amador para facturar sus servicios a Quirón, Maxwell Cremona, emitió una factura a Masterman SL en concepto de “Consultoría de Sistemas a Clientes” por 600.000 euros más IVA.

Pero la Agencia Tributaria comprobó que esa segunda firma sin empleados no tenía medios para realizar los trabajos. Y además constató que el importe real facturado en 2021 fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.

Aquello, en suma, fue, según la inspección, una cesión de trabajos “carente de sentido” y una “simulación” para poder emitir “una factura ficticia” con la que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible”, al declarar pérdidas artificiales en el ejercicio 2021 con el objetivo de deducírselas más tarde.

Una de las personas que creó esa sociedad interpuesta fue el presidente de Quirón Prevención, también creador de esa firma panameña y su vez consejero de Mape.

Esta última, que tiene una larga experiencia en el sector sanitario, surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas durante la pandemia. 

Entre los clientes de Mape está la Comunidad de Madrid, que desde febrero de 2020 le ha adjudicado 39 contratos, la mayoría encargos menores de pequeño importe (no más de 10.000 euros) por un total de 145.467,48 euros.

Mape también ha recibido muchos pequeños contratos de las instituciones públicas de Galicia, que según datos recopilados por El Salto le han adjudicado 162 contratos a dedo por 129.060 euros desde noviembre de 2020.

Entre los clientes de Mape, según su web, también hay grandes empresas como la propia Quirón Prevención, Iberdrola, FCC o Inditex, entre otras. La sociedad está controlada por la familia Cachafeiro. En ella también participa con un 20% Mitjaterra D´Inversions, una sociedad del directivo de Inditex Jorge Pérez Marcote, director de Massimo Dutti y cuñado de Amancio Ortega, fundador y máximo accionista del gigante textil.

En Mape no tiene participación Quirón. El grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, se convirtió hace años, a golpe de compras, en el mayor operador del sector de la sanidad privada de España y es uno de los grandes beneficiados de las políticas de privatización que el PP madrileño lleva décadas desplegando.

Quirón gestiona tres hospitales de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz, y tuvo una intensa actividad en la región durante lo más duro de la pandemia, al prestar servicios de rastreo de contagiados, suministro de test de antígenos o prevención de riesgos laborales. De esta empresa procede la actual consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.

En 2020, la facturación de Mape prácticamente se cuadruplicó, hasta un récord de 113,2 millones, según sus cuentas de ese ejercicio, disponibles a través de Insight View. Sus ventas se dispararon, aunque no tanto como las de Maxwell Cremona, principal empresa de Alberto González, que multiplicó por seis su cifra de negocios en 2020 gracias a esa comisión de casi 2 millones.

El pagador de esa contraprestación fue la empresa catalana FCS Select Products, que a cambio de intermediar en la compra de material sanitario para Mape pagó a la pareja de Ayuso un 4,5% del total suministrado al grupo gallego. 

González Amador aseguró a la inspección que en esa operación también medió IHD Inteconn, una empresa supuestamente radicada en Florida (Estados Unidos) de la que no hay rastro en el registro de ese Estado. Florida es el territorio en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso creó una sociedad en octubre de 2022, cuando ya había defraudado a Hacienda y la Agencia Tributaria le había abierto la inspección que ha derivado en la denuncia de la Fiscalía.

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