La infanta pide que se rebaje en 50.000 euros el más de medio millón que le reclama la Fiscalía

El tribunal da por concluida la primera jornada del juicio del caso Nóos dedicado a las cuestiones previas. Cita a las partes para la segunda jornada, prevista con antelación para el 9 de febrero.

El fiscal Horrach ha respondido a la petición de la defensa de Diego Torres de que declare la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein: “Ya es suficiente el interés mediatico para que el señor Peeters (abogado de Torres) quiera convertirlo en una ceeremonia para la distracción del vecindario (...), convertir a este juicio en un reality show”.

El tribunal de Nóos rechaza que declaren Felipe VI y Juan Carlos I, como pidió el abogado de Diego Torres. “No ha lugar a su solicitud porque esta Sala ya dictó un auto sobre su impertinencia”, alega el tribunal.

Además, el tribunal admite el informe pericial de la defensa de la infanta que rebaja en 50.000 euros los 587.000 que le reclama la Fiscalía. Igualmente admite el nuevo informe de Hacienda que ha presentado el fiscal y que abundaría en la exoneración de la infanta respecto a los delitos fiscal que le imputa Manos Limpias.

Se reanuda el juicio tras casi dos horas de deliberación sobre las peticiones de prueba solicitadas por las partes.

El tribunal se retira a deliberar sobre las pruebas solicitadas para practicar en el juicio por las distintas partes. El juicio se reanudará a las 20:00

González Peeters, abogado de Diego Torres, solicita que declaren como testigos el rey de España, Felipe VI, y el monarca emérito, Juan Carlos I. De este dice que hay documental suficiente en el sumario, en referencia a los correos, que lo justifican.

Torres y su abogado han ido aportando a la instrucción distintos correos electrónicos que Urdangarin y otros investigados dejaron en el servidor del Instituto Nóos. Lo hicieron en siete tandas y el pasado domingo, Torres dijo en el programa El Objetivo de La SextaEl Objetivo que aún tiene más material. En los mensajes conocidos se apunta que Juan Carlos I tenía conocimiento de las actividades de su yerno y que, incluso, medió para algunas de ellas, versión que la Casa del Rey siempre ha negado.

En una tanda de correos entregados al juez en diciembre de 2013, aparece un mensaje de 2003 en el que Urdangarin pide al entonces príncipe Felipe que reciba a un empresario amigo suyo. “Felipe, que tal, como te trata la vida… yo aquí ganándome el jornal (…) ¿Te acuerdas de Joaquin Boixareu y Marga Fiol? Son unos vecinos nuestros de Barcelona y con los cuales compartimos esquí y mesa en Baqueira”. Boixareu llegó a estar imputado en el caso Nóos por la constitución de la fundación para niños discapacitados. No consta que la reunión que solicitaba Urdangarin llegara a producirse.

González Peeters, incluyó en su escrito una noticia publicada en los medios según la cual los príncipes cancelaron su fiesta de despedida de solteros en solidaridad con las víctimas del 11M, el atentado que tuvo lugar a dos meses del enlace. Sin embargo, Urdangarin ofrece en otro de los correos incorporados una lista de invitados por parte del príncipe a la fiesta. El correo electrónico está fechado el 13 de abril y el anuncio de cancelación del evento había tenido lugar el 24 de marzo anterior.

El abogado de Torres y su esposa ya había solicitado la declaración de los monarcas en fase de instrucción, pero la Audiencia Provincial lo rechazó, instándole a que solicitara las testificales en la fase de vista oral. El letrado volvió a solicitarlo al tribunal antes de que comenzara el juicio, y éste no aceptó esas declaraciones. Ahora, el abogado recurre ante el mismo tribunal apelando a lo que en su día manifestó la Audiencia Provincial.

Manuel González Peeters, el abogado de Diego Torres y Ana María Tejeiro, pone la única nota de humor en el juicio, al calificarse a sí mismo como “heterodoxo sexual”. Aclara que quería decir “heterodoxo procesal”. El equívoco ha provocado risas en la sala.

A las 9:17 del lunes 11 de enero de 2016, Cristina de Borbón-Dos Sicilias se ha convertido en el primer miembro de la familia real española que asiste a un juicio en condición de acusado. Justo entonces arrancaba la vista por el caso Nóos, la trama de corrupción presuntamente liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres, y en el que la infanta está acusada de dos delitos fiscales en grado de cooperación.

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Se reanuda el juicio tras un receso para comer. La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, pide que los acusados estén presentes durante todo el juicio. El tribunal les había eximido. Sólo tenían que estar presentes durante los interrogatorios propios y del resto de acusados.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que la imagen de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados en el juicio del caso Nóos demuestra que en España “la Justicia funciona” y “es igual para todos”.

Catalá, en declaraciones a los periodistas, ha vaticinado que habrá “una sentencia justa” y será “un ejemplo más” de que en España hay una Justicia “profesional e independiente” que va a juzgar los hechos “con absoluta objetividad, con rigor y calidad jurídica”.

“Y por lo tanto habrá una sentencia justa y será acreditativo de que la Justicia funciona y todos estamos sometidos a la ley y al derecho sin que ninguna diferencia de carácter social, económico, de origen personal genere ningún espacio de impunidad”, ha recalcado.

La primera sesión del juicio por el caso Nóos se reanudará a las 16:30 tras una pausa para comer. A esa hora se retomarán las intervenciones de los abogados de los acusados para plantear las cuestiones previas.

Era el año 2005 e Iñaki Urdangarin intentaba parecer campechano como su suegro. En una entrevista en IB3, se quejaba de que como Duque se trabaja mucho: “Se pegan muchos sellos. Se pegan muchos sellos. Sobre todo si se tienen 4 hijos, se tienen que pegar muchos sellos”. Maldita Hemeroteca ha recogido en este post los momentos más sorprendentes de aquella entrevista.

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Entre el 8 de marzo y el 13 de mayo pasarán por la sala de vistas testigos de varios partidos políticos, -aunque la palma se la lleva el PP-, la Casa Real y empresarios. En la cúspide del escalafón por cargo ocupado  se sitúa el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, quien declarará a petición de la Fiscalía. Pedro Horrach también ha citadoal expresidente de la Generalitat Francisco Camps; y sus exconsejeros Esteban González Pons y Gerardo Camps. También testificarán dos exalcaldes del PP, la de Valencia Rita Barberá y el de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Este último a petición de Manos Limpias.

Por la Casa del Rey, declararán el eximputado Carlos García Revenga, antiguo secretario de las infanta; el que fuera asesor legal del rey José Manuel Romero, conde de Fontao; y el exjefe de la Casa Alberto Aza. También comparecerán como testigos la antigua consellera de la Generalitat catalana Maria Geli, y el exsecretario de Estado para el Deporte con el PSOE Jaime Lissavetzsky, éste último a petición de Urdangarin.

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La personalidad y determinación del juez José Castro han protagonizado buena parte de la instrucción del caso Nóos. El tribunal, sin embargo, estará integrado por tres magistradas de nulo perfil mediático a las que resulta dificil ubicar ideológicamente. No están afiliadas a asociación alguna y no hacen declaraciones.

En el caso Nóos, ni la composición del tribunal ha estado exenta de peripecias. Rocío Martín entró a formar parte a finales de noviembre, después de que se conociera la baja de Juan Pedro Yllanes. El magistrado, que iba a presidir el tribunal que juzgará a la infanta, pedía una excedencia voluntaria para engrosar las filas de Podemos en las elecciones generales del pasado diciembre.

La presidenta del tribunal y ponente de la sentencia –redactora del fallo- será Samantha Romero, por ser la más antigua de las tres en la carrera judicial.

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Tres estaciones del año abarcará el juicio del caso Nóos. Tras la primera jornada de cuestiones previas –podría extenderse a dos-, la sesión se interrumpirá hasta el 9 de febrero, cuando declarará el primer acusado, ‘Pepote’ Ballester.

Para entonces el tribunal ya habrá decidido si la infanta sigue como acusada. En caso de respuesta afirmativa, declarará la última de los 18 procesados. La fecha dependerá de cuánto se extiendan las 17 declaraciones anteriores. Las sesiones se celebrarán de martes a viernes a partir de las 9:15.

Del 7 al 30 de junio está prevista la última fase: prueba documental, conclusiones e informes de las partes, así como la última palabra de los acusados.

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La abogada de Manos Limpias, organización que ejerce la acusación popular, ha arremetido contra la doctrina Botín durante su intervención. Virgina López Negrete ha dicho al tribunal que el fallo del Supremo supuso “retorcer la ley en privilegio de un banquero”.

A diferencia de la abogada del Estado y el fiscal, la letrada considera que la doctrina Atutxa -un fallo del Supremo posterior- “modifica y reinterpreta” la doctrina Botín. Este segundo fallo del Alto Tribunal consideró competente a Manos Limpias para acusar al presidente del Parlamento vasco en un delito de desobediencia porque no había perjudicado directo que pudiera ejercer la acusación particular.

Fiscalía y Abogacía del Estado defienden que en el caso Nóos sí hay acusado directo, la Agencia Tributaria, y Manos Limpias y el juez José Castro, consideran que el perjudicado es el conjunto de los ciudadanos, lo que habilitaría al sindicato para ejercer la acusación popular.

La doctrina Botín nace del fallo por el caso de las 'cesiones de crédito'. La abogada de Manos Limpias considera que no es aplicable al presente caso. Argumenta que en aquel, la Fiscalía no apreciaba delito en Emilio Botín, a diferencia del caso Nóos, donde tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado, consideran probado que Iñaki Urdangarin cometió dos delitos fiscales a través de la sociedad Aizoon, que compartía al 50% con su mujer. “¿Qué ocurre, que la Agencia Tributaria se sienta solo perjudicada por el autor del delito (Urdangarin) y no por el cooperador (la infanta)?”, se ha preguntado López Negrete. La abogada también ha puesto de manifiesto que Fiscalía y Abogacía del Estado se haya empleado en defender a la infanta con contundencia y no lo haya hecho en el caso de otros acusados que también lo son, únicamente, por Manos Limpias.

Juan Pedro Yllanes, juez de Palma en excedencia, avanza que respetará la sentencia del caso Nóos aunque “difícilmente” pueda compartirla. Yllanes ha recordado que él tiene “información parcial” y ha expresado sus dudas sobre compartir la opinión del juez Castro en cuanto a la inaplicabilidad de la llamada doctrina Botín. “Es cierto que él ha sido muy categórico. La doctrina Botín no encaja como un guante en el caso de la infanta, pero de ahí a afirmar que no es aplicable...”.

Yllanes no ha sabido explicar por qué el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, se sienta en el banquillo y no su superior, Rita Barberá. “No lo entiendo ni como observador ni como operador jurídico. Me parece sorprendente”.

La Abogada del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda afirma que “la expresión 'hacienda somos todos' -esgrimida por el juez Castro- debe ser utilizada en el ámbito para el que nació, el de la publicidad, no en el judicial porque el Tribunal Supremo así lo establece”.

El juez Castro alegaba en el auto de apertura de juicio oral que la infanta debía ser juzgada porque la acusación popular, quien la acusa, está representando a todos los españoles, ya que no hay un perjudicado directo por el delito. La abogada del Estado, sin embargo, defiende que los delitos fiscales sí tienen perjudicado directo, la Agencia Tributaria y, por extensión, el Ministerio de Hacienda. Para que se juzgue a alguien, según la doctrina Botín, debe acusar la Fiscalía o el perjudicado directo. En el caso Nóos, Hacienda no acusa por lo que, según fiscal y abogada del EStado, debe aplicarse a Cristina de Borbón la doctrina Botín.

Horrach no se olvida de Castro en su intervención en el juicio: “Ampararse en la manida expresión 'Hacienda somos todos' significa desconocer uan premisa báscia en el ámbito delitos contra hacienda pública”.

El fiscal asegura que no aplicar la doctrina Botín en el caso de la infanta “supondría quebrantar la doctrina del Supremo y una discriminación no justificada entre ciudadanos. Nada más y nada menos”.

Y concluye su intervención contra el juicio a la infanta: “No acabo de entender cómo se pueden realizar esfuerzos interpretativos laboriosos para realizar una interpretación extensiva de un precepto penal contra el reo y no los mismos esfuerzos para llegar a una conclusión a favor del reo”