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El director del máster de Casado dice que no conserva sus trabajos ni los de ningún otro alumno

La juez imputa a Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes

Pedro Águeda / Marcos Pinheiro

El director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, asegura que no guarda los trabajos del presidente del PP, Pablo Casado, ni de ningún otro alumno porque la ley solo le obliga a conservarlos durante un máximo de dos años.

Así lo afirma la defensa de Álvarez Conde en un escrito entregado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. “El señor Álvarez Conde no conserva ni debe conservar ninguno de tales trabajos de los alumnos en cumplimiento de la propia normativa interna de la URJC, ya que existe obligación de proceder a su destrucción en el plazo máximo de dos años”.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel había solicitado a Álvarez Conde y a su segunda, profesores de Casado, los trabajos de éste después de que la URJC le trasladara formalmente que no los conserva. Casado aprobó cuatro asignaturas con otros tantos trabajos y el resto, hasta las 22 que completaban el máster, le fueron convalidadas. 

Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos están citados a declarar como imputados el próximo 2 de agosto.  

El escrito de la defensa de Álvarez Conde, al que ha tenido acceso eldiario.es, cita el denominado “Reglamento por el que se regula la revisión y la reclamación de la evaluación continua de los estudios de Máster por la URJC”, aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2011. En concreto, su disposició adicional primera, “en la que se señala que las pruebas realizadas por los alumnos deberán ser conservadas hasta la finalización del curso siguiente”, dice el escrito de los abogados. 

Igualmente se refiere al Estatuo del Estudiante Universitario y afirma: “En conclusión, no había ni hay obligación de conservar las pruebas de los alumnos, tal y como ha reconocido expresamente en esta causa la Secretaría General de la URJC, la cual cuando era secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales proporcionaba los medios necesarios para destruir dichas pruebas”.

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