El decreto ley del Gobierno para prohibir los desahucios a personas vulnerables durante el estado de alarma se atasca y difícilmente estará listo para el Consejo de Ministros del próximo martes, según ha podido confirmar elDiario.es. Las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos han encallado por las diferencias que hay sobre si el Estado debe compensar con dinero público, o no, a los grandes propietarios (aquellos que tienen más de 10 viviendas) mientras se resuelven los trámites administrativos y judiciales que definirán si la persona a desahuciar está o no en situación de vulnerabilidad y se encuentra una vivienda alternativa por parte de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas.
Desde la parte socialista del Gobierno reconocen que el decreto no está cerrado y ven “prácticamente imposible” que esté listo para este martes, que es la fecha que había anunciado Iglesias. La discrepancia está en las posibles compensaciones a los propietarios mientras dura la paralización de los desahucios. La posición de los socialistas es que debe llegar a todos mientras que Unidas Podemos quiere limitar esta medida solo a los pequeños propietarios.
Fuentes cercanas a la Vicepresidencia Segunda que dirige Pablo Iglesias aseguran que “tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación de la norma propuesta por Unidas Podemos”. El motivo, señalan las mismas fuentes, es que “los ministerios de Economía y Justicia exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida”.
El departamento que dirige José Luis Ábalos plantea que se dé un margen de tres meses antes de llevar a cabo los lanzamientos de aquellas personas que están ocupando sin contrato inmuebles de grandes tenedores –en el caso de los pequeños propietarios se aplicaría la ley de enjuiciamiento criminal que prevé la salida exprés– para dar margen a los Servicios Sociales a encontrar una alternativa habitacional a esas personas en caso de que determinen que son vulnerables. Fuentes de la parte socialista del Gobierno sostienen que al tratarse de una suerte de “expropiación temporal” de esos inmuebles, se debe compensar a los propietarios durante ese tiempo –que puede ser menor de los tres meses en función de la agilidad de los servicios sociales– con el precio medio de mercado en esa zona para evitar que el texto legislativo fracase en los tribunales. “Como estamos reteniendo el derecho de propiedad durante esos tres meses, se debe compensar al tenedor que no puede hacer uso de la misma”, explican las fuentes consultadas.
Al abrir esa casuística para los casos de ocupaciones, el PSOE plantea que se compense desde el Estado a todos los propietarios afectados por impago del contrato durante el tiempo que esté paralizado el proceso de desahucio (el 9 de mayo que concluye el estado de alarma). El nuevo decreto incluirá no solo a las personas que se han visto afectadas por la COVID-19 sino todas las casuísticas por situación vulnerable. La idea que maneja la parte socialista del Gobierno es que durante ese tiempo se pueda compensar a todos los propietarios cuyos arrendatarios (con contrato) sufran vulnerabilidad declarada por los Servicios Sociales.
La posibilidad de incluir a los grandes tenedores en esas compensaciones cuenta con el rechazo de Unidas Podemos, que denuncia que el PSOE “propone abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios”. Estos grandes propietarios copan buena parte del mercado. Solo en Barcelona, un tercio del parque de viviendas está en sus manos, de tal manera que un 2% de los propietarios poseen el 32% de todo el mercado de alquiler de la capital catalana. “En ese caso no lo vemos porque es un rescate encubierto al sector inmobiliario”, concluyen las mismas fuentes.
La ley catalana de 2015, modificada en noviembre por un decreto, es uno de los ejemplos en los que se basa el Gobierno para la normativa que prepara. La norma establece cómo debe ser la cesión obligatoria de viviendas para alquiler social y dicta que la administración debe pagar por ellas al propietario el 40% del precio de la renta máxima que tendría en caso de ser VPO, informa Arturo Puente.
Desde Unidas Podemos apuntan que la negociadora por su parte, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que gozan de beneficios millonarios por el negocio inmobiliario que generan en España, arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas. “Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación”, zanjan las mismas fuentes.